El 26 de julio pasado el portal El cohete publicó un artículo de Juan Carlos Tealdi en el que se afirma que “el colapso ya llegó” y se realizan sugerencias en tono catastrófico sobre la necesidad de algunas decisiones políticas. Tan atinadas nos resultan que ya las veníamos implementando desde que comenzó la pandemia. Seguramente el autor lo sabe, pero como omitió mencionarlo en su texto, me veo obligado a precisar algunos detalles. 

La política de salud nacional resurgió luego de que la Argentina sufriera una de sus peores crisis financieras y sanitarias. El presidente Alberto Fernández le devolvió al gobierno un Ministerio de Salud y a la Nación una política sanitaria. Así, se normalizó el acceso a vacunas –el gobierno anterior dejó que varios miles de dosis se vencieran, sin distribuirlas– y medicamentos esenciales; se administró una deuda superior a los $10.000 millones de pesos –el presupuesto de un trimestre entero– que nos dejó de “presente griego” la gestión anterior; y se refundó el Consejo Federal de Salud que estaba virtualmente fracturado, sin participación de la mitad de las provincias.

A esta situación se añadió una segunda crisis: la pandemia del COVID-19, la emergencia humanitaria más grande que sufrió el mundo en tiempos de paz. Sin ánimo de discutir sobre el pasado, pero con la voluntad de ser justos con el esfuerzo de todo un país, advierto que para combatir la pandemia el Ministerio se enfrentó con el desafío de “reparar el motor del avión en pleno vuelo y con la tormenta de frente”.

Frente a una crisis sin precedentes, el Estado Nacional hizo una inversión en salud notable por la crisis que hoy atravesamos. Ese incremento perdurará más allá de la pandemia, porque la política sanitaria es una de las herramientas más eficaces del Estado para reducir brechas y construir igualdad y dignidad.

La construcción de redes en salud ha sido una prioridad en la gestión de la pandemia. Se generaron canales de articulación y coordinación extraordinarios. Se impulsaron y fortalecieron múltiples tipos de redes: político-sanitarias (provincias-municipios), de servicios de salud (público-privada-seguridad social), de planificación de recursos humanos, de laboratorios, de investigación científica, de financiamiento y de gestión de la información y el conocimiento.

El Ministerio nacional inspiró la conformación de Centros Operativos de Emergencia Provinciales (COEp) y Centros Coordinadores de Red de Atención. Cada jurisdicción definió su red público-privada con la inclusión de los gobiernos municipales y la integración con servicios socio sanitarios, como las Residencias de Adultos Mayores. El diálogo y la interacción entre los COEp y el Comité Operativo de Emergencia nacional son diarios y sistemáticos. Además, el Ministerio nacional generó consensos técnicos para establecer decenas de protocolos que permiten organizar la identificación de casos sospechosos, el testeo, el aislamiento y la internación.

Se han promovido circuitos de atención telefónica que han evitado el colapso de las guardias y que podrían haber sido fuertes focos de contagio, y se implementó por primera vez en el sistema público el servicio de telesalud a domicilio (Tele-Covid) en todo el país, con el fin de garantizar la continuidad en la atención. Hasta el momento se han puesto en marcha 4.500 consultorios virtuales. Además, se dio impulso a la Ley de Receta Electrónica y Teleasistencia, sancionada el 23 de Julio.

Respecto a los recursos humanos, el Estado Nacional acompaña a las provincias con profesionales de la salud especializados y –con el apoyo de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva (SATI)– se desarrolló una red entre todas las terapias intensivas del país, con más de 400 Hospitales públicos y privados y más de 1.200 profesionales participando. Se implementó además un servicio nacional denominado “Botón Rojo” que funciona como apoyo en tiempo real a especialistas en terapia intensiva disponible las 24 horas.

Se creó asimismo el Plan Nacional de Cuidado de Trabajadores y Trabajadoras de la Salud que, entre otros logros, permitió bajar la tasa de infección muy por debajo de los niveles de otros países. También el Ministerio orientó la colaboración entre provincias con el envío de equipos de profesionales de salud (terapistas, kinesiólogos, clínicos, etc.) a provincias que atraviesan situaciones de mayor exigencia, tales como Chaco y Jujuy.

Los equipos comunitarios de salud han demostrado una gran capacidad de innovación, manteniendo las funciones esenciales de la Atención Primaria de la Salud (APS). Además, se incorporaron miles de trabajadores territoriales en la búsqueda activa, la detección de casos de COVID-19 y el rastreo de contactos estrechos con el Plan DetectAR. Si no brindo números precisos sobre este y otros aspectos es simplemente porque es tal el dinamismo de estas políticas que cualquier dato se queda corto en una o dos semanas.

Se fortaleció también la capacidad de diagnóstico en todo el país con la creación de la Red Federal de Laboratorios que permite optimizar la realización de testeos. Hoy, más de 130 laboratorios públicos y privados procesan muestras en todas las provincias.

Se incorporaron más de 3.500 nuevas camas de UTI adulto en el país, lo que representa un aumento del 41% en cuatro meses. Los 12 hospitales modulares construidos en tiempo récord son un componente fundamental de la ampliación lograda. Esta expansión extraordinaria se realizó principalmente en el sector público. Antes de la pandemia, las camas UTI públicas representaban el 28% del total y hoy son el 42%.

Es curioso que tanta tinta se haya derramado en reclamo de una mayor equidad en salud y, cuando eso ocurre de manera tan contundente, de golpe cueste encontrar articulistas que lo mencionen. Vale destacar además que, el día en que fue publicado el citado artículo en este medio, el porcentaje de ocupación de camas UTI en todo el país era del 55% y que sin la expansión reciente habría superado el 80%.

El Estado nacional concentró la adquisición de respiradores y coordinó su distribución para garantizar que se realice de forma equitativa, tomando en consideración la existencia previa de respiradores y la situación epidemiológica de cada jurisdicción, y no –por ejemplo– la capacidad adquisitiva. Fue además necesario evitar que los respiradores fueran acaparados por compradores particulares. Desde el inicio de la pandemia se adquirieron más de 4.000 respiradores, lo que representa un aumento del 66% sobre la capacidad instalada previamente. El sector público pasó de tener un 35% a un 53% del total de respiradores en el sistema de salud.

Esta expansión está llegando al límite por un obstáculo que costará mucho tiempo superar: la formación de profesionales es algo que lleva varios años y no se puede improvisar en pocos meses. Si bien hemos hecho todo lo que está a nuestro alcance para que no ocurra –si no hicimos más es porque estamos en un país con un sistema federal de gobierno, donde el presupuesto y la atención de la salud son una responsabilidad de las provincias no delegada en el gobierno nacional– es posible que en algún momento el sistema colapse en algunas regiones del país, igual que ocurrió en tantos otros países, incluso los más ricos del mundo. Se están tomando absolutamente todas las medidas de prevención y los planes de contingencia que sugirieron los especialistas y los organismos internacionales para amortiguar el impacto que eso podría generar sobre la salud de las personas. Agregamos además otras decisiones políticas que reducen inequidades preexistentes que habrían podido generar efectos catastróficos. Pero no está de más recordar que, si no se hubieran realizado estas y otras acciones, el eventual colapso habría ocurrido mucho antes y con peores consecuencias.

Para garantizar la atención universal de la población, el Ministerio creó el Fondo Nacional de Equidad en Salud del Programa Sumar que financia la internación en prestadores públicos y privados de 18 millones de personas que no tienen obra social. Los requerimientos clínicos y los precios de los módulos de internación fueron consensuados con la Superintendencia de Servicios de Salud, de manera tal de asegurar las mismas condiciones de calidad y de evitar incentivos perversos que habrían promovido diferencias en la atención de pacientes en función de su cobertura.

La Argentina hoy es mencionada por organismos internacionales como ejemplo de la transparencia en la comunicación de la situación epidemiológica. Diariamente se comparte información de todo el territorio. Eso supuso un enorme esfuerzo de los tres subsistemas por mejorar la calidad de los datos que comparten, que no era precisamente algo en lo que nuestro país se destacara. Además, se implementó el sistema de monitoreo en tiempo real de camas UTI para identificar los establecimientos con mayor saturación y generar canales articulados para la derivación hacia los que tienen posibilidad de garantizar una atención de calidad. Se coordinó con las provincias una solidaridad federal al disponibilizar camas de internación.

Por último, se avanzó en la integración entre subsectores: durante la última semana se celebraron ocho convenios con ministerios de salud provinciales y obras sociales provinciales, con el fin de que todos los habitantes puedan acceder con equidad a servicios de salud de calidad, independientemente del tipo de cobertura con la que cuenten. Estas acciones se enfocan en la cobertura prestacional, el modelo asistencial, los sistemas de información y las estrategias de financiamiento.

Ignoro si estas y otras tantas políticas ya implementadas satisfacen las expectativas del autor del artículo que motivó esta respuesta. Si bien celebro su disposición a realizar propuestas, entiendo que conviene tener en cuenta lo que ya se hizo cuando se hace un aporte sobre lo que falta hacer –que no es poco– si lo que se pretende con una publicación es ayudar a mejorar la realidad, y no convencer a otras y otros de que está todo mal. Lo cierto es que, por la decisión del presidente Alberto Fernández y el Ministro de Salud de la Nación Ginés González García, las medidas se tomaron de manera eficaz y oportuna, y fueron acompañadas por un extraordinario esfuerzo de todos los argentinos y las argentinas. Tal vez esto incomoda a algunas personas que prefieren mantenerse en una posición antagónica, en lugar de sumarse a la grandeza de un pueblo unido que lucha por sobreponerse a una larga serie de adversidades.

La salud nos unió y nos va a ayudar a construir un país más justo.