Los anuncios realizados por la ministra de Economía, Silvina Batakis, buscaron calmar a los mercados, que se habían mostrado particularmente convulsionados desde el momento de la renuncia de Martín Guzmán.

Equilibrio fiscal, cumplimiento del acuerdo con el FMI y tasas por arriba de la inflación fueron algunas de las medidas que, según aseguró, marcarán el rumbo económico de los siguientes meses.

Sin embargo, hubo un anuncio puntual que comenzó a preocupar a los castigados contribuyentes del país: se trata del traslado del Organismo Federal de Valuaciones de Inmuebles (“OFEVI”), cuya Presidente era hasta hace días la misma Batakis (entonces secretaria del Ministerio del Interior), hacia la órbita de la cartera de Economía (ahora a su cargo).

Muchos se preguntarán el porqué de este cambio. La respuesta es simple: la función del OFEVI es definir la valuación fiscal de los inmuebles; valor que luego se utiliza para el cálculo de ciertos impuestos patrimoniales, como el Impuesto sobre los Bienes Personales. Dicho de otra manera, el Gobierno busca incrementar la recaudación de este impuesto nacional a través de un cambio en la manera de determinar el valor de las propiedades.

Recordemos que este organismo fue creado por el anterior gobierno con el ambicioso objetivo de determinar una metodología común -y equitativa- a todas las jurisdicciones, para lograr que las valuaciones fiscales reflejen la realidad del mercado inmobiliario. Este sinceramiento iba a permitir a las provincias incrementar la recaudación por el impuesto inmobiliario pero, como prenda de cambio, se pretendía disminuir la incidencia de aquellos tributos que resultan más distorsivos para la economía, como el Impuesto sobre los Ingresos Brutos, el gravamen “estrella” para las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Todos estos eran loables objetivos plasmados en el -luego malogrado- Consenso Fiscal, firmado en noviembre de 2017, que pretendió concentrar la incidencia de Ingresos Brutos en la etapa minorista. A nivel federal, el sacrificio fiscal vendría con una cuasi eliminación del Impuesto sobre los Bienes Personales.

El cambio de Gobierno no sólo llegó con distintas banderas políticas, sino con reformas concretas que echaron por tierra parte del camino recorrido en materia fiscal. Hubo borrón y cuenta nueva con el citado acuerdo fiscal y, entre otras cuestiones, se les dio vía libre a las jurisdicciones subnacionales para aprobar aumentos en Ingresos Brutos.

A nivel federal, Bienes Personales fue uno de los impuestos que tuvo sus mayores incrementos, además de agravarse por la aplicación -supuestamente extraordinaria- del mal llamado “aporte solidario”.

Ahora, los revalúos como herramienta recaudatoria La llegada de Alberto Fernández al poder, además de significar un aumento de manera récord de la presión impositiva, derivó en la firma de un nuevo acuerdo fiscal entre la Nación y las provincias.

Entre los puntos principales del nuevo Consenso (al que adhirieron todas las jurisdicciones, excepto la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) se mantuvo la necesidad de realizar un revalúo inmobiliario, aunque sin un correlato en la disminución de impuestos distorsivos.

De este modo, con el apoyo provincial y el visto bueno del FMI, volvió a cobrar importancia aquel organismo que, desde el momento de su creación, no había avanzado en ninguna dirección.

Aunque este nuevo Consenso, luego de su firma, también parecía haber quedado en el olvido, se sucedieron algunos hechos que podrían ser tomados como indicios de lo que iba a pasar: es el caso concreto del cambio de criterio de la AFIP al momento de valuar las propiedades de la Ciudad de Buenos Aires.

Para contextualizar: desde 2012 existen dos variables que determinan el impuesto inmobiliario en la Capital, que son la Valuación Fiscal Homogénea (VFH) y la Unidad de Sustentabilidad Contributiva (USC).

Según el Gobierno porteño, la USC es un índice que permite mantener uniformes y homogéneas las valuaciones técnicas (en rigor, aumentar sus propios tributos) sin afectar la base imponible para otros impuestos, entre otros, Bienes Personales.

Es decir que, para determinar el impuesto patrimonial nacional, entonces, debería aplicarse únicamente la VFH. Esta posición no fue compartida por la AFIP durante el anterior gobierno kirchnerista (que pretendía aplicar también la USC) y finalmente fue modificada durante la gestión tributaria de Cambiemos.

Hace tan solo semanas, el fisco nacional emitió un -cuestionable- dictamen en el que -volviendo a su temperamento de 2012- entendió que en la CABA la valuación a tener en cuenta para Bienes Personales es la de la VFH más la USC.

En consecuencia, según la AFIP, los inmuebles porteños valdrían 4 veces más a los efectos de pago del impuesto nacional. Hablamos de una mayor carga tributaria y, además, de un nuevo ataque contra la seguridad jurídica, dado que las modificaciones se produjeron en apenas unos años de diferencia.

Con este nuevo anuncio, todo parece encaminarse hacia una mayor presión tributaria, que comenzó con el incremento de la carga del impuesto patrimonial y que se completará con el incremento en las valuaciones fiscales.

Ésta parece ser una de las pocas respuestas que el Gobierno ofrece ante sus preocupantes desequilibrios fiscales, a pesar de los nefastos resultados de las políticas tributarias adoptadas durante los últimos años y de lo poco que aportan a la recaudación federal los impuestos patrimoniales.

Sin embargo, más allá de las manifestaciones públicas de los gobiernos provinciales sobre esta medida, no resultará fácil la puesta en marcha de un sistema razonable y equitativo de valuaciones inmobiliarias, ya que esto requiere tiempo y mucha voluntad política, pues se trata de aumentar impuestos a sus propios votantes locales. Difícilmente ello ocurra en medio de una crisis política/económica y en la antesala de un año electoral. Por lo tanto, entiendo que la medida anunciada no resulta nada trascendente en este contexto ni tendrá efectos palpables -recaudatorios- en el corto plazo.