El gasoducto, por costos que provocan las demoras en su construcción, genera rigideces. Ya para el 2011 se conocieron los resultados de las primeras exploraciones en Vaca Muerta y se puso en evidencia el potencial de la zona para la producción de petróleo y gas. Con magnitudes como para incidir en el desarrollo del país, es necesario mejorar la infraestructura. En lo particular, es clave transportar el gas desde Neuquén al resto del país y al exterior.

En 2018 se anunció una licitación para la construcción de este gasoducto, pero, por diversos motivos, quedó demorada. Actualmente, se decidió que la tarea sea ejecutada a través de una empresa del Estado. El cambio no permitió iniciar la construcción del gasoducto. En efecto, produjo un cruce político y la intervención de la Justicia.

Todo esto amerita indagar en la importancia de analizar la gestión pública en materia de
desarrollo de infraestructura productiva. Según datos publicados por el Ministerio de Economía, entre los años 2000 y 2021 y en materia financiera, se observa que el gasto público total fue de 21% del PBI en promedio. Dentro de este gasto, la inversión fue de aproximadamente 2% del PBI en promedio. Esto significa que la inversión pública nacional representó 9% del gasto público total.

En pocas palabras, esto pone de manifiesto que la inversión pública contrasta con los déficits de infraestructura del país. Las demoras en el gasoducto dan cuenta de que el problema no es de disponibilidad de recursos sino de capacidad de gestión. Las connotaciones de política interna como la guerra en Ucrania, que aumentó los precios de la energía, ponen en la vidriera al tema. Y refleja un problema general, transversal y estructural.

La persistencia en un elevado gasto público no garantiza resultados y evidencia de ello es que aún no se construyó un gasoducto de importancia estratégica. Pero reducir el déficit fiscal tampoco resuelve el tema. Si no hay capacidad de gestión de hacer la obra en un contexto de alto nivel de gasto, también lo será aplicando ajustes que, en general, implican contraer la inversión pública. En sí, no es solo lograr bajar el déficit fiscal, sino también fortalecer la calidad de la gestión pública.

Para ponerlo en perspectiva, en la última década, la tasa de inversión total (pública y privada) es de 15% del PBI. Si el norte es crecer, se necesita invertir no menos del 25% del PBI durante varios años (y en un contexto más favorable para la inversión privada). Asimismo, estabilidad macroeconómica, impuestos y regulaciones razonables y seguridad jurídica.

Hay que tener en cuenta que la infraestructura pública es esencial para potenciar la inversión privada y es un error estratégico involucrar al Estado como constructor y/o como único inversor. Es práctico y eficiente que el Estado planifique y convoque al sector privado a financiar, ejecutar y operar las obras y servicios de infraestructura y luego regule y controle la calidad en el mantenimiento y la operación.

La manera de recuperar el desarrollo es abordando un ordenamiento integral del Estado
partiendo de cuestionar consensos equivocados. El objetivo no es solo equilibrar las cuentas públicas, sino también mejorar la eficiencia del gerenciamiento público.