La gente no confía en la política
La gente no confía en que la política solucione sus problemas y un dato llamativo y preocupante: crece la imagen positiva de las Fuerzas Armadas y de Seguridad. Menos de la mitad de los que trabajan tienen un empleo en blanco y 8 millones de personas opera en la informalidad total. Entre jubilados, planes sociales y empleo público, el Estado paga todos los meses 22 millones de cheques. Las cuentas públicas no resisten. El ministro Guzmán busca soluciones creativas para la negociación con el FMI.
Los ciudadanos solían depositar su confianza de un futuro mejor en la dirigencia política, ya sea en un partido político o en el carisma de un dirigente y, en menor medida, en los legisladores. Pero las ideas o propuestas habituales en campaña en los ultimos tiempos pasaron a ser o promesas muy difíciles de cumplir como: “pobreza cero” o “volveremos” y ahora “seremos felices”. Hoy la discusión entre partidos pasa más por el reproche de lo que hicieron o no, que por propuestas superadoras.
En este marco, para la sociedad el Congreso es desde hace décadas un lugar poco representativo de sus intereses; es visto mas bien como un “brazo” del Poder Ejecutivo.
Sin embargo, si hay un poder que debería ser valorado por los ciudadanos es el Parlamento, donde están todos representados y es el ámbito en el que se deben elaborar las leyes que permitan salir de la grave situación por la que atraviesa el país y construir un futuro de bienestar.
Lamentablemente, para muchos la próxima votación no tiene más importancia que un mero trámite, en un contexto en el que casi ni se conoce las propuestas de los partidos (si es que las tienen) y menos aún sobre quiénes conforman las listas. Pero las encuestas últimamente están mostrando un problema mayor: la gente no confía en la política y en general en las instituciones.
Y desde ya que no son pocos quienes sienten que el Parlamento no los representa. Un ejemplo: el empresariado ha recibido con críticas la promulgación, el miércoles pasado, de la ley que vuelve a dar vía libre a las provincias para que suban Ingresos Brutos, Sellos y Tasas Municipales, o sea –señalan impuestos regresivos que tienden a desalentar la producción y el empleo. Al margen, esta medida es darle nuevamente rienda a las provincias para que incrementen tributos va en contra del objetivo de bajar el gasto publico.
La falta de la empatía de la política con la gente frente a la pandemia se evidenció, entre otras cuestiones, en que ni siquiera aceptaron rebajarse los sueldos, en el vacunatorio VIP y en imponer duras restricciones para circular, al punto de impedir visitar un familiar internado o acompañarlo en su entierro, restricciones que la política “olvido” acatar.
Recientemente y por una decisión presidencial, sin aviso previo, se dejó sin poder retornar al país a miles de argentinos en el exterior. Más allá de la discusión respecto a si es una medida sanitaria efectiva, -el gobierno dice que sí– lo que la decisión mostró es la falta de planificación y de análisis de las consecuencias que ocasiónó a pasajeros, líneas aéreas y el comercio internacional.
La respuesta del Gobierno ante los reclamos fue contraatacar con críticas o denostando a los que viajan. También cuestionó a los argentinos que optan por irse del país.
El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, dijo que “la Argentina no es ese país de mierda que nos quieren retratar” y el tema fue retomado por su colega en la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco. El funcionario bonaerense sostuvo: “Hay una parte de la oposición política que ni siquiera está empujando una cuestión de odio entre los argentinos, sino que me parece que dio un salto que ni siquiera el fascismo, el nazismo o alguna autocracia europea se animó a hacerlo, que es odiar al país”.
Para un sector del oficialismo, los que se fueron del país son “argentinos pudientes que salen de turismo” vale decir “argentinos que no merecen ser cuidados”. Analistas políticos interpretan estas declaraciones como una decisión del oficialismo de afirmarse en su núcleo más duro de votantes. Claramente expresiones de esta naturaleza contribuyen a agrandar “la grieta”.
En paralelo, en medios empresarios se observa con preocupación lo que consideran falta de autoridad del Gobierno, que es otra forma de no sentirse representados. En este sentido interpretan las declaraciones del ministro de Trabajo, Claudio Moroni, de esta semana, en las que no condenó a los bloqueos que algunos gremios suelen utilizar como una herramienta de reclamo. Los consideró “fenómenos absolutamente aislados. La discusión acerca de los bloqueos es simplemente anecdótica. Lo que hay que mirar es el panorama completo”.
La oposición tampoco hace mucho para acercarse al “ciudadano de a pie”. Lo que más trasciende en los medios son las disputas por obtener cargos electivos, en un contexto en el que brilla la falta de propuestas.
Descreídos
Con estos antecedentes y el telón de fondo de una prolongada decadencia -en los últimos cincuenta años la pobreza se multiplicó por diez-, no extraña que la mayoría de la gente considere que “la política no es la solución de los problemas más acuciantes del espacio público”, según revela una encuesta realizada por Ricardo Rouvier & Asociados. Sólo 5% de los entrevistados confía en los políticos.
La iglesia y el Papa Francisco son las instituciones que más confianza despiertan, y los medios en segundo lugar. Esta calificación guarda relación con lo que sucede en otros lugares del mundo en donde, pandemia mediante, se observa un crecimiento de la religiosidad.
Mientras se observa descreimiento en las instituciones políticas, se registran referencias positivas a las Fuerzas Armadas y la Policía: la encuesta de Rouvier muestra que son las instituciones que ocupan el tercero y cuarto puesto en la confianza de los argentinos. No se trata de un dato menor en un país que sufrió dictaduras militares.
La encuesta de otra consultora, Taquion, también muestro algo similar. Para 66,4% de los consultados los políticos no van a resolver los problemas ni proporcionarles una mejor calidad de vida.
Frente a la pregunta si los jueces y el sistema judicial son justos e imparten justicia para todos los ciudadanos por igual, 91% contestó que no. Esta encuesta fue elaborada antes de conocerse que la Justicia cerró el caso del vacunatorio VIP, mostrando que la dirigencia política está por encima del resto de los argentinos.
Los sindicalistas y los empresarios, también son vistos mayoritariamente como sectores que solo velan por sus propios intereses en desmedro de los demas.
Ante la pregunta ¿Confiás en las fuerzas de seguridad de nuestro país? 41,5% contestó que sí cuando ante la misma pregunta los políticos cosecharon solo un 24% afirmativo frente a un 66,4% que se pronunción por la negativa.
Y, es coherente con que el 70,7% manifiesta preocupación, miedo y desconfianza por el futuro del país y en consecuencia casi un 60% si pudiera, se iría del pais, según muestra el trabajo de Taquion.
Con una dirigencia política que es percibida como incapaz de dar respuesta a las demandas de la gente, se explica el deseo de muchos argentinos que piensan en dejar el país.
No se trata sólo de grandes empresarios, sino de gente con menores recursos como un humilde dueño de una carnicería del interior del país que decidió emigrar a España. Su argumento: “Sé que voy a tener que trabajar mucho, pero acá también siempre trabajé mucho; la diferencia es que por lo menos allá voy a poder mantener lo que logre”.
El problema del empleo
En general, lo que se percibe entre quienes piensan en armar las valijas es “la falta de futuro”. Y desde este punto de vista, uno de los factores que más expulsa es la ausencia de trabajo digno, sobre todo para los más jóvenes.
En una economía que hace diez años que no genera empleo privado, tanto los partidos políticos del oficialismo como de la oposición están de acuerdo en que hay un serio problema en el mercado de trabajo. Distintos e importantes miembros del Gobierno vienen señalando que se ha agotado el esquema de contención de los planes sociales y que es necesaria una salida generando empleo genuino.
Le acaba de poner números el economista Eduardo Levy Yeyati: a fin de 2019, sólo el 19,6% de la población argentina en edad de trabajar tenía empleo formal privado. A fin de 2020, ese número bajó a 18,2%. Su conclusión “ningún programa fiscal es sostenible sin inclusión laboral”.
Un reciente trabajo de la consultora Eco Go permite ver la gravedad de la situación con más detalles. Precisa que, según los datos oficiales, menos de la mitad de los que trabajan tienen un empleo en blanco.
De los 20,5 millones de personas que conforman la población económicamente activa (ocupados y desocupados), no llegan a 9 millones los que tienen un trabajo formal. De estos sólo 5,9 millones tienen un trabajo en blanco en el sector privado, el resto trabaja en el sector público.
El Ministerio de Trabajo calcula que hay alrededor de 3 millones de personas adicionales que tienen algún grado de “formalidad” con regímenes más flexibles( autónomos, monotributistas, empleadas domésticas y monotributistas sociales). El resto, 8 millones de personas opera en la informalidad total.
Para contener el avance de la pobreza y la indigencia, los planes sociales otorgados por la Nación ascienden a más de 9,5 millones de beneficiarios (muchas veces cruzados con los propios trabajadores formales). También hay 9,2 millones de beneficiarios del régimen previsional.
De esta forma, entre jubilados, planes sociales y empleo público, el Estado paga todos los meses 22 millones de cheques.
Para observar cuán desbalanceado está el sistema previsional, debe tenerse en cuenta que con 9 millones de trabajadores activos, se financia a casi 8 millones de beneficios pagados por la Nación. El total de gasto previsional de la Argentina asciende a casi 12% del PIB y representa el 75% de las transferencias al sector privado que a su vez dan cuenta de un tercio del gasto público de la Nación.
De esta forma, mientras el empleo de calidad es cada vez menor, los planes sociales vienen a cubrir parte de la falta de ingresos pero a costa de comprometer las finanzas públicas.
Al mismo tiempo, el aumento en la cantidad de jubilados con relación a la población aportante es insostenible el sistema previsional.
“Se trata de problemas que no encontrarán solución mientras la política no deje de mirarse el ombligo y se ponga de acuerdo para encontrar soluciones de fondo para todos los argentinos”, señalaba a Data Clave un experimentado dirigente.
Creatividad
Precisamente reformas en el plano laboral y previsional son dos temas sobre las que el Fondo Monetario Internacional planteara para conceder un nuevo crédito –Extended Fund Facilities– ante la imposibilidad de la Argentina de hacer frente a los próximos pagos al organismo multilateral.
Entre capital e intereses el país acumula psivos por casi 4.600 millones de dólares en este semestre. El año próximo vencen 19.000 millones de dólares, de los cuales 4.000 deben cancelarse en el primer trimestre.
Es decir, cifras imposibles de afrontar -la reservas netas en poder del Banco Central son inferiores a los 8.000 millones de dólares-.
Pero difícilmente la dirigencia política acepte firmar un acuerdo con el FMI en medio del proceso electoral. Con estas restricciones, el ministro de Economía, Martín Guzmán, ensaya “soluciones creativas”, según se comenta en el Palacio de Hacienda.
El funcionario aprovechará este fin de semana su reunión en Venecia con los países del G 20 para intentar lograr préstamos de Rusia, México y Portugal, por unos 19.000 millones de dólares y de esta manera lograr más tiempo para negociar con el Fondo y en mejores condiciones. En realidad, esta posibilidad viene siendo explorada desde hace semanas, como adelantó Horacio Verbitsky.
Los recursos provendrían de la ampliación de los Derechos Especiales de Giro, es decir el capital del Fondo, que se apresta a aprobar el organismo a fines de agosto y que significará un aumento de 650.000 millones de dólares en la liquidez de los países miembros.
El ministro se siente muy confiado en que lograra un acuerdo con el FMI, asi se lo manifesto tanto al presidente como a Cristina Fernández de Kirchner.
Lo que sí, descartan en las filas del kirchnerismo es que pueda cerrar antes de las elecciones que plantee reformas estructurales (laboral, previsional, impositivas) en medio de la campaña electoral.