La ex primera ministra del Reino Unido, Margaret Thatcher, decía que el problema del socialismo era que, eventualmente, se quedaba sin el dinero de otros. Efectivamente, con un déficit fiscal del 8,5% en 2020; dificultades para contraer nuevos préstamos; y, una demanda del peso en caída que pone freno al incremento del ritmo de emisión monetaria, al populismo actual se le está acabando el dinero. Por ende, vuelven a ponerse en debate viejas políticas, conocidas por la mayoría, como la suba de las retenciones al campo.

Una retención es un derecho de exportación que grava las ventas al exterior para consumo. Según el relato oficialista, el objetivo es desacoplar los precios internos de los internacionales. Es decir, desalentar, a niveles de demanda interna, la oferta de productos al exterior.

Lamentablemente, éste tipo de concepciones falaces no hacen más que perjudicar el desarrollo económico de largo plazo de nuestro país.

En primer lugar, las retenciones no tienen más que un único objetivo: el recaudatorio y no es sorprendente que se vuelva a hablar ahora. Recordemos que hubo una baja temporal y escalonada de las retenciones de octubre a diciembre. La baja temporal comenzó en octubre, llevando a las retenciones a la soja al 30% desde el 33%. Luego, en noviembre, se elevaron al 31,5% y en diciembre al 32%. Se buscaba que los productores vendan 15 millones de grano que tenían en silos y de esa manera se genere un importante ingreso de divisas mayor en el último período para financiar el incremento del déficit fiscal. El gobierno esperaba que el campo liquidara US$5.000 millones en el último trimestre del año, pero el número fue en US$2.000 millones menos.  Obviamente, la respuesta del gobierno fue amenazar con obtener esas divisas “por las malas” sin entender que las propias consecuencias de sus políticas cortoplacistas como el cepo y la brecha cambiaria desincentivaban las ventas al exterior.

En segundo lugar, el sector agroexportador ya es exprimido desde hace años por el Estado. Según la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA), de cada $100 de renta –valor de producción menos costos- que genera una hectárea agrícola, $59,2 es lo que se queda el Estado a través de los distintos impuestos nacionales, provinciales y municipales. Dicha suma asciende a $64,6 en el caso de la soja.

A esto hay que agregarle lo que se queda el Estado a través del cepo que van en la misma dirección. Si por cada dólar que traen, al sector agroexportador le pagan $87 (dólar mayorista); pero si esos mismos dólares los quieren conseguir en el mercado interno van a tener que pagar $150. Pierden US$63 en promedio. Es lógico que no van a tener ningún incentivo a exportar. Asimismo, una brecha cambiaria que llegó al 100% en octubre, incentiva que se sobrefacturen las importaciones para acceder a un dólar a $87 y se subfacturen exportaciones. Todo ello, perjudica la oferta del sector en el corto y mediano plazo.

Por otra parte, la mayor parte de los costos del sector se encuentran dolarizados; en tanto, el restante porcentaje de costos en pesos también se encuentran relacionados con la evolución del dólar. Por ejemplo, según FADA, entre el 59% y el 54% de los costos del sector agroexportador se encuentran dolarizados. Mientras que entre el 43% y 49% a pesar de que se encuentran pesificados están atados al dólar. Por ejemplo, dentro de los costos pesificados está el flete cuyos costos dependen del precio del combustible y este está relacionado al precio del petróleo y del dólar. Es así que parte de los dólares que trae el sector agroexportador y que son requeridos para seguir con la actividad económica, son absorbidos para financiar el exceso de gasto del Estado. En el largo plazo, lo único que genera es una reducción paulatina de la oferta, por ende, mayor escasez y suba de los precios.

Por último, se ha instaurado la idea de que un sector de la economía, como el productor de alimentos, es capaz de generar inflación. Es un error conceptual ya que la inflación no puede ser provocada por un solo sector productivo. En el caso hipotético de que un sector eleve sus precios, ante una cantidad dada de suma dineraria, las personas van a consumir menos de los productos de ese sector o de otro; lo que haría bajar los precios de uno u otro. Por lo tanto, no sería inflación que es el aumento generalizado del nivel de precios o, mejor dicho, la pérdida del poder adquisitivo de la moneda. La inflación es causada por la emisión monetaria para financiar el déficit fiscal, que corroe el poder adquisitivo de la moneda.

Resumiendo, el sector agroexportador es uno de los sectores más afectados en nuestro país. Muchas veces, a falta de datos, se invisibiliza la situación y los desafíos que deben afrontar. Lamentablemente, si vuelven a escoger el camino de las retenciones los únicos perjudicados vamos a ser los argentinos que vamos a tener que acceder a productos más caros y de peor calidad.