Aún sin tener un acuerdo con el FMI, se ha llegado a la meta esperada con el organismo en términos de déficit fiscal. Precisamente, según las últimas cifras del Ministerio de Economía, en noviembre de 2021, el gasto público creció a un ritmo del 76% interanual. Y de esta forma, registró un déficit primario de $134.653 millones (equivalente a 0,3% del PBI). En tal sentido, fueron los ingresos totales los que ascendieron $793.086 millones, subiendo un 69,8% en términos interanuales. Mientras que, por su parte, el gasto primario totalizó $927.740 millones pero, sin considerar las partidas destinadas al Covid, las partidas del gasto aumentaron un 81,2%, respecto a noviembre de 2020.

Así, en los primeros once meses del 2021, el déficit fiscal alcanzó 2,1% del PBI (sin considerar los ingresos extraordinarios de los DEGs) y el déficit financiero (incluyendo intereses de la deuda) fue de 3,7% del PBI. ¿Qué significa esto? Que los números nos llevan a pensar que se puede cerrar el año, como se pretendía desde Hacienda, por debajo de la meta de déficit fijada en el Presupuesto.

En sí, los ingresos totales fueron impulsados por la recaudación impositiva. Esta mejoró un 63,7% interanual, en términos nominales. Focalizando en los ingresos vinculados a la evolución de la actividad económica, como el IVA (+63,7%  interanual) e impuesto a los créditos y débitos (+59,7%), se reflejó un incremento por encima de la inflación (51,2% interanual). Por su parte, el Impuesto a las Ganancias registró un incremento de 49,5% interanual y los derechos de exportación treparon al 83%. En definitiva con el número del déficit de noviembre, los primeros once meses cerraron marcando un déficit fiscal primario de $911.297 millones, equivalente a 2,1% del PBI. Tan solo con el faltante de un mes (diciembre de 2021), el rojo fiscal (primario) está 2,4 puntos porcentuales abajo de la meta establecida en el Presupuesto 2021 (4,5% del PBI). El déficit financiero de los primeros 11 meses del año fue de $1.579.887 millones, equivalente a un 3,7% del PBI.

Durante noviembre de 2021, Jubilaciones y pensiones fue la única partida que siguió perdiendo contra la inflación. Particularmente, este rubro, producto de la suspensión de la ley de movilidad previsional en 2020, los aumentos discrecionales por decreto presidencial y la nueva fórmula jubilatoria, reflejo una caída de 1,3% interanual (en términos reales). En los primeros 11 meses de 2021, la partida de “Jubilaciones y pensiones” cayó 5,7%, respecto al mismo periodo de 2020. El resto (programas sociales, subsidios económicos, salarios públicos, transferencias a las provincias y obra pública) le ganaron a la inflación acumulada en los 12 meses previos. Asimismo, las partidas del “Gasto Covid-19”, en los primeros 11 meses de 2021, por la eliminación del IFE y del ATP, totalizó gastos por $414.813 millones (equivalente al 0,96% del PBI). En el mes de noviembre, las prestaciones sociales (jubilaciones y gasto social), que explican el 55% del gasto operativo total, se incrementaron 2,2% interanual en términos reales. No obstante, en el acumulado de los primeros 11 meses, las prestaciones sociales registraron una caída, en términos reales, de 13%. 

¿Qué paso con el resto de las partidas que le ganaron a la inflación acumulada? Primeramente, “otros programas sociales” (que no incluye a la AUH) registró un incremento interanual de 17,4%, en términos reales. Aunque, en los primeros 11 meses del 2021, esta partida se contrajo un 43%, en términos reales. Cabe mencionar que, en 2020 esta partida, por la pandemia, se multiplicó por 5,5 veces y en 2021 está reduciéndose a la mitad. En otras palabras, de continuar con esta tendencia, se cerrará el año con un aumento de 175%, respecto al año 2019.

Como segundo punto, el gasto en salarios públicos volvió a crecer, en términos reales. Para noviembre pasado, crecieron 73,1% interanual (contra una inflación acumulada de 51,2%). Sin embargo, en los primeros 11 meses del año, los salarios públicos apenas le ganan a la inflación y suben un 2% en términos reales, respecto al mismo período de 2020. Es decir, el gasto salarial corrió durante la mayor parte del año detrás de la inflación. En el caso de los subsidios económicos, treparon al 139,6% en noviembre pasado (en términos nominales) como consecuencia del cuasi-congelamiento tarifario. En especial, los subsidios a la energía saltaron un 200,8%, en noviembre. Vale decir que casi se duplicaron en términos reales y, en los primeros 11 meses del año (energía principalmente y, en menor medida, transporte), ascendieron a $1.220.979 millones. Estamos hablando de un equivalente al 2,8% del PBI. ¿Qué nos permite vislumbrar este punto? Que de sostenerse la tendencia la carga de los subsidios podría llegar a 3,2% del PBI en 2022 (2,5% del PBI correspondería a subsidios a la energía). Pero, en el Presupuesto 2022, se proyecta que los subsidios a la energía pasarían a solo 1,5% del PBI. ¿Qué significa esto? Que el ajuste es prácticamente de 1% del PBI y que parte de ese ahorro fiscal se daría por el aumento y segmentación de tarifas.

Como cuarto punto, los gastos de capital (obra pública, pilar de la recuperación económica y una constante en un año electoral) se dispararon en noviembre 171,1% respecto del mismo mes de 2020, en términos nominales. Consolidando, de esta forma, un incremento de 57% en términos reales (en los primeros 11 meses de 2021). No es nada menor señalar que la comparación es con el piso histórico de 2020 (muy lejos de los niveles de 2015 o 2017, donde también tuvimos elecciones de medio término). Como quinto punto, las “Transferencias a las provincias” subieron 91% interanual en noviembre (en términos nominales). Un equivalente a un incremento del 26,3%, en términos reales. Como último punto, los pagos por intereses de la deuda subieron en noviembre 57,2% interanual, respecto al mismo período de 2020 en términos reales.

¿A qué conclusiones podemos llegar? Es probable que existan ciertos puntos de la negociación con el FMI sobre los que ya se podría haber avanzado y/o acordado, dado que los números fiscales cerraran en 2021 cerca de la meta que se fijó desde el Ministerio de Economía. Posiblemente, esas negociaciones que aún no se dan a conocer públicamente estén en línea con un déficit fiscal primario alrededor del 3% o 3,3% del PBI para este año. Vale decir que si se logra el visto bueno del FMI, para que en el acuerdo se fije para 2022 un déficit fiscal primario de 3,3%, estaríamos ante un FMI gradualista en el plano fiscal. Más allá de este punto, el ajuste real para 2022 pasa por el financiamiento del déficit fiscal (en el presupuesto se había fijado un tope de la emisión para asistir al Tesoro de 1,8% del PBI). Este año la emisión para cubrir el déficit fiscal total (incluyendo intereses de la deuda) rondaría el 4,4% del PBI frente al 7,3% que se llevó el 2020, cuando se dio el máximo impacto de la cuarentena.