“Para que se vayan despejando les anticipo que vamos a salir con algo importante en veinte minutos aproximadamente”, fue el escueto mensaje recibido en los whatsapps de los periodistas que cubren gobierno, apenas transcurridas ocho horas y cincuenta y cinco minutos de este 2023. No fueron pocos los que se despertaron con el anuncio de una decisión difícil para el presidente de la Nación, a través de la página web de la Casa Rosada. 

“He convocado a los señores gobernadores que acompañaron al Estado Nacional en su planteo contra la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para que, en conjunto, impulsemos el juicio político al presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Horacio Rosatti para que se investigue su conducta en el desempeño de sus funciones”, aseguraba Alberto Fernández en un “mensaje dirigido al Pueblo Argentino”.

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El juicio político es el método que establece la Constitución Nacional para remover a las máximas autoridades del país. Está a cargo del Congreso y solo puede alcanzar al presidente, el vicepresidente, el jefe de gabinete de ministros y los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La remoción de cualquiera de los jueces con rango inferior a los miembros del máximo tribunal desde la reforma constitucional de 1994 queda a cargo del Consejo de la Magistratura.

No es un proceso judicial sino sino que tiene carácter político, por lo que sus consecuencias solo tienen efecto en ese terreno. Así lo establece el artículo 60 de la Constitución donde se remarca que “su fallo no tendrá más efecto que destituir al acusado, y aun declararle incapaz de ocupar ningún empleo de honor, de confianza o a sueldo en la Nación”

La denuncia que anunció el presidente, deberá ingresar por la Cámara de Diputados y será tratada por la Comisión de Juicio Político. En caso de considerarlo admisible, es este ámbito institucional el que debe poner en marcha la investigación, tras la cual es necesario un dictamen, que se aprueba por mayoría simple, tanto para aprobar como para rechazar el pedido de juicio político. Pero para que Diputados avance en la acusación, hacen falta los dos tercios de los votos, número que el oficialismo no puede alcanzar, ni con todo el viento a favor de sus aliados circunstanciales.

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A lo largo de la historia argentina, solo dos veces hubo procesos institucionales que destituyeron a los miembros de la cabeza del Poder Judicial, ambos transcurrieron durante gobiernos peronistas: el primero de Juan Domingo Perón, cuando en 1947 se removió a los integrantes del máximo tribunal por su accionar durante “la década infame”; y durante la presidencia de Néstor Kirchner, que impulsó el juicio político de cinco de los nueve jueces de la Corte de “la mayoría automática” que había armado Carlos Menem.

En las citadas circunstancias históricas, Perón y Kirchner contaron con una ventaja esencial que hoy Fernández no tiene: consenso político para avanzar en el enjuiciamiento del poder más intocable que ha tenido la democracia durante las cuatro décadas desde la recuperación producida en 1983.

Estrategia oficialista para sortear el obstáculo opositor

A través de su cuenta de twitter, el titular del bloque de la UCR en la Cámara de Diputados, Mario Negri, confirmó algo que todos saben: que el oficialismo “no tiene los votos” para avanzar con el juicio político contra Rosatti. El jefe parlamentario de Juntos por el Cambio (JxC) calificó la jugada presidencial como “un apriete infame para congraciarse” con su vicepresidenta y “buscar impunidad para CFK”.

En la misma línea se manifestó otro diputado opositor, Alejandro “Topo” Rodríguez, de la bancada de Identidad Bonaerense e integrante de la comisión de Juicio Político. “Argentina inicia el año 2023 con una mala la novedad: el presidente de la Nación intenta remover al presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Así como se han venido acumulando pedidos de juicio político al presidente Alberto Fernández, sin fundamentos sólidos y por pura especulación política, en este caso sucede algo similar”, aseguró.

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Sin embargo el presidente, conciente de que está jugando una partida de póker contra los más experimentados tahúres de la disciplina, disputó su mano luego de buscar el apoyo de los gobernadores, que también bajaron sus cartas sobre el paño. Primero fueron los catorce mandatarios de origen peronista, a través de una solicitada donde esgrimieron sus argumentos para desoir el fallo favorable para la Ciudad de Buenos Aires respecto a la coparticipación. 

Luego se sumaron otros cuatro jefes provinciales -Gustavo Sáenz (Salta), Arabela Carreras (Río Negro), Omar Gutiérrez (Neuquén) y Oscar Herrera Ahuad (Misiones)- los que firmaron una solicitada cuestionando los puntos coparticipables que el gobierno de Mauricio Macri le otorgó al gobierno porteño en 2016.

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"Estamos convencidos de que ninguna jurisdicción, en este caso CABA, debe percibir recursos por encima del costo real de las nuevas responsabilidades que le fueran asignadas; pero también sostenemos firmemente que esos fondos nacionales, al momento de ser retrotraídos deben indefectiblemente ser distribuidos de forma absolutamente federal y equitativa entre todas las jurisdicciones que conformamos la Nación Argentina", sostiene la proclama.

En total, son 18 los gobernadores que se alinearon detrás del reclamo de la Rosada, lo que le otorga a la estrategia oficialista una inusitada fortaleza que no depende de los números que se aglutinan en los bloques parlamentarios, sino que se recuesta sobre la incidencia que tendrán los mandatos populares de cada uno de los legisladores que representan en el Congreso a sus distritos y sus ciudadanos.

En un año electoral, suena aventurado vaticinar el resultado de un partido que todavía no ha terminado y cuyas derivaciones pueden generar aún mucha tela para cortar.

Las consecuencias impredecibles del Chat-gate

A pesar de la dudosa fuente y de la controvertida veracidad, los chats que aparecieron esta semana en las redes sociales donde el ministro de Seguridad y Justicia de la ciudad de Buenos Aires y la mano derecha del titular de la Corte Suprema dejan en evidencia que la independencia de poderes es una entelequia, resultaron tan verosímiles como para poner en jaque el argumento opositor de defensa de la institucionalidad.

En estos supuestos chats (que de poco servirían para probar ante un tribunal cualquier atrocidad anti-republicana pero que sobran para provocar un cimbronazo político sin precedentes) aparecen funcionarios porteños y de la cabeza judicial acordando estrategias para confrontar contra la Nación, dando a entender que la independencia de poderes no parece ser un valor a ultranza para Juntos por el Cambio. Watergate, WikiLeaks y los más recientes Panamá y Pandora Papers, son los antecedentes históricos que demuestran que la ilegalidad en la obtención de las pruebas, no es obstáculo para generar escándalos políticos que promuevan profundas consecuencias institucionales.

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Como si esto fuera poco, las internas tanto en el principal partido opositor, como en el seno de la Corte, hacen suponer que las “filtraciones” pudieron provenir de cualquiera de estos ámbitos. Patricia Bullrich -a punto de perder a su libidinoso hombre de confianza Gerardo Milman- y Horacio Rodríguez Larreta -con uno de sus colaboradores preferidos en la mira- se tiran operaciones por la cabeza, mientras en el cuarto piso de Talcahuano al 500, los cabildeos no son de menor ferocidad.

Ricardo Lorenzetti y Rosatti se detestan, aunque últimamente coincidan en los acuerdos anti-gubernamentales. Son la cabeza visible de un Poder Judicial que tiene pendiente una reforma, tan necesaria como postergada de modo indefinido por la falta de acuerdo político para impulsarla. 

Al igual que los cuadernos del chofer Centeno hicieron con los manejos corruptos en el otorgamiento de la obra pública, los chats del escándalo no hacen más que mostrar de modo obsceno, lo que todos conocen: que los vasos comunicantes entre el Palacio de Justicia y la oposición son mucho más fluídos de lo que la vocación republicana recomienda.