A 19 años de la represión llevada adelante por el gobierno de Fernando de la Rúa, la Cámara de Casación Federal les otorgó a los condenados por las muertes y los heridos del 20 de diciembre de 2001 la posibilidad de llegar con su reclamo a la Corte Suprema de Justicia. 

El ex secretario de Seguridad del gobierno de la Alianza, Enrique Mathov, y el ex jefe de la Policía Federal Rubén Santos fueron dos de los que reclamaron llegar hasta el Máximo Tribunal. Increíblemente, ni su condena ni el monto de la pena que deben cumplir están firmes. En junio, Casación confirmó su responsabilidad pero le ordenó al Tribunal Oral Federal que fijen una nueva pena, algo que todavía no sucedió. Eso no impidió que ambos presenten su recurso para llegar a la Corte, algo a lo que Casación les hizo lugar.

El ex director general de operaciones de la Federal, Norberto Gaudiero (una condena de tres años y seis meses) y el ex superintendente de Seguridad Metropolitana de esa fuerza, Raúl Andreozzi (tres años) también forman parte del grupo que quiere que la Corte anule sus condenas. Además de esto, los jueces rechazaron la posibilidad de la querella (o sea, los representantes y familiares de las víctimas) de llevar su propio reclamo a la máxima instancia judicial.

La causa tuvo miles de vueltas y dilaciones por parte de todos los responsables. Llegó a juicio recién a comienzos de 2014 y hubo sentencia en mayo de 2016. A Mathov le habían fijado cuatro años y nueve meses de prisión mientras que a Santos lo habían condenado a cuatro años.

En el juicio, se estableció que los hechos del 20 de diciembre de 2001 fueron "responsabilidad del accionar policial doloso en algunos casos" y fruto de la imprudencia de "las más altas autoridades policiales y políticas". Se habló del no control de los policías y de cómo la política estaba al tanto de todo lo que sucedía en Plaza de Mayo y alrededores. 

Alberto Márquez, Gastón Riva, Diego Lamagna, Carlos Almirón y Gustavo Benedetto fueron asesinados ese 20 de diciembre y sus casos fueron incluidos en el juicio. Gastón, Diego y Carlos murieron sobre Avenida de Mayo, cerca de las cuatro de la tarde. Nunca se supo quién les disparó. Gustavo murió luego de una balacera tremenda que salió del banco HSBC que estaba en Chacabuco y Avenida de Mayo. Nadie pudo determinar quién fue el autor del tiro que lo mató. Alberto murió sobre la 9 de Julio, cerca de las siete de la tarde, cuando un grupo de policías se bajó de sus autos y disparó contra él y contra varios de los que caminaban por ahí.

Pero el pedido de los condenados de llevar a la Corte la causa (luego de que estuviera cuatro años paralizada en Casación) no fue la única novedad en torno a lo sucedido aquellos días de 2001. En otra de las causas que aún continúan abiertas, el fiscal federal Franco Picardi pidió la elevación a juicio de tres miembros de la Policía Federal Argentina por su participación en la represión de la que fueron víctimas las Madres de Plaza de Mayo.

Las Madres de Plaza de Mayo estaban esa mañana allí como parte de su habitual manifestación de los jueves. Para el fiscal, ese es un dato que debe tenerse en cuenta "porque son un emblema de expresión pacífica y activismo por los derechos humanos, y de lucha frente a cualquier injusticia y reclamo social, tanto de nuestro país como de la escena internacional. Sin embargo, pese al espíritu de protesta pacifista que las caracteriza, fueron brutalmente golpeadas y maltratadas".

La imagen de la Policía Montada maltratando a las Madres recorrió todos los noticieros. Ahora, el Juzgado Federal 11 a cargo ahora de Marcelo Martínez De Giorgi deberá definir cuándo eleva a juicio la causa contra los entonces subcomisario Ernesto Weber; principal Fernando Villegas; y el cabo Luis Rodríguez por el delito de vejaciones.