El "dilema del prisionero" es un problema fundamental de la "teoría de juegos" que muestra que dos personas pueden no cooperar entre sí, incluso si ello va en contra del interés de ambas. Este "problema de suma no nula" fue desarrollado originariamente por dos matemáticos estadounidenses -Merrill Flood y Melvin Dresher- a mediados del siglo pasado y en su versión estándar establece que cada jugador puede escoger traicionar al otro, a pesar de que los dos podrían obtener un resultado mejor si colaborasen entre sí.

Aunque siempre tenga una solución lógica, el dilema es siempre un juego dual. Si los dos participantes juegan lógicamente, el juego es beneficioso para ambos. Si uno engaña y el otro no, el juego se transforma en "descubre al mentiroso" y ambos vuelven a ganar. Estas estrategias de manipulación son muy propias de la actividad política y terminan transformándose en herramientas habituales para la construcción de escenarios donde oficialismo y oposición naufragan en el intento por mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía.

Luego de una larga temporada de comunicación interrumpida, tras la salida de Martín Guzmán del gabinete hace dos semanas, el vínculo entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner comenzó a parecerse más al de un binomio gubernamental que al de dos adversarios internos que se miran mutuamente con recelo y desconfianza.

Alberto, Cristina y el "dilema del prisionero": cómo blindar la unidad del FdT del "fuego amigo"

"Están permanentemente en contacto, hablan todos los días y monitorean la marcha de la gestión como corresponde", contestó la portavoz presidencial Gabriela Cerruti cuando el pasado jueves fue consultada por Data Clave acerca de una supuesta reunión entre presidente y vice ocurrida el miércoles en la residencia de Olivos. Ese mismo día por la mañana, la funcionaria había desconocido ante los acreditados de Casa Rosada la existencia del encuentro. "No me consta que se haya producido", aseguró ante el requerimiento de un colega durante la tradicional conferencia de prensa.

Sin embargo, dos horas después, un tuit desde la cuenta oficial del cuerpo legislativo que encabeza Cristina, no solo confirmaba el encuentro, sino que le incorporaba información, hasta ese momento desconocida. "La Dirección de Comunicación del Senado de la Nación, comunica que en la reunión de ayer mantenida entre el presidente de la Nación, el presidente de la Cámara de Diputados y la presidenta de este Cuerpo no se abordaron ninguno de los temas desarrollados en la falsa noticia", decía el mensaje en la red social del pajarito.

El posteo estaba ilustrado con una imagen de la cabeza noticiosa del portal Infobae donde se aseguraba que en la reunión de Olivos se había acordado la suba del dólar tarjeta anunciada el mismo miércoles por la noche, cruzada por la leyenda FAKE NEWS TOTAL en letras rojas. Y además incorporaba un nuevo "actor" a la novela: Sergio Massa, que no había sido mencionado entre los presentes por el artículo del portal noticioso.

Alberto, Cristina y el "dilema del prisionero": cómo blindar la unidad del FdT del "fuego amigo"

"La quieren dejar pegada a Cristina con una medida que afecta a la clase media porque quieren mostrarla como un cuco, pero la verdad es que nunca se habló de ese tema en el encuentro", confirmó a este cronista una fuente de máxima cercanía con la titular de la cámara Alta. "Habría que preguntarse quién filtró la información con datos erróneos para perjudicarla", completó la fuente.

Desde el entorno presidencial, solo atinaron a responder que la situación los había sorprendido. "No sabemos quien filtra, pero nosotros no fuimos", aseguró un funcionario con acceso directo al principal despacho de Balcarce 50. Una pregunta simple: si no hay nada que ocultar, ¿por qué no emitir un comunicado oficial dando información sobre la reunión para evitar especulaciones que solo perjudican la efectividad de las medidas ante una opinión pública desconcertada?

Segmentar para calibrar la adecuación tarifaria

Los responsables de la mayoría de las fuerzas políticas con representación coinciden en que las tarifas de los servicios públicos deben ser adecuadas a valores más acordes con el costo de la generación de energía. Después de la desprolija y abusiva gestión del macrismo, que incrementó en porcentajes impagables para la mayor parte de la ciudadanía los montos de las facturas de electricidad y gas, el Frente de Todos se comprometió a revisar los cuadros tarifarios para proponer un esquema más acorde a las posibilidades de los usuarios.

Esta semana finalmente se puso en marcha la tan anunciada segmentación de tarifas energéticas. Tal como fue diseñado, el proceso no será rápido: tiene que alcanzar un porcentaje elevado de inscriptos que permita, al menos en una primera etapa, avanzar con los aumentos por provincias; y obtener el aval de los gobernadores para evitar una oleada de amparos que provoque una judicialización.

Fueron los mandatarios provinciales los que advirtieron al gobierno nacional que pifiar en la aplicación de este nuevo cuadro tarifario para el gas y la electricidad puede ser una de las espadas de Damocles que decapiten las posibilidades electorales del oficialismo en 2023, algo que los gobernadores no están dispuestos a avalar. "Si lo hacemos mal, la justicia va a frenar el proceso y esto puede afectar la relación con el Fondo Monetario (FMI) que puso este tema como prioritario a la hora de firmar el acuerdo", sostuvo un funcionario que colabora con uno de los gobernadores peronistas más cercanos a la Rosada.

La idea del subsecretario de Energía Eléctrica Federico Basualdo -uno de los archienemigos de Guzmán que se sintió victorioso con su eyección del gabinete- de avanzar con la georreferenciación, apuntando a los clientes de mayor poder adquisitivo, probablemente termine aplicándose de facto, ante la imposibilidad de avanzar con otras metodologías.

Alberto, Cristina y el "dilema del prisionero": cómo blindar la unidad del FdT del "fuego amigo"

La "pipa de la paz" que fumaron Alberto y Cristina hace dos semanas tendió un manto de "tensa calma" que se extendió también a la Secretaría de Energía. "La idea es reforzar el vínculo con las provincias y agilizar los mecanismos para que la iniciativa se pueda implementar en el corto plazo", aseguró a Data Clave una fuente de Economía.

“Los amparos son inevitables, pero la aplicación de la segmentación dependerá del éxito de la herramienta, es decir de la cantidad de usuarios que se inscriban, porque si solo se anota el diez por ciento de los que se prevé puedan necesitar darle continuidad a su subsidio (unos 15 millones), el proceso habrá fracasado", completó el informante.

El plazo que se calcula para llevar a cabo las inscripciones es de sesenta días. El vencimiento de la primera etapa previsto para fin de mes, ya tiene una prórroga automática preestablecida. En septiembre debería comenzar a regir la segmentación, siempre y cuando el número de inscriptos no esté por debajo del cincuenta por ciento de la nómina de usuarios. En tal caso, estaremos en presencia de un nuevo Waterloo para el gobierno.

Inflación dura de domar

En junio, los precios volvieron a golpear los bolsillos con un aumento promedio del 5,3%. Según el Registro de Expectativas del Mercado (REM) del BCRA, previo a la última corrida, las principales consultoras privadas ya proyectaban un cierre de año con una suba del 79,2 por ciento. Durante el primer semestre de 2021, el Indice de Precios al Consumidor (IPC) del Indec alcanzó un 36,2%, que es lo que el Gobierno esperaba para todo 2022. 

Alberto, Cristina y el "dilema del prisionero": cómo blindar la unidad del FdT del "fuego amigo"

Conciente del fracaso que representa asumir la imposibilidad de contener la inflación, el gobierno insistió con la estrategia de pedir a las fábricas y supermercados que eviten las remarcaciones en las góndolas y que aseguren el abastecimiento. Mientras Batakis anunciaba el paquete de medidas con las que debutaría al frente de Hacienda, ese mismo lunes 11 Scioli se volvió a reunir con el sector fabril alimenticio y con referentes de los rubros de tocador y limpieza, a quienes extendió el pedido de estabilizar los precios y cumplir con el abastecimiento de las góndolas. Luego recibió a los supermercadistas con el mismo objetivo.

La consultora LCG midió en las dos primeras semanas de julio una inflación del 4% en Alimentos y Bebidas y proyectó que, a ese ritmo, el indicador redondeará el 8,2% a fin de mes. Lo que se dice una bienvenida a toda orquesta para la ministra y para su flamante secretario de Comercio Interior, Martín Pollera. Por su parte, el Centro de Economía Política (CEPA) asoció el duro aumento del IPC en junio, una vez más, al impacto de los precios internacionales, pero también advirtió el fuerte componente especulativo de los sectores empresariales.