El camarista federal Alberto Lugones se convirtió por segunda vez en presidente del Consejo de la Magistratura de la Nación. Su gestión, sin embargo, deberá a travesar las dificultades y problemas derivados de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia que ordenó volver a la antigua conformación de 20 miembros.

El cuerpo debe lograr la integración antes del 16 de abril, fecha límite impuesta por el Máximo Tribunal. En caso contrario, los actos dictados por el órgano “serían nulos”, lo que paralizaría y afectaría directamente al servicio de Justicia.

En ese marco, Data Clave conversó con Lugones, quien sostuvo que completar los siete miembros dentro del plazo no será una tarea fácil, pero aseveró: “Vamos hacer todo lo que este en nuestro alcance y hasta un poco más para que el Poder Judicial siga funcionando”.

Data Clave: ¿Cuál será el escenario a partir del día 16 de abril cuando se cumpla el plazo establecido por el Máximo Tribunal?

Alberto Lugones: Vamos a estar en una situación complicada porque no se si se va lograr la integración de los 20 miembros. El plazo dispuesto por la Corte Suprema me parece muy acotado y podría haberse manejado de otra forma. Después del 16 de abril buscaremos la forma para que el Consejo de la Magistratura siga funcionando y que el Poder Judicial también siga funcionando como debe. No podemos permitir que el Poder Judicial o el Consejo de la Magistratura se paralice. El conflicto que se plantea por una decisión tomada por la Corte no puede importar atarnos a nosotros de pies y manos en orden al cumplimiento de lo que prevé la Constitución Nacional.

DC: A modo de ejemplo, ¿Qué podría suceder en concreto?

AL: Depende si se analiza desde un enfoque más amplio o más limitado. Desde un enfoque amplio no se podrían pagar servicios o pagar los sueldos de los integrantes del Poder Judicial. Otros lo entienden más limitado en orden a la aprobación de ternas para enviar al Ejecutivo o la aplicación de sanciones disciplinarias. Nosotros somos consejeros y tenemos la obligación de cumplir con la Constitución Nacional. No puede un fallo de la Corte limitarnos. Si fuéramos al concepto amplio, lo que la Corte hizo fue derogar de cuajo el artículo 114 y 115 la Constitución, pero yo no creo que haya dicho eso.

DC: En su opinión, ¿Cómo ve un futuro Consejo de la Magistratura con la participación del presidente de la Corte?

AL: Tiene sus complicaciones. Hoy el presidente de la Corte tiene mucho poder concentrado y en el caso que el viniera al Consejo de la Magistratura tendríamos por lo menos tres problemas. El primero relativo al artículo 114, ya que nosotros tenemos la función de dictar el presupuesto del Poder Judicial y el presidente administra el presupuesto de la Corte Suprema. Con la reinstalación de la ley derogada se haría cargo de todo esto el presidente de la Corte.
Además, las cuestiones disciplinarias son recurribles a la Corte a los efectos de que evalúe si la decisión del Consejo es correcta o incorrecta. Acá tendríamos otra vez un presidente de la Corte actuando en dos lugares a la vez. Por último, en caso de un juicio político y remoción, el juez tiene la posibilidad de reclamar a la Corte que revise el fallo dictado por el jury. Acá tenemos otra vez un presidente de la Corte interviniendo en el proceso del juicio político y luego interviniendo para determinar si hay un motivo para nulificar lo decidido por el jury. Pareciera no ser sano que esto ocurriera así.

DC: Al asumir habló sobre la situación que atraviesan los funcionarios del Poder Judicial en las investigaciones por narcotráfico, ¿Qué le expresan los jueces?

AL: En Rosario están todos amenazados y en la jurisdicción de San Martín tienen que mudar donde están llevando adelante un juicio. Hay muchos otros casos. Nosotros como Consejo tenemos que garantizar que los jueces puedan resolver con absoluta libertad y, además, garantizar que no van a ser atacados.

DC: También se refirió a la independencia de los jueces

AL: No se puede permitir que un juez sea sancionado o removido por el contenido de su decisión, en tanto esa decisión esté debidamente fundada y basada en derecho. Si algo se debe revisar es a través de las instancias superiores y no del Consejo de la Magistratura.