El lunes 6 de junio, alrededor de las 15:30 horas, arribó a la terminal de cargas del Aeropuerto Internacional de Ezeiza la aeronave Boeing 747 300M, matrícula YV3531, perteneciente a la Compañía aérea EMTRASUR. El vuelo provenía de Venezuela y contaba con 19 tripulantes, de los cuales algunos de ellos eran de nacionalidad venezolana y otros de nacionalidad iraní, de acuerdo a la causa a cargo del juez federal de Lomas de Zamora Federico Villena.

Según los registros de la Dirección Nacional de Migraciones, "no pesaba sobre ninguno de los miembros de la tripulación alerta, restricción o impedimento alguno, por lo que se permitió su ingreso"; mientras que la carga transportada fue controlada y no se encontró "nada extraño, siendo la misma liberada en lo formal".

El Emtrasur había aterrizado primero en Córdoba y luego en Ezeiza. Al día siguiente tenía previsto volver a Maiquetía, pero no despegó. El 8 pidió autorización para ir a Uruguay a cargar combustible ya que no conseguía en la Argentina. Ya en vuelo, el país vecino le negó el aterrizaje, textualmente “por no tener autorizaciones de sobrevuelo para Uruguay”. Volvió a Ezeiza. Fuentes de Shell dicen que la empresa no provee a esas aeronaves porque le crea conflicto con Estados Unidos. YPF tampoco le vende porque Emtrasur no tiene sede en Argentina. Además, la tripulación se encontraba vencida en horas de servicio.

Esta situación generó sospechas y especulaciones. El juez federal Villena pidió retener los pasaportes de los cinco iraníes que viajaban en la aeronave y, además, ordenó un allanamiento anoche en el hotel de la localidad bonaerense de Canning donde se aloja la tripulación.

La tripulación, según fuentes judiciales, mantiene "estatus de libertad ambulatoria con impedimento de salida del país, luego procediendo al secuestro de 18 celulares, 7 notebooks, 5 ipads y documentación, los que fueron remitidos a fin de realizar las pericias".

En las próximas horas, el juez seguirá ordenando medidas de prueba en relación a la compañía que recibió las autopartes, al Departamento del Tesoro de los Estados Unidos e incluso pedidos de informes a la Interpol.

Desde la oposición aseguraron que las autoridades omitieron las alertas de países vecinos. Sin embargo, Agustín Rossi, titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), rechazó las acusaciones y sostuvo que "no había ninguna alerta respecto al avión de los tripulantes que nos permitan aplicar los protocolos".

"Revisamos exhaustivamente la carga que traían y estaba todo bien. El problema estuvo con el avión, ninguna petrolera le quería cargar combustible", dijo Rossi en declaraciones al programa Argenzuela, en Radio 10. 

"Una vez que tuvimos la constatación de que ninguno de los tripulantes tenían un pedido de interpol y la carga estaba correcta, la circulación era correcta", detalló y añadió: "Argentina hizo todo lo que debía hacer respecto al avión".

En igual sentido se pronunció Gabriela Logatto, presidenta de la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA), quien también negó irregularidades y aseveró que el "avión nunca estuvo fuera del radar". "Todo fue legal y monitoreado lo que sucedió con el avión", aclaró.