El juez federal Sebastián Casanello se declaró competente este lunes en la causa en la que se pide la “inconstitucionalidad” del protocolo antipiquetes del Ministerio de Seguridad e instó a su titular, Patricia Bullrich, a que presente “en las próximas 72 horas” un informe que detalle los “fundamentos jurídicos” de su aplicación y “si fueron consultadas” la Secretaría de Derechos Humanos, organizaciones de la sociedad civil u organismos internacionales.

La decisión del juez es respuesta a la acción de “inconstitucionalidad” que prestó la legisladora porteña del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST) Celeste Fierro el 18 de diciembre pasado, cuando aseguró que la iniciativa que prohíbe que sean cortadas calles y rutas durante protestas “amenaza derechos políticos”.

“Líbrese oficio al Ministerio de Seguridad de la Nación, a efectos de que, dentro de las 72 horas, presente el informe circunstanciado previsto en su art. 11, respecto del dictado de la Resolución nro. 943/2023 (protocolo antipiquete)”, detalló el documento firmado por el titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal 7.

En ese informe solicitado, Seguridad deberá indicar “pormenorizadamente el procedimiento que precedió su emisión, informando todos sus antecedentes y remitiendo su hoja de ruta y los dictámenes jurídicos previos realizados”.

“A su vez, deberá informar si fueron consultados otros organismos del Estado, entre ellos el Ministerio de Justicia de la Nación -y su Secretaría de Derechos Humanos-, y si fueron consultadas -formal o informalmente- organizaciones de la sociedad civil y/u organismos internacionales”, agrega la orden judicial.

Casanello pide “precisar los fundamentos jurídicos considerados para adoptar los lineamientos incluidos en el 'Protocolo para el mantenimiento del orden público ante el corte de vías de circulación” y si existió "un examen de adecuación a las normas internacionales de derechos humanos".

“Del mismo modo deberá informar si el dictado de esa resolución fue acompañado y/o precedido del dictado de otros actos administrativos que lo complementen, aclaren y/o modifiquen; en su caso, deberá aportarlos junto con sus antecedentes”, remarca el texto.

Además, el juez solicita a la cartera de Seguridad que informe si desde la puesta en vigencia del protocolo antipiquete “se recibieron denuncias en orden a excesos en el ejercicio de las funciones de las fuerzas policiales y de seguridad federales en cumplimiento de tales lineamientos, haciendo saber qué medidas llevó a cabo en consecuencia”.

Tras conocerse la decisión de Casanello, Fierro expresó en su cuenta de X: “Tras deambular 50 días por ocho juzgados y una cámara, de los fueros electoral, contencioso y penal, por fin un juez acepta nuestra causa contra el protocolo represivo, que iniciamos el 18 de diciembre como 'acción declarativa de inconstitucionalidad'”.

X de Cele Fierro

La legisladora calificó la medida judicial como “un primer paso positivo” y pidió que “cuanto antes” Casanello “suspenda el protocolo y lo declare inconstitucional”.