Bullrich propuso grabar charlas de detenidos: críticas a la iniciativa y la postura de la Corte
La candidata presidencial de Juntos por el Cambio reclamó modificar el Código Penal para habilitar las grabaciones de conversaciones de detenidos con sus abogados. En 2019, el máximo tribunal estableció criterios para la realización de las escuchas telefónicas y incluso puso límites. El cruce de la candidata a vice de Milei.
La candidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, propuso modificar el Código Penal para que puedan grabarse las conversaciones de las personas privadas de la libertad, incluso las que mantengan con sus abogados defensores.
En una entrevista al canal Neura Media, la exministra de seguridad propuso grabar las conversaciones de las personas presas, incluso cuando estén conversando con sus abogados defensores, y aseguró que impulsaría "poner en el Código Penal" esa iniciativa.
"Lo puedo grabar, tenerlo como elemento de prueba. Puedo no escucharlo y tenerlo como un sistema de protección a esa comunicación", añadió Bullrich.
Estas declaraciones fueron criticadas por dirigentes políticos y personas vinculadas al mundo del Derecho. "Imagínate lo que serian los planes de seguridad de una persona que desconoce el ABC del derecho constitucional", sostuvo el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, en su cuenta en la red social X (antes Twitter).
A su vez, la abogada y candidata a diputada por la Ciudad de Buenos Aires de Unión por la Patria, Graciana Peñafort, remarcó que el máximo tribunal en la acordada 17/2019 hizo hincapié en la confidencialidad absoluta de las comunicaciones entre abogado y cliente como parte de la garantía constitucional de la defensa en juicio.
Vale recordar que en 2019 se generó una fuerte polémica cuando trascendió la noticia de que Agencia Federal de Inteligencia (AFI) habría interceptado llamados entre abogados y sus defendidos del penal de Ezeiza. En esa oportunidad, la propia Corte Suprema aclaró que "interceptación y captación solo puede ser dispuesta por orden judicial en el marco de procesos penales en curso”, y destacó que “la obtención furtiva de datos personales o información sensible que no encuentra fundamento en una investigación judicial, la elaboración de registros meramente preventivos, la divulgación, tráfico o comercio de los datos obtenidos en base a una finalidad originariamente lícita, la amenaza o el chantaje derivados de la posesión de datos íntimos que no resultan conducentes para el esclarecimiento de un delito, no solo deben ser prevenidos y castigados por la ley”.
A su vez, la Constitución Nacional garantiza, entre otras cuestiones, la defensa en juicio, el secreto profesional y el debido proceso. “La interceptación de las comunicaciones entre un imputado y su abogado defensor constituye una grave violación a la garantía constitucional de defensa en juicio. Sin la garantía de la defensa en juicio, toda la población ve comprometida la vigencia del estado constitucional de derecho”, añadió la Corte en la acordada 17/2019.
"Barbaridades que se dicen cuando sos burra con ganas. Y lo que desconocés es la Constitución del país que pretendés gobernar", remarcó Peñafort y añadió: “Y no Patricia, NO PODÉS grabar esa charla, porque esta protegida por la constitución y hace al derecho de defensa que es una garantía del Estado constitucional de Derecho. Articulo 18 CN. Y menos aun escucharlo y menos que menos usar como prueba esa charla”.
Además, Gregorio Dalbon, abogado de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner sostuvo que Bullrich "no puede ser más bruta" y señaló que "las conversaciones entre abogados y clientes son secretas". "Vaya a estudiar. Deje de dar lastima. VERGÜENZA TOTAL. Ahí demuestra lo que hicieron en el gobierno de la Alianza", aseveró.
Manuel Garrido, profesor universitario y abogado de Innocence Project Argentina, también aseveró que el periodista Alejandro Fantino -quien realizó la entrevista cuestionada- “tiene más criterio e intuición sobre sus derechos que una persona que quiere ser presidente”.
“Lo que es tenerle urticaria a la Constitución Nacional”, sostuvo por su parte Juan Villanueva, abogado del empresario Lázaro Báez.
Victoria Villarruel, compañera de fórmula de Javier Milei por La Libertad Avanza, se sumó a la discusión y afirmó que la propuesta “es ilegal” y “no se puede hacer”. “Lo que si vamos a hacer es limitar la comunicación y eso significa que NO puede haber celulares en las cárceles. Debe haber teléfono público pero de ninguna forma se puede hacer lo que proponés porque es ilegal”, agregó en sus redes sociales.