“Se ha comprobado que la banda investigada giraba en torno a la actividad judicial por lo que resulta lógico que su jefe sea un juez, o sea quien ostenta el poder de paralizar una investigación en curso o, una vez iniciada, de conceder los beneficios espurios pactados con los sobornadores en los expedientes radicados en el Juzgado a su cargo." El extracto corresponde a parte de la acusación que hoy se le leerá al juez federal y electoral de Mendoza Walter Bento, señalado como el líder de una organización que vinculaba abogados, investigados en procesos penales y hasta la propia familia del magistrado. La premisa en líneas generales consistía en que el magistrado otorgaba una serie de favores o beneficios judiciales a cambio de cuantiosas sumas de dinero, que luego eran insertas en el patrimonio familiar.

Además de Bento, serán juzgadas otras 32 personas, que llegaron al debate acusadas de cohecho activo, lavado de activos, enriquecimiento ilícito, violación de secretos, violación de deberes de funcionario público y falso testimonio. El Tribunal Oral Federal 2 de Mendoza llevará adelante el juicio con una conformación especial: la mayor parte de los jueces se abstuvo de intervenir por la relación que tenían con el principal acusado.

Las juezas Gretel Diamante, Eliana Beatriz Ratta Rivas y María Carolina Pereyra serán las encargadas de juzgar al magistrado federal y ya anticiparon que harán tres audiencias cada 15 días. Se espera un debate largo debido a la complejidad del caso y la cantidad de imputados. Habrá también un equipo especial de fiscales: estará Dante Vega (el que llevó adelante la investigación); la fiscal de juicio María Gloria André y los cotitulares de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), Diego Velasco y Laura Roteta.

Según el requerimiento de elevación a juicio realizado por la fiscalía, se demostró “la existencia de un acuerdo, al menos desde el año 2007, de más de tres personas destinado a la comisión de indeterminada cantidad de delitos con el propósito de obtener dinero y/o bienes a cambio de la obtención de beneficios judiciales ilegítimos en los casos en que intervenía el Juez Bento”. En ese sentido, en la acusación se indicó que esta asociación ilícita liderada por Bento tenía como organizadores a Diego Aliaga (fallecido) y a los abogados Luciano Ortego y Jaime Alba, y como miembros a los abogados Martín Ríos, Matías Aramayo, Luis Francisco Álvarez y Javier Angeletti; al comisario de la Policía de Mendoza José Gabriel Moschetti; y al acusado por narcotráfico Walter Bardinella Donoso.

De acuerdo con este esquema, la fase judicial del accionar de la banda tenía lugar luego de la imputación o detención de la persona, y consistía en el otorgamiento de la libertad o en la morigeración de la medida de coerción en favor del sobornador, medidas que generalmente iban acompañadas por su desvinculación total o parcial del proceso. En esta fase, el soborno consistía en el pago de sumas de dinero variables, generalmente en dólares o bien en la entrega de bienes inmuebles o muebles -particularmente automóviles– como condición previa para que el sobornador obtuviera ese beneficio ilícito.

Se determinó además que la impunidad del hecho se concretaba a través del dictado del sobreseimiento o con una falta de mérito o una recalificación de la situación legal (con una tipificación menos grave), todas medidas adoptadas por el juez Bento en persona o aprovechándose de la buena fe del juez que estuviera subrogando su juzgado en ese momento. Estas decisiones a su vez servían de excusa para aparentar la legalidad de la situación de libertad.

En algunas oportunidades el arreglo se pactaba de común acuerdo entre el sobornador y los organizadores de la banda o sus miembros; en otros casos, los organizadores y miembros se contactaban con familiares de las personas detenidas para sumar presión, a fin de obtener el dinero o los bienes inmuebles o muebles que se requerían a cambio de la decisión espuria, y también la presión se ejercía directamente sobre el detenido, a quien se colocaba en la situación de decidir entre su permanencia en prisión u obtener la libertad a cambio del soborno. En todos los casos, los organizadores o miembros de la banda dejaban en claro que hablaban en nombre del juez Bento y que la decisión final dependía de su voluntad. Nunca invocaron a otro magistrado del fuero federal de Mendoza, fuese de primera o de segunda instancia, indicó la fiscalía en la acusación.

Cabe recordar que la investigación se inició a raíz de los datos surgidos de otra pesquisa que desarrollaba la Fiscalía Federal N°2 de Mendoza, a cargo de Fernando Alcaraz, en la que un imputado por narcotráfico intercambiaba mensajes con su abogado que evidenciaban la existencia de maniobras irregulares para obtener la libertad en causas que tramitaban en el Juzgado Federal N°1 de Mendoza, a cargo de Bento.

El juicio político

A la par del expediente penal, en mayo de este año Bento fue suspendido en sus funciones por el Consejo de la Magistratura, que en el mismo momento votó por promover su proceso de destitución por “mal desempeño” en su cargo.

A partir de ese momento, la situación pasó al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados que tiene 180 días para resolver si lo destituye de su cargo o rechaza la acusación. Esa fecha se cumpliría prácticamente a fin de año pero aún no hubo una confirmación sobre el inicio de este proceso.