El fiscal federal Franco Picardi dio impulso en las últimas horas a la denuncia que presentó esta semana Alberto Fernandez contra Javier Milei, Ramiro Marra y Agustín Romo. De esta forma, los tres quedaron imputados en la causa que se inició por intimidación pública tras sus dichos contra el peso.

El miércoles, el Presidente decidió denunciar a los tres tras varias jornadas complicadas con respecto a la suba del precio del dólar y las explosivas declaraciones del candidato presidencial de La Libertad Avanza. 

“Jamás en pesos, jamás en pesos. El peso es la moneda que emite el político argentino, por ende no puede valer ni excremento, porque esas basuras no sirven ni para abono”, dijo Milei y afirmó que había que retirar los plazos fijos en moneda nacional. 

A esas declaraciones se sumaron luego Marra y Romo, candidatos a Jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires y diputado provincial respectivamente del mismo espacio que encabeza Milei.

“Afrenta severa al sistema democrático que nos rige como país, redundando entonces en una gravedad institucional inusitada para la República”, sostuvo Fernández en su presentación. La intimidación pública tiene una pena que va de un año a seis años de prisión.

Tras esto, la jueza María Romilda Servini giró a la fiscalía la denuncia, como es habitual. En ese contexto, el fiscal Picardi decidió impulsar la investigación e imputó a los tres señalados en la causa penal.

“Como diligencias de interés para esta etapa primigenia del proceso, y sin perjuicio de toda aquella que la Señora Jueza considere pertinentes, este Ministerio Público habrá de solicitar que se obtengan e incorporen al legajo digital las declaraciones sindicadas en la denuncia”, se sostiene en el escrito donde también le requirió a la jueza otro grupo de medidas.

Ayer, Milei se había presentado en el expediente y había requerido su sobreseimiento. “Profirió sus afirmaciones en ejercicio de la más básica libertad de expresión, y sin ninguna intencionalidad ni política ni electoral, pues, en esencia, es lo que viene afirmando desde sus primeras apariciones públicas, aun de haberlo hecho con alguna intencionalidad, el sentido común indica que la única posible es la de favorecer su caudal de votos, y tal intencionalidad impide tener por configurados los delitos denunciados”, dijeron los abogados del libertario.