Luego de 15 horas de debate, el oficialismo logró aprobar el texto del proyecto de Presupuesto 2023 en general, mientras que la Cámara continúa debatiendo la votación de los artículos en particular, ya que aún no cuenta con la mayoría necesaria para avanzar con el cobro de Ganancias al Poder Judicial y la extensión de las facultades delegadas para imponer retenciones a las exportaciones, entre otras decenas de puntos.

El Frente de Todos pudo cerrar el debate interno con una ampliación presupuestaria para áreas sensibles como desarrollo social y educación. Los diputados del Frente Patria Grande y el kirchnerismo pidieron aumentos en las becas Progresar y en el Fondo de Incentivo Docente que llevó un recorte total de casi el 15% a una partida ampliada superior al 6% según versiones difundidas por el propio oficialismo.

“El dictamen final del Presupuesto incorporó $94.866 millones en Educación que los medios decidieron ignorar. Con esta modificación la inversión no sólo no cae sino que crece en términos reales (con el dato de 2022 del informe, crece un 6%)”, dijo el diputado Itai Hagman en su redes para justificar la partida.

En el caso de la oposición aparecieron primeras diferencias a primera hora del dia luego de un debate en comisión marcada por la cordialidad y el poco clima de confrontación. La duda en Juntos por el Cambio estaba depositada en el PRO. El bloque amarillo confirmó que va a abstenerse en la votación general. Es una forma de colaborar en la aprobación pero marcar diferencias sobre el articulado. El bloque de la UCR podría tomar el mismo camino aunque internamente algunos sectores empujan para que se defina por la afirmativa. 

El resto del interbloque se dividirá. La Coalición Cívica voará en contra y el bloque Evolución Radical será el espacio que pueda aportar una buena cantidad de votos positivos al oficialismo.

Desde el Interbloque Federal, rechazan el artículo que faculta al gobierno nacional la posibilidad de disponer cambios en las retenciones al agro y es una incógnita su postura en el recinto. La izquierda y los cuatro diputados "libertarios", votarán en contra en general el proyecto.

En este panorama, desde el Frente de Todos aseguran que tienen cerrada la aprobación en general y especulan con un número de votos positivos cercanos a los 160. Luego en la votación en particular, aparecen debates abiertos y con panorama incierto.

Ganancias judiciales y retenciones

Una petición de último momento en la comisión de Presupuesto y Hacienda incorporó un debate que promete ser central en el recinto: el pedido para que los jueces paguen impuesto a las ganancias. Incluye a jueces, abogados, fiscales y jubilados del poder judicial. "El costo fiscal de la exención de Ganancias a Jueces es de $237.850 millones para 2023. A esta altura, eso es un privilegio inaceptable en la sociedad argentina. Todos tenemos que ser IGUALES ante la Ley", dijo el diputado oficialista Marcelo Casaretto, autor de la iniciativa incluida en el artículo 100 del dictamen de mayoría.

Una gran parte del interbloque JxC considera que el no pago de ganancias es un privilegio de un sector judicial que debe discutirse pero entienden que no es en el marco del Presupuesto. Fuentes parlamentarias aseguraron a Data Clave que toda la bancada va a rechazar el artículo 100 en la votación en particular. Bloques Federales y hasta la izquierda apuntan en el mismo sentido. El FdT no tendría los votos y se arriesga a una derrota que deje fuera del proyecto el artículo.

Casi en un mismo escalón aparece el artículo 95 que busca delegar la facultad al Ejecutivo para modificar el esquema de retenciones al agro. Los mismos bloques de JxC y Federal se oponen. “El artículo 95 y el 100 no estarán en el Presupuesto”, dijo en los pasillos del Congreso un diputado de estos espacios. “Tienen el compromiso del ministro de Economía y el secretario de Agricultura que las retenciones no van a subir y sin embargo no quieren votarlo, ya es una cuestión política”, retrucan desde el oficialismo.

Entre los destacados del Presupuesto, y por pedido de la oposición, se agregó una cláusula gatillo para que exista una ampliación de presupuesto en caso de agotar recursos producto de la estimación de inflación. Si al 31 de agosto, la proyección marcará que el 60% anual no se cumplirá, el Ejecutivo estará obligado a enviar una ampliación de presupuesto con nuevas asignaciones.

Por último, el otro gran tema fue el subsidio al transporte del Interior, que arrancó en un fondo total de casi $60 mil millones y terminó en un piso de $85 mil millones.