Desde que comenzó la pandemia el gobierno argentino decidió asistir con distintos programas a los sectores más golpeados durante la cuarentena. Apostó a ciertos equilibrios sociales en un contexto económico que a muchos hizo recordar a la crisis 2001-2002. En estos días, las nuevas prórrogas al congelamiento de alquileres, de la prohibición de desalojos por falta de pagos y de las cuotas de créditos UVA -entre otras- dan la sensación de que lo que era circunstancial o excepcional pasó a ser imprescindible. Mientras tanto, los indicadores fundamentales no muestran signos de mejoría.

Las medidas se extienden y vuelven a extenderse y el país parece haber entrado en un loop: el gobierno interviene para amortiguar el impacto en los sectores más vulnerables y en las clases medias, pero no parece haber un rumbo claro sobre los límites de la asistencia estatal. Lo urgente parece ir ganando la carrera sobre lo importante. Y aunque el Gobierno sostiene que hay síntomas de reactivación, diez recientes decisiones del poder ejecutivo revelan ciertas contradicciones en el diagnóstico.

El Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) está vigente desde marzo, comenzó a pagarse a fines de abril y alcanza a unos 8 millones de personas. A través de ese subsidio, el Gobierno asistió a familias con “prestaciones monetarias de carácter excepcional” destinadas a compensar la pérdida o disminución de ingresos de personas afectadas por la situación de emergencia sanitaria. Hubo IFE 2, IFE 3 y ya se está delineando un IFE 4 a pagarse en octubre y noviembre que sería el último, según informaron las autoridades. Pero el efecto fue solo paliativo: según estimaciones de la UCA, entre marzo y mayo hubo 4 millones de nuevos pobres y en el segundo semestre de 2020 la pobreza alcanzará el 44,7% y la indigencia, el 10,3%.

El programa de Asistencia al Trabajo y a la Producción (ATP) fue pensado para asistir a las empresas y a los trabajadores en el pago de salarios, créditos a tasa cero y créditos a tasa subsidiada, entre otros puntos. Comenzó en abril y debido a la crisis, también se extendió. Hubo ATP 2, ATP 3, ATP 4, ATP 5 y ATP 6: la última prórroga fue el 23 de septiembre. Sin embargo, los recursos estatales no bastaron para contener una abrupta caída reflejada en estadísticas de distintas entidades: según CAME, al 24 de septiembre cerraron 60 mil PYMES, según la CAC, al 29 de junio habían cerrado 40 mil comercios y según Luis Barrionuevo, hasta junio había al menos 20 mil locales gastronómicos que bajaron sus persianas.

El decreto de prohibición de despidos se publicó en el Boletín Oficial el 31 de marzo, poco después del inicio de la cuarentena y en la antesala de una crisis que se profundizaría. Inicialmente, con consenso de sindicatos y empresas, fue por 60 días, luego por otros 60 y así llegó a septiembre, fecha de la cuarta prórroga: el 24 de este mes anunciaron que la medida se extendería dos meses más, pese a las resistencias del empresariado. Los datos oficiales marcan el contraste entre decisiones y resultados: según INDEC, entre abril y junio se perdieron 72 mil puestos de trabajo. En tanto, según la UCA, en el primer semestre del año hubo 950 mil nuevos desocupados (300 mil formales y 650 mil informales).  

En las últimas horas el Gobierno extendió por decreto el congelamiento de los alquileres y la suspensión de desalojos por falta de pago. La prórroga irá hasta el 31 de enero de 2021. En marzo se había establecido que la medida sería por seis meses y pese al descontento de inmobiliarias y propietarios, estará prohibido actualizar los precios por, al menos, cuatro meses más. Pese a esto, el 37,8% de los 3,5 millones de inquilinos que viven en casas o departamentos alquilados no podrá pagar la renta de septiembre, según un relevamiento de la Federación de Inquilinos Nacional.

También ayer se oficializó el congelamiento de las cuotas de créditos UVA, vigente desde marzo y estirada al 31 de enero. Pero el árbol no tapa el bosque: el analista económico Federico González Rouco estima que cuando se descongele, el atraso en las cuotas UVA será del 40% y en los 18 meses siguientes, podrían aumentar un 163%.

El congelamiento de tarifas de luz y gas se oficializó el 17 de febrero e inicialmente fue una medida por 180 días, en el marco de la Ley de Solidaridad Social y Reactivación productiva que impulsó el Gobierno en los primeros meses de gestión. En junio, se prorrogó la medida por 180 días más hasta fin de año. Además, desde el 25 de marzo, se prohibió el corte de servicios por falta de pago durante 180 días y la medida también fue extendida antes de que venciera y por tres meses más.  

Además, también por decreto, se estableció que la telefonía, internet y TV paga pasarían a ser servicios públicos, con prohibición de aumentos en las tarifas hasta fin de año y con futuras actualizaciones consensuadas con el Gobierno; medidas que generaron rechazo en la industria de las telecomunicaciones. Pese a la fuerte intervención, la inflación siguió creciendo: 3,3% en marzo, 1,5% en abril, 1,5% en mayo, 2,2% en junio, 1,9% en julio, 2,7% en agosto y según consultoras, en septiembre estaría entre 2,5% y 3%, aunque deberá considerarse el impacto del supercepo.

Las restricciones cambiarias fueron medidas arrastradas desde el Gobierno anterior que se reforzaron en este, pese a las reiteradas críticas del presidente Alberto Fernández. Vigente desde septiembre de 2019, el cepo se endureció el 15 del mismo mes de este año a partir de disposiciones del Banco Central que apuntan a recortar la posibilidad de compra de dólar ahorro a través de distintos mecanismos. Sin embargo, la caída en las reservas desde las nuevas restricciones fue de unos us$200 millones y la brecha cambiaria creció por la subida del precio del dólar blue.

Todo esto se da en el marco de la décima prórroga de medidas de aislamiento en todo el país a más de seis meses de la primera cuarentena, decretada el 20 de marzo. Todavía hay sectores que no volvieron nunca a la actividad. La última extensión se anunció el 18 de septiembre y el período se extiende hasta el 11 de octubre. Pero las estadísticas no muestran mejorías: los casos de covid-19 no bajan (ya son casi 700 mil), el virus se expande por el interior del país y se endurecen límites provinciales. En las últimas horas, el gobierno bonaerense informó 3.523 muertes más en su territorio y dio un fuerte salto en las cifras nacionales y en la tasa de letalidad.

La asistencia estatal es una de las pocas respuestas a los dilemas de siempre, agravados por la situación sanitaria y el impacto económico, pero los parches no están resolviendo las cuestiones de fondo. La dinámica de los problemas estructurales en el país parece vagar entre una Argentina postergada y una Argentina que posterga.