“¿Alguien le preguntó alguna vez a un diputado o senador sobre qué parte del salario pagan Ganancias? Porque no es sobre todo su sueldo, eh”. El que agitaba el mensaje es un juez nacional, indignado tras lo que considera “otra provocación” más del Poder Ejecutivo. El comentario hace referencia a la ley 24686 que excluye a los legisladores nacionales del régimen del impuesto a las Ganancias y le da la facultad a los titulares del Senado y de Diputados de fijar sobre qué ítems de la remuneración se aplica.

Desde el momento en que el oficialismo impulsó, dentro del Presupuesto 2023, la voluntad de que todos los integrantes del sistema judicial paguen Ganancias, las estrategias y los comentarios comenzaron a circular. Fue así que se gestó la reunión en la Corte Suprema y también el pedido de reunión con Cristina Fernández de Kirchner, que se concretará el próximo miércoles 26.

Unidad. Es el mensaje que se llevaron los jueces desde el cuarto piso del Palacio de Tribunales. Si bien hubo diálogos todo el fin de semana, la foto del encuentro del lunes cristaliza la postura del Máximo Tribunal ante el conflicto por Ganancias. Además del presidente de la Asociación de Magistrados, Marcelo Gallo Tagle, en la Corte estuvieron los representantes de las distintas listas: Mariano Llorens por la Bordó; Paula Castro de la Celeste y Juan Manuel Culotta de Compromiso Judicial. También estuvo presente una de las magistradas jubiladas, Nora Cabrera de Monella, en representación directa de ese conglomerado. El detalle a destacar es que Llorens, por haber llegado a la Cámara Federal en 2018, es uno de los jueces que pagan el impuesto.

Dentro de Tribunales hay varios cuestionamientos: el primero es la falta de consulta y convocatoria, algo que repitieron en el Congreso el lunes por la tarde. “Avanzar de esta manera tan precipitada, sin opciones de diálogo y saltando una cláusula constitucional nos pone en una situación muy frágil y de mucha inseguridad”, dijo Gallo Tagle. Hizo referencia al artículo 110 de la Constitución Nacional que habla de la intangibilidad de los salarios.

Otro de los puntos cuestionados fueron los números que se esgrimieron para justificar el avance. De acuerdo a los números que se manejan en el Consejo de la Magistratura, hay 188 magistrados de la Justicia Federal y Nacional que están pagando Ganancias, lo que representa alrededor del 25% del total. Si se cubren todas las vacantes actuales, habrá alrededor de un 45% de los magistrados alcanzados por el tributo, lo que evidenciaría lo progresiva que es la ley aprobada en 2016 y que dispuso que jueces, funcionarios y empleados que entren post 2017 a Tribunales deban pagar.

De acuerdo a los números que manejan los magistrados, en agosto, el Poder Judicial depositó en la AFIP 37 millones de pesos en concepto de retención de Ganancias, 26 de los cuales correspondían al descuento realizado a los jueces. Además, sostienen que el cálculo de cuanto recibiría el fisco por Ganancias está “inflado” y muy lejos de lo que se dijo: proyectada a 2023, la cuenta tribunalicia les da unos 11.500.000.000 y no a los 237 mil millones de pesos que dijo el oficialismo.

Dentro de los reclamos está el recuerdo de la única victoria que tuvo el oficialismo en el plano judicial: el aumento de los aportes jubilatorios (que están en un 18% de descuento, uno de los porcentajes más altos).

Si finalmente la iniciativa se aprueba, vendrá la etapa de judicialización. Primero, por ser una modificación impositiva compleja a través de una ley que tiene vigencia únicamente por 2023. Segundo, por la afectación a la remuneración. Tercero, por la diferencia entre Legislativo y Judicial: “¿no sería desigual ante la ley que los legisladores elijan sobre qué ítems pagar y al Judicial pretendan hacerle pagar por todo?”, se preguntaba un fiscal.

Desde el kirchnerismo, abiertamente enfrentados con el sistema judicial, “chicanean” con las posturas de Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz al respecto por haberse pronunciado a favor de Ganancias. En Tribunales apuntan que eso fue antes de la sanción de 2016 sobre el pago, cuando no existía ningún panorama regulatorio. El contexto siempre importa.