Incertidumbre en los medios públicos: sin nombramientos y con directores de vacaciones
La definición sobre la empresa estatal de la Televisión Pública y Radio Nacional se estira desde la asunción de Javier Milei. El director designado por el PRO hizo un alto en sus funciones en medio de una purga amplia de periodistas.
Sin Rosario Lufrano en funciones en Radio y Televisión Argentina S.E., todavía no asumió ninguna nueva gestión y los medios públicos quedaron a la deriva. También el resto de los funcionarios de la empresa estatal dejaron vacante sus lugares puesto que renunciaron todos los representantes del oficialismo anterior. La empresa en este momento está acéfala.
En el directorio, sin los representantes del gobierno saliente, quedan un director radical, un director del PRO y dos del Consejo Federal de Comunicación. El síndico le comunicó a esa mesa de cuatro que la empresa no podía quedar sin firma para seguir funcionando y entre otras cosas, pagar los sueldos de los empleados. Se designó al director del radicalismo, Javier Monte, como vicepresidente y en ejercicio de la presidencia hasta tanto Javier Milei cubra con un nuevo designado.
Según fuentes de los medios públicos, el radical no es un hombre cercano a la idea de “cerrar los canales estatales” y solo cumple un “rol operativo” para que haya firma. Más bien, quiere sostenerlos y no está ahí para “pasar la motosierra”.
En el opuesto, Cristian Larsen, el director del PRO se acerca a las ideas libertarias. “Ganó el cambio, comienza una nueva etapa en la Argentina”, festejó Larsen el 19 de diciembre junto con el Presidente y Karina Milei en sus redes sociales.
Mientras la empresa estatal naufraga en la acefalia y en la falta de definiciones sobre su futuro, el representante del partido amarillo es uno de los ausentes en la mesa del directorio. Se toma vacaciones en las playas de Mar del Plata.
Larsen tiene historial detallado por la Oficina Anticorrupción cuando desempeñó funciones como como Auditor Interno de RTA S.E, por “una activa intervención en diferentes asuntos de la gestión de dicha empresa estatal, sobre los cuales no poseía atribuciones de gestión sino de control interno, por lo que hipotéticamente habría quedado en posición de tener que controlar su propia actuación”.
Según la OA, esta situación “implicaría una violación al artículo 102 de la Ley 24.156 de Administración Financiera y Sistemas de Control del Sector Público Nacional”. Y además, el organismo señaló que “algunos de los actos podrían configurar los tipos penales de incumplimiento de deberes de funcionario público, tráfico de influencias y/o negociaciones incompatibles”.
En la resolución del año 2023, la OA hizo saber que Larsen, infringió el artículo 46 del Código de Ética para la Función Pública por haber patrocinado a una empresa “en un reclamo prejudicial contra RTA entre el 10 y el 20 de marzo de 2020, “antes de que transcurriera un año de su cese en el cargo de Auditor Interno de dicha empresa estatal”, ocurrido en enero de 2020.