El referente del PRO y ministro de Gobierno porteño, Jorge Macri, busca instalar nuevamente el debate sobre la extranjerización de la delincuencia, a raíz de un caso de detención por parte de la Policía de la Ciudad de dos delincuentes de nacionalidad chilena. 

"La policía de @gcba detuvo hoy a dos ciudadanos chilenos que cometieron varios robos. Deberíamos deportarlos pero no se puede, porque el Presidente derogó el decreto del 2017 que restringía el ingreso de delincuentes extranjeros y permitía su deportación"; publicó el funcionario en su cuenta de Twitter. 

Tweet de Jorge Macri

El funcionario de la ciudad de Buenos Aires reavivó así la vieja polémica instalada durante el gobierno de Mauricio Macri que, a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia, modificó la Ley 25.871 de Migraciones y habilitó la deportación exprés de extranjeros sometidos a cualquier tipo de proceso penal, condenados o no. 

El gobierno de Alberto Fernández anuló esta decisión en marzo de 2021 y actualmente rige la deportación de migrantes residentes a partir de delitos graves con pena mayor a cinco años, según el Código Penal de la Nación, y para los no residentes los delitos con una pena superior a tres años. Es decir, la posibilidad de deportar extranjeros que delinquen siempre existió y existe. 

Las definiciones de Macri responden a uno de los slogans utilizados por Cambiemos cuando fue gobierno y que se pretende reflotar de cara al 2023, año electoral. 

Desde la Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes (CAREF) sostienen que comenzó a hacerse foco en las personas migrantes por "los crecientes flujos migratorios han llevado a quelas personas migrantes sean objeto de especial atención en los diversos Estados que las reciben, entre los que se incluye Argentina. En los mejores (pero infrecuentes) supuestos, esto se traduce en medidas de acción positiva sensibles a las vulnerabilidades que suelen estar asociadas a los procesos migratorios".

"En los peores, se expresa en forma contraria: mediante una mayor estigmatización, persecución e incluso criminalización, tal como ha sucedido en nuestro país recientemente", agrega el informe publicado por la organización. 

Los números oficiales del Poder Judicial muestran que actualmente están detenidas 95.000 personas en todo el país (según el último informe de ejecución de la pena) y, del total, solo 6.200 son extranjeros. Es decir, los migrantes solo representan el 6% de toda la población carcelaria. 

En la mayoría son ciudadanos de países latinoamericanos: 708 personas provienen de Perú, 700 de Paraguay, 614 de Bolivia, 152 de Colombia, 132 de Uruguay, 106 de Chile, 32 de Brasil y 10 de Ecuador. También hay 25 personas de China, 18 de España, 9 de Italia, 2 de Sudáfrica y 6 de Nigeria.