Sin demasiadas sorpresas, los integrantes del mundo judicial recibieron el discurso de Alberto Fernández como “más de lo mismo”. Las críticas al sistema judicial habían sido parte del primer acto de apertura de sesiones ordinarias y se replicaron en más de una oportunidad durante todo el año que pasó. 

Los federales fueron lo más críticos contra Alberto: “No tiene el mínimo sentido de la realidad”, dijo un integrante del fuero más apuntado por el gobierno nacional. Tampoco le dejaron pasar el comentario sobre el fiscal Carlos Stornelli, al que no nombró pero hizo referencia a su procesamiento. “¿Habla de Stornelli procesado al lado de Cristina, que no solo está procesada sino que además llegó a juicio?”, ironizó un juez de tribunal oral federal en un grupo con colegas que no son justamente “fans” del fiscal de instrucción, que está procesado por el delito de “producción de inteligencia ilegal sobre personas, sea por sus acciones privadas o por la actividad lícita que desarrollen en cualquier esfera de acción en calidad de instigador”.

En los despachos cercanos a Plaza Lavalle tampoco cayó bien la exposición del Presidente: “Siempre somos el chivo expiatorio de todos los errores, nunca hay una propuesta real para modificar lo que funciona mal”, le dijo a Data Clave una jueza integrante de la Asociación de Magistrados del Poder Judicial. La molestia se extendió, además, por una inexactitud que tuvo el discurso: el pago del impuesto a las Ganancias. Si bien todavía hay mucha gente que no lo paga, todas aquellas personas que ingresaron al sistema judicial después de enero de 2017 deben pagar el tributo. 

“¿Ya habrá llamado Elena a su amiga después de los dichos del presidente?”, se preguntaba un fiscal federal, en referencia al vínculo que tienen la ministra de Justicia Marcela Losardo y la única integrante mujer de la Corte Suprema, Elena Highton de Nolasco. Alberto fue duro contra los jueces que se quedaron en sus cargos después de cumplir los 75 años y la jueza es una de esas excepciones: consiguió durante el macrismo un fallo judicial que le aseguró su puesto y que quedó firme porque el gobierno de Cambiemos jamás apeló.

No es la primera vez que desde el Ejecutivo le dirigen un dardo a Highton de Nolasco, justo a la jueza que presentó como de “su riñón” a Losardo en una cena de la Asociación de Magistrados, cuando la pandemia todavía no estaba en los planes de nadie. El vínculo entre Gobierno y Corte, se sabe, es frío: la mayoría de las veces la Rosada se enteró de los fallos del cuarto piso de Tribunales cuando ya estaban cocinados y otras tantas, publicados. 

En el palacio, todo es silencio: cualquier respuesta puede ser usada en su contra. Aquellos que conocen el funcionamiento de la Corte resaltan que todos los anuncios, todos los proyectos, son de posible judicialización. Es decir, que pueden terminar en las manos de aquellos que ahora son criticados, como terminó por ejemplo la fallida reforma judicial que intentó Cristina Fernández de Kirchner en 2013.

Las últimas semanas estuvieron marcadas también por el conflicto por las intimaciones de ANSES por las jubilaciones, un reclamo que se judicializará. Mientras tanto, las tres listas que hay dentro de la Asociación de Magistrados, el lugar que agrupa a gran parte de jueces, fiscales, funcionarios y defensores preparan para las próximas horas un comunicado donde contestarán de forma oficial las críticas de Alberto en el Congreso.