A mediados de agosto se conoció que la Agencia Federal de Inteligencia de Gustavo Arribas tenía un acuerdo secreto con el Servicio Penitenciario Federal, a través del cual perpetraron acciones de espionaje dentro de las cárceles. Ahora, Cristina Caamaño declaró la nulidad de ese convenio.

En la resolución, la interventora indicó que “la custodia de los procesados y la misión de resocialización de los condenados que se encuentran alojados en establecimientos dependientes del SPF no hallan punto de encuentro alguno con las funciones de la Agencia Federal de Inteligencia”.

Además, consideró que la facultad de celebrar convenios con otras instituciones tiene como condición legal que sean “de ayuda” o utilidad para las funciones asignadas al organismo, “mas no para la violación de garantías constitucionales de los ciudadanos que se encuentran intramuros como tampoco de aquellos que viven en libertad”.

La resolución concluyó además que “no existen presupuestos legítimos que motivaran la suscripción del convenio -y menos aún existen razones para mantener su vigencia- como tampoco se registraron en los fundamentos de la resolución las razones que llevaron a tal acto”.

A su vez, la titular de la AFI entendió que “las misiones asignadas a la Agencia no tienen vinculación alguna con las funciones asignadas al Servicio Penitenciario Federal que permita un punto de encuentro entre ambos organismos”.