La interventora de la Agencia Federal de Inteligencia, Cristina Caamaño, presentó una nueva denuncia penal en la Justicia Federal para que se investigue la responsabilidad de las ex autoridades del organismo en una serie de irregularidades vinculadas a compras y contrataciones.

Son, según Caamaño, delitos de administración fraudulenta, negociaciones incompatibles y violación de los deberes de funcionario público, y que ocasionaron un perjuicio al erario público de alrededor U$S 1.430.000 y $ 33.309.880. 

La denuncia recayó en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°1, con la intervención de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°8. No es la primera vez que la nueva AFI presenta una denuncia contra las quienes precedieron a Caamaño. Gustavo Arrribas y Silvia Majdalani también fueron acusados de ilícitos en otros dos casos. Sumado a las anteriores denuncias, presentadas durante el mes de agosto, se solicitó a la justicia la investigación de compras y contrataciones durante su gestión por un total de U$S 2.203.641 y $ 47.198.824.

En agosto de 2017 la AFI invocó razones de “necesidad y urgencia” para la contratación directa de una licencia de software denominado “OpenMind”, herramienta informática que se utiliza para la recolección y análisis de fuentes abiertas de Internet. En ese contexto, el 13 de octubre de 2017, la AFI emitió una orden de compra por u$S 1.000.000 y luego, al mes siguiente, otra por U$S 127.000 en concepto de renovación anual, todo ello sin jamás solicitar un precio testigo a la Sindicatura General de la Nación, y tampoco se justificó la utilización del pago en moneda extranjera, tal como corresponde. 

El software en cuestión requiere para su uso además el pago trimestral de U$S 30.000, un costo por demás exorbitante frente a utilidad que ofrece ese recurso informático. “Un millón de dólares de fondos públicos para la obtención de una simple herramienta informática, justificado ilegítima e irracionalmente en la celebración de un evento internacional”, asegura la denuncia.

Además de sugerir una batería de medidas probatorias, la presentación solicita que se cite a prestar declaración indagatoria al ex presidente de la Nación Mauricio Macri, en su calidad de responsable de fijar los lineamientos estratégicos y objetivos generales de la política de Inteligencia, al ex director general Arribas y la ex subdirectora general Majdalani.