La Auditoría General de la Nación (AGN) aprobó este miércoles un informe donde expuso múltiples irregularidades por parte de la gestión de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), durante el gobierno de Cambiemos, vinculadas a la venta de inmuebles a particulares por debajo de su valor de mercado.

La auditoría del organismo de control relevó datos sobre los inmuebles pertenecientes al Estado Nacional referido a alquileres, ventas y traspasos entre 2016 y 2019. El informe señala que se llevaron a cabo 71 procesos de venta que resultaron en 82 adjudicaciones por 842,4 millones de dólares. 

En este sentido, la Ciudad de Buenos Aires concentró el 77,2% de las operaciones durante la presidencia de Mauricio Macri, entre la que se destaca la venta del inmueble ubicado en Catalinas Norte II (Puerto Madero) el Tribunal de Tasaciones de la Nación realizó la tasación sobre una superficie de 91.337,8 m2 determinada por la AABE. Sin embargo, al momento de escriturar se determinó que tenía una superficie 39% mayor lo que implicó que la AABE reciba un valor inferior al que le correspondía, según remarcó la AGN.

También se verificó que, ante una devaluación superior al 100%, “no se actualizó el valor de recupero de los inmuebles a la fecha de su liquidación, calculando equivocadamente el monto resultante de la venta lo que impactó negativamente en los montos destinados al Estado Nacional por 426,6 millones de pesos (9,8 millones de USD)”.

Como conclusión, la auditoría especializada resaltó que en todos los expedientes analizados “se observó la falta de mecanismos utilizados por la AABE para determinar el precio base de las subastas, y en el 56% de los casos se adjudicó a un menor valor que el establecido por el Tribunal de Tasaciones de la Nación, implicando una merma en el ingreso de fondos por 62 millones de dólares”. 

“El principio de subastas se vio vulnerado, ya que se constató una baja participación de oferentes sin que la AABE tomara acciones al respecto. En el 58,8 % de los casos no hubo puja entre oferentes, lo que impidió obtener el mayor precio que esté dispuesto a pagar el mercado”, añade el duro informe.

Desde la AGN también indicaron que la AABE no realizó asignación de inmuebles para programas que atiendan demandas habitacionales de la población, como el Procrear, conforme a lo previsto en la normativa, derivando en la falta de aprovechamiento de inmuebles del Estado con destino a las políticas redistributivas, el crecimiento y el desarrollo económico con inclusión social.