La Inspección General de Justicia (IGJ) denunció que luego de un mes que se dispuso la intervención del instituto que encabeza Patricia Bullrich, la medida no se pudo concretar por dilaciones de la misma organización y del Poder Judicial.

El ministro de Justicia, Martín Sorida, designó el 12 de julio a la Contadora Pública Norma Cristóbal como interventora del Instituto de Estudios Estratégicos en Seguridad (IEES), que estaba encabezado por la presidenta del PRO.

Sin embargo, un mes después no se pudo concretar la intervención “de la Asociación Civil presidida por Bullrich, la cual habría efectuado un desfalco en favor de su campaña proselitista que supera hoy los doscientos millones de pesos, cuyos aportantes son, entre otros involucrados en la operación, algunos casinos provinciales –lo cual se encuentra prohibido por la Ley de Financiamiento Partidario–”.

De acuerdo con un informe elaborado por la IGJ, la medida no se pudo concretar primero porque cuando se presentó la contadora en la sede del Instituto había un cartel que decía que estaba cerrado por “vacaciones” hasta el 31 de julio.

“Esa insólita situación, acaecida en fecha 26 de julio del 2023, tomó estado público y fue entonces cuando la Dra. Cristóbal intimó nuevamente a Bullrich y a Martin Siracusa – quien se arroga ahora la calidad de Presidente del Instituto por una supuesta licencia de Bullrich, a pesar de que este nuevo nombramiento no fue inscripto en la Inspección General de Justicia– a entregar la documentación y permitirle el acceso a las dependencias de la Asociación IEES para cumplir su cometido, desplazando efectivamente de la administración y representación de la entidad a sus autoridades, removidas pro aquella decisión ministeria”, se indicó.

De acuerdo con la IGJ, como Bullrich y Siracusa no colaboraron con la interventora, la contradora Cristóbal decidió pedir el auxilio de la Justicia, pero tampoco allí pudo obtener el respaldo para poder llevar adelante la medida.

“La Interventora Cristóbal, solicitó el auxilio de la Justicia para poder cumplir con la orden Ministerial y presentó ante el Juzgado Civil Nº 33 el día 28 de Julio –aún en feria– una urgente diligencia judicial para poder asumir, de una vez por todas, el cargo de interventora. Ese mismo día, el titular de dicho juzgado, el Dr. Santiago Strassera, rechazó sin mayores fundamentos el pedido de Cristobal, por entender que, si la Interventora le había dado un plazo para cumplir al IEES –de dos días según la carta documento remitida por Cristobal– entonces no había urgencia alguna que justificara esta actuación judicial”, se explicó.

Desde entonces ocurrió lo siguiente:

  • La Interventora aguardó el plazo de intimación y formuló nuevamente la petición a la Justicia, debido a la negativa de las desplazadas autoridades de IEES, el día 2 de agosto. Dos días más tarde de esa petición urgente de Cristobal, el titular del Juzgado Civil Nº 45, Dr. Carlos Goggi,  decidió solicitar al Juzgado Civil Nº 28, a cargo de la Dra. Alicia Álvarez, la causa en la cual se le había denegado la intervención judicial que había sido originalmente peticionada por la Inspección General de Justicia.
  • En un nuevo y evidente intento de demorar las actuaciones, ya que ese pedido lo efectuó incluso dos días hábiles más tarde –recordemos que hoy las actuaciones son digitales y, por ende, enviar un expediente no supone demora alguna en un trámite urgente–, y ante una nueva petición de la Interventora Dra. Cristobal, quien acompañó en el expediente una nueva carta documento suscripta por Siracusa, donde llanamente le denegaban ilegal y arbitrariamente la posibilidad de asumir su cargo, el Juez Goggi se “inhibió” para entender las actuaciones en favor del Juzgado Civil Nº 28, por entender que existía relación entre el auxilio solicitado por Norma Cristobal a la Justicia y la medida que anteriormente había solicitado el Organismo conducido por el Dr. Nissen, que había sido rechazada, actuaciones que se encontraban totalmente finalizadas.
  • El día 10 de agosto del 2023, el Juzgado Civil Nº 28 a cargo de Alicia Álvarez recibió las actuaciones, habiendo transcurrido ya un mes desde que se dictó la Intervención de la Asociación Civil presidida por Bullrich.

De acuerdo con la IGJ, “hoy se cumple exactamente un mes de la resolución del Ministerio de Justicia que ordenó la intervención y, merced a la actividad proteccionista del fuero civil, la interventora todavía no ha podido ingresar a la entidad civil intervenida, no obstante los gravísimos motivos que fundamentan esa medida”.