Este miércoles, en la Cámara de Diputados, obtuvo media sanción un proyecto de ley que pugna por la derogación de la ley 11.317, de trabajo de las mujeres y los niños, y el decreto 2.699 de 1925, sobre prohibición de tareas peligrosas o insalubres para personas menores de 18 años. Una ley de 1924 que tras muchos parches parciales, aún tenía vigente artículos que algunos sectores usaban a su favor de manera insólita.

La ley de aquellos tiempos de primeros años de gobiernos radicales, se sancionó hace casi un siglo para prohibir a las mujeres y niños realizar actividades consideradas en ese momento insalubres. 

El texto que despachó Diputados es simple y tiene solo dos artículos. El primero deroga la ley 11.317, en el segundo, se salva toda la normativa que prohibe actividades en donde pueda desarrollarse trabajo infantil para que no se entienda que la derogación también incluye la habilitación para menores. 

La votación del proyecto tuvo unanimidad y además se trabajó sin grieta. La oficialista Vanesa Siley y la diputada de Juntos por el Cambio, Silvia Lospennato, fueron las impulsoras del debate desde las comisiones. “Con la mirada de hace 100 años podría tener un fin loable proteger a las mujeres de tareas que se veían como peligrosas, la visión de hoy invita a replantearnos”, consideró Siley.

La diputada del Frente de Todos, que es presidenta de la comisión de Legislación del Trabajo y gremialista, explicó que en muchos sectores la norma ya es abstracta pero hay otros que todavía se siguen amparado para no contratar mujeres. “En la práctica prohibía a las mujeres trabajar en el subterráneo pero ya hay mujeres trabajando, igual que en la industria de la destilería o el vidrio, pero por ejemplo en la minería sigue siendo alegada esta norma, puertos o carga y descarga de marítimos también”, apuntó.

Vanesa Siley
Vanesa Siley

Desde Juntos por el Cambio, Lospennato recordó que había tenido años atrás un intento de sancionar esta ley pero el dictamen se cayó por falta de tratamiento y señaló que el Banco Mundial remarcó que esta legislación es una de las “rémoras” que tiene el país en materia laboral. 

Silvia Lospennato
Silvia Lospennato

“Es importante avanzar, cuando miramos las brechas entre varones y mujeres, la Argentina califica entre los mejores puestos del mundo en términos de educación y política pero en participación económica está en el puesto 102”, dijo la diputada del PRO.

Luego de estos dos discursos, y ya entrada la madrugada, el proyecto pasó a votación y logró unanimidad con 153 votos. 

🟩 VOTACIÓN - Derogación de la ley 11.317 y decreto 2699 del 28 de mayo de 1925 - Sesión 05-07-2023

Un caso de cambio de sexo y despido en Tierra del Fuego

El caso que llevó la diputada nacional Carolina Yutrovic (Tierra del Fuego) al recinto tiene nombre propio pero decidió no decirlo por precaución. “Para no causarle algún tipo de problemas, si bien su abogada contó que regresó a su país y perdió contacto. Ella decidió cambiar su plan de vida y de trabajo”, explicó la legisladora a Data Clave. El debate se achicó para llegar rápido a la votación pero la fueguina insertó su discurso para que consté en la versión taquigráfica la historia que vivió de cerca en su provincia.

L. R. Se refería a sí misma como una chica travesti. Llegó a Ushuaia en 2011 desde Perú y comenzó a trabajar en el Puerto en 2012, en la estiba de barcos de carga, para dos empresas durante casi 7 años. Las principales navieras que dan servicios en el mencionado puerto patagónico, y como es habitual en esta actividad, bajo el régimen de trabajo eventual.

Cuando L. R manifestó su identidad de género comenzaron los problemas. Destrato y maltrato, desde sus pares y compañeros de tarea, con la obligación de seguir en esa situación por la necesidad de mantener el trabajo. En junio de 2018, la historia iba a escalar en gravedad, la joven realizó su cambio de DNI, y a partir de ese momento, dejaron de contratarla.

Puerto de Ushuaia
Puerto de Ushuaia

La razón esgrimida por la empresa, fue que “no contrataban mujeres”. La situación fue subiendo en conocimiento público y llegó hasta esferas sindicales. Orlando Díaz, secretario general del Sindicato Unidos Portuarios Argentinos de Tierra del Fuego, repetía ante los funcionarios públicos un argumento: la existencia de una ley nacional que impide el trabajo de las mujeres en los puertos, ley añeja pero vigente. Al parecer, el trabajo que podía hacer con un sexo en el DNI ya no lo podía hacer cuando cambió.

Lo que siguió fueron notas con quejas a las empresas, denuncia ante Ministerio de Trabajo provincial, y finalmente, amparo judicial mediante, el juez laboral Gustavo Penza, convocó a una audiencia de conciliación. En esa instancia la Justicia desestimó el argumento empresarial en base a la ley 11.317. El letrado expresó que en la práctica esa ley ya era “inaplicable” y tomó lo esgrimido por la defensa, grupos activistas del feminismos que acompañaron a L.R. El juez consideró que ya “había más mujeres” trabajando en la estiba de los barcos turísticos.

El resultado de la conciliación fue que una de las empresas comprometió la re-contratación de L. R, en el marco nuevamente de la modalidad eventual. La diputada cuenta en su discurso que esa incorporación se cumplió sólo por un corto tiempo. La denunciante volvió a relatar que las empresas dejaron de contratarla y decidió dejar la estiba. La vuelta a su país cerró el caso para el activismo de la isla que perdió todo contacto.

Una historia que ilustra una ley ya abstracta y fuera de contexto pero que en algunos sectores se usa a conveniencia. La derogación avanza en el Congreso y ahora la pelota está del lado del Senado.