“Nos vemos cuando Dios quiera”, deslizó el ¿hasta ayer? presidente del Consejo de la Magistratura Alberto Lugones al finalizar la sesión donde se aprobó (con disidencia de la oposición) un reglamento de emergencia para funcionar en caso de que la situación se complique.

El plazo que la Corte Suprema puso en diciembre de 2021 de 120 días vence el viernes 15 de abril. Sin nueva ley sancionada, la conformación del Consejo tiene que pasar de 13 integrantes a 20, como tenía estipulados en la ley de 1998 (vigente hasta 2006). A partir del lunes 18, el que debería desembarcar en la presidencia del organismo es Horacio Rosatti, presidente de la Corte. Sin embargo, hay quienes dicen que no puede hacerlo porque aún no están elegidos los siete integrantes extra: faltan dos representantes del Congreso y una por los académicos/as.

Ante la incertidumbre, se decidió llevar adelante este reglamento de emergencia cuyo objetivo era tener previstas algunas situaciones y que no se paralizara por completo la actividad. Es decir, que las cosas donde no era necesario el plenario de consejeros (las reuniones donde deben estar todos y donde se definen los concursos, por ejemplo) pudieran seguir llevándose a cabo. Como parte de ese reglamento, se votaron también las condiciones para las elecciones de mandatos que se realizarán a fines de este año para los y las consejeras que asuman en el período 2022-2026.

Dentro de las actividades de esta semana estuvo también el pase a la comisión de Reglamentación de un proyecto que Data Clave contó hace poco menos de un mes. Se trata de la iniciativa que la Asociación “Mujeres por la Justicia” (que une a magistradas, fiscalas y defensoras de todo el país) presentó para evitar y sancionar situaciones violentas. El “Decálogo por un Poder Judicial sin violencias, acosos ni discriminaciones por razón de género en las relaciones de trabajo” tiene un objetivo ambicioso en un tema donde el sistema judicial viene fallando: ¿cómo controlar, detectar, sancionar y evitar situaciones de violencia laboral?

Varias integrantes de la Red de Mujeres se reunieron con el juez Lugones para comentarle del alcance del Decálogo, de los posibles efectos de manera práctica y de la forma de implementarlo. Explicaron también desde la Red que las situaciones de violencia laboral y de acoso impactan directamente en el funcionamiento del sistema judicial y también de la posibilidad de que mujeres se presenten a los concursos para acceder a puestos de poder. Según estimaciones de organismos oficiales, solo el 30% de los concursos cuentan con participación de mujeres.

Otro de los puntos que se abordó en la conversación y que es tratado en el Decálogo tiene que ver con la importancia de no centrar la responsabilidad en la víctima de acoso y en la necesidad de que haya personas por fuera del conflicto que puedan auxiliar y ayudar. “El enfoque centrado en la conflictiva interpersonal es perjudicial, primero, porque conlleva colocar toda la carga de la resolución de la situación de violencia en la propia afectada; segundo, porque no considera el posible rol proactivo de todas las personas trabajadoras; tercero, porque no cuestiona hasta qué punto todo el sistema facilita, favorece y/u oculta estas situaciones, encubriendo la desigualdad estructural que origina, sostiene y perpetúa estas violencias, acosos y discriminaciones”, se destaca en el proyecto.

Con el paso a la comisión de Reglamentación, lo que viene ahora tiene que ver con la posibilidad real de instrumentar y hacer aplicable el proyecto. Por supuesto, que ante el clima de incertidumbre en el Consejo, los tiempos se dilatarán.