Después de varios amagues, todo parece indicar que el Gobierno presentará finalmente la reforma judicial que tanta inquietud genera en los tribunales, hacia fines de esta semana o principio de la próxima. Tal como había adelantado Data Clave hace diez días, el eje se centrará en Comodoro Py, aunque no será el único foco de atención de la reestructuración propuesta.

De acuerdo con los trascendidos, el proyecto contemplaría que el número de juzgados federales termine acercándose a los 50 ¿De qué forma? Con la finalidad de irritar lo menos posible a los jueces federales, se avanzaría en una unificación con los "primos" del fuero penal económico y el desdoblamiento de las secretarías. Ahora hay dos por juzgado y se pasaría a uno. De esta forma, si se logra aprobar en el Congreso, el Gobierno podría activar desde el Consejo de la Magistratura una oleada de vacantes para ocupar esos cargos.

En danza también estaba el modelo propuesto por el Secretario de Asuntos Estratégicos de la Presidencia Gustavo Béliz, de similares características al que impulsó cuando ocupó el gabinete de Néstor Kirchner entre 2003-2004. En ese momento, la idea era unificar los juzgados ordinarios (los de la justicia nacional que investigan homicidios y robos) con los federales. Trasladar o convertir jueces va en contra -de acuerdo a lo que planteó la Corte Suprema hace dos años- del proceso de selección de jueces. Pero, la veta que se había trabajado era la de convertir los juzgados que estuviesen vacantes, o sea, sin jueces titulares. Aquí también se incluiría el traspaso de los juzgados nacionales a la justicia de la Ciudad de Buenos Aires. Dos inconvenientes salen de esto: lo caro en cuestión de recursos que sale y la resistencia de gran parte de los jueces/zas y empleados/as.

Además de lo penal, que siempre se lleva todos los flashes, habría cambios en otras áreas y fueros, como el Contencioso Administrativo Federal (el famoso “fuero de la gobernabilidad”) y el Civil y Comercial Federal, un lugar que siempre le fue hostil al peronismo.

Otro de los puntos que también entrarán en discusión es el de la implementación del sistema acusatorio en todo el país. Actualmente, a nivel federal, solo está vigente en Salta y Jujuy (hay provincias que lo tienen en su sistema judicial). El acusatorio pone la investigación en manos de los y las fiscales y los jueces son los encargados, entonces, de controlar la prueba y las medidas que se vayan tomando. Aquí entra también el rol que el gobiernos espera que tenga la Procuración General de la Nación: el candidato de Alberto, el juez Daniel Rafecas, aún no tiene los votos suficientes en el Senado, por lo que también se está negociando aún con la oposición.

Otro de los ejes sobre los que versa el tema reforma judicial pero que no integra específicamente el proyecto que irá a Congreso es la creación del Consejo Consultivo. Como había explicado Data Clave, este Consejo asesorará a Alberto en algunas cuestiones clave, entre las que se encuentran el funcionamiento de la Corte, del Ministerio Público Fiscal y también el Consejo de la Magistratura. La composición del Consejo aún es un misterio pero, hasta ahora, la idea era generar consensos: no demasiado de un lado ni del otro, pluralidad ideológica y jurídica, inclusión de mujeres y federalismo. Ese Consejo podría efectivizarse por DNU o por una resolución del Ministerio de Justicia. De todas formas, todo será publicado en el Boletín Oficial.

La reforma viene demorada por dos grandes cuestiones: el frente pandémico y el judicial hacia adentro de la coalición del Frente de Todos. En el Instituto Patria no confiaban demasiado en las sugerencias de Béliz, a quién miran de reojo. Tampoco hay mucha empatía entre el ala más dura kirchnerista y cierto sector muy cercano a Alberto, ya que marcan que las reformas tienen que ser tajantes y no prudentes.