El fin de semana, un comunicado del Frente Renovador dio a conocer una causa que había permanecido en el ostracismo: unas amenazas a Sergio Massa y a su familia, de la cual una banda llegó a un arreglo para evitar un juicio y una posible condena por su responsabilidad.

Data Clave tuvo acceso a la resolución que dictó el Juzgado Federal N°2 de San Isidro donde concedió la suspensión del proceso a prueba (lo que comúnmente se conoce como probation) en favor de diez personas que eran investigadas por realizar las amenazas anónimas contra el ministro de Economía y su esposa y titular de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), Malena Galmarini. En el caso intervino el fiscal federal Federico Iuspa, a cargo de la Fiscalía Federal N°1 de esa jurisdicción.

Si bien la probation no establece una condena, lo que si dispone es que personas imputadas deberán realizar entre 130 y 210 horas de tareas comunitarias en distintas instituciones, abonar entre 20.000 y 200.000 pesos, en concepto de reparación económica, que serán destinados a la Asociación Civil “Pequeños Pasos”, de la localidad bonaerense de Loma Hermosa.

Además, de acuerdo con lo requerido por la fiscalía, las diez personas imputadas deberán aportar, en favor del Estado, los teléfonos secuestrados que utilizaron para cometer el delito, que permanecían secuestrados.

Además, uno de los hombres también deberá realizar el curso virtual “Micaela para la ciudadanía” organizado por la Subsecretaria de Formación, Investigación y Políticas Culturales para la Igualdad del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación.

La causa

La investigación se inició el 2 de septiembre de 2020, a raíz de la denuncia efectuada por Malena Galmarini ante la Unidad Funcional de Instrucción Rincón de Milberg-Tigre Centro del Departamento Judicial de San Isidro. 

En dicha oportunidad, la titular de AySa denunció que se había difundido su teléfono particular y el de su marido en distintas redes sociales, tras lo cual ambos comenzaron a recibir mensajes intimidatorios e injuriantes a través de la aplicación de mensajería WhatsApp.

Oportunamente, el Juzgado de Garantías N°2 del Departamento Judicial de San Isidro declinó competencia en favor de la Justicia Federal, dado que las intimidaciones recibidas por las víctimas tenían como destinatario a Massa, quien se desempeñaba como presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación cuando se filtraron los datos de sus líneas telefónicas durante una sesión parlamentaria, por lo que ello comprometía un interés de la Nación.

Así, en el marco de la investigación desarrollada se logró identificar a diez hombres y una mujer, como los responsables de los mensajes intimidatorios. Concretamente, se los procesó por el delito de amenazas anónimas. En la resolución, se detalló que los involucrados enviaron desde sus respectivas líneas telefónicas y en forma anónima, “mensajes intimidatorios -a través de la aplicación WhatsApp- a Massa y Galmarini, con el fin de alarmarlos, amedrentarlos e infundirles temor”.