La Asociación Madres de Plaza de Mayo manifestó hoy su repudio al protocolo sobre las protestas que anunció la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich y lo consideró por considerarlo “violento, inconstitucional y fascista”.

En un comunicado titulado "Pará la mano, Milei", la entidad repudió el protocolo anunciado por la ministra y sostuvo que recuerda al "comunicado N°1 de la Junta Militar del 24 de marzo de 1976".

"Con la medida, el Gobierno asume para sí facultades que son propias del Poder Judicial, violando las garantías mínimas que distinguen a un sistema democrático de una dictadura. Además, consagra el espionaje contras las organizaciones sociales, políticas y sindicales con el pretexto de la seguridad pública", expresaron las Madres.

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En el documento, sostuvieron que "la única inseguridad es la que el Gobierno ha decretado con las medidas económicas y el proceso hiperinflacionario que estas han desatado" y que la resistencia popular "será incontenible y, tarde o temprano, se expresará en las calles".

"Las Madres llevamos 2383 marchas pacíficas, pero profundamente políticas, en la Plaza de Mayo, cada jueves. Seguiremos allí hasta que el pueblo sea feliz como querían nuestros hijos. Hoy más que nunca, decimos: ¡Pará la mano, Milei! ¡Ni un paso atrás!", cierra el comunicado que también lleva la firma de las filiales de Mar del Plata, Mendoza y Tucumán.

De esta forma, manifestaron su rechazo al protocolo "para el mantenimiento del orden público" que fue presentado el pasado jueves por Bullrich.

También hubo una declaración conjunta que emitieron el Comité Nacional Para la Prevención de la Tortura y el Consejo Federal de Mecanismos Locales para la Prevención de la Tortura.

Los organismos enumeraron una serie de argumentos en los que sostienen que el “protocolo antipiquetes” que presentó la ministra de Seguridad incumple las garantías que otorga la Constitución Nacional.

“El derecho a la protesta surge de la Constitución Nacional (art. 14) y los tratados internacionales de derechos humanos que ha ratificado la República Argentina, de jerarquía constitucional”, comenzaron diciendo.

Y en ese marco, advierten: “El Protocolo emitido por el Ministerio de Seguridad desconoce este derecho, avanzando sobre facultades de los poderes Legislativo y Judicial, al definir el alcance del tipo penal previsto en el artículo 194 del Código Penal de la Nación y autorizar la detención de personas sin orden judicial”.

“También avanza sobre las competencias de las autoridades provinciales, desnaturalizando las condiciones fijadas en la Ley de Seguridad Interior para la intervención de fuerzas de seguridad federales en sus territorios”, agregaron.

En otro punto, sostienen que "la interrupción del tránsito de vehículos o peatones o de las actividades diarias es un medio necesario para ejercer el derecho a la protesta y no habilita el uso de la fuerza por parte de los agentes públicos".

Esto última aclaración se debe a que Bullrich advirtió que “las calles no se toman” y que “se va a actuar hasta quedar totalmente liberado el espacio de circulación”.

Desde ambos organismos sostienen que “solo puede recurrirse al uso de la fuerza con carácter excepcional, como medida de último recurso, ante hechos de violencia o cuando peligre la integridad personal de quienes se manifiestan o de terceras personas”.

“Desde el fin preventivo que guía el trabajo de las instituciones firmantes, corresponde resaltar que cualquier directiva a las fuerzas de seguridad que intervienen en situaciones de protesta social debe prohibir taxativamente la portación de armas letales y munición de plomo por parte de los funcionarios que pudieran entrar en contacto con los manifestantes, así como el uso de gases lacrimógenos y camiones hidrantes por sus efectos indiscriminados. Este Protocolo no prevé tales prohibiciones y vulnera los límites que surgen del derecho internacional de los derechos humanos y nuestra Constitución Nacional”, sumaron.

Por último, cerraron: “Ratificamos nuestra plena disposición a trabajar con las autoridades competentes en la adopción de directrices para el uso racional de la fuerza por parte de los agentes públicos. A tal efecto, hemos solicitado una reunión con la Sra. Ministra de Seguridad de la Nación”.