El Gobierno Nacional finalmente tomó la decisión de diferir la aplicación del sistema acusatorio en Santa Fe. Comenzará a regir el 6 de mayo y no el lunes 18 de marzo como se había anunciado en un principio.

Ante la reciente ola de violencia en Rosario vinculada al narcotráfico, el jueves el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, había anunciado que a partir del próximo lunes comenzaría a regir el nuevo Código Procesal Penal Federal en dicha jurisdicción.

Básicamente, el nuevo Código Procesal pone en manos de los fiscales la responsabilidad de las investigaciones penal, mientras que los jueces son los que ordenan allanamientos o detenciones y velan por el cumplimiento de las garantías procesales.

Además implica un cambio en la forma de realizar procesos, ya que se instrumenta la oralidad durante la pesquisa. Esto es: la realización de audiencias orales en las que se acusa a los imputados, se fundamentan los pedidos de allanamientos o detenciones.

La sorpresiva resolución había generado muchos cuestionamientos. Incluso, llevó a que el presidente de la Corte Suprema y el Consejo de la Magistratura Horacio Rosatti viajara ayer de urgencia a Rosario para reunirse con los integrantes de la Cámara Federal de Apelaciones.

La Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) había calificado a la medida del ministerio como “imposible y temeraria”.  

Desde el gremio recordaron que la puesta en marcha del nuevo Código en Salta y Jujuy “llevó un proceso de 8 meses y medio, y que aún demuestra las inconsistencias en cuanto a falta de recursos y de personal para llevar adelante una tarea eficaz”.

Por otro lado, la Procuración General había ratificado su compromiso para la pronta puesta en marcha del sistema acusatorio en Rosario pero solicitó una prórroga para su adecuada implementación aunque también había sido crítica de la decisión repentina.

“La inminencia en la ejecución de la medida implicaría la puesta en funcionamiento del sistema sin muchas de las adecuaciones que, al menos esta institución, considera fundamentales para el correcto cumplimiento del rol que el nuevo modelo le exige”, había precisado en una carta al Ministro de Justicia el procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal.