Los incidentes de ayer a la noche en la puerta del country Ayres del Pilar dejaron abiertos varios frentes de conflicto. El primero es uno que aún no tiene respuesta ni solución: ¿dónde cumplirá Lázaro Báez su prisión domiciliaria? Hoy se llevó adelante una audiencia entre los abogados del empresario y los jueces del Tribunal Oral Federal 4 donde no hubo demasiadas certezas.

Hasta ahora, y en línea con lo que se manifestó en ese encuentro virtual, desde el tribunal sugirieron que una opción sería que la defensa ofrezca alguna otra locación para que se cumpla la domiciliaria. Hasta ahora, esa posibilidad no llegó a Tribunales y si lo hace, los magistrados prometieron manejar todo con estricta confidencialidad para evitar episodios como el de ayer.

Los daños al móvil del Servicio Penitenciario Federal, por ser un bien del Estado Nacional, fueron informados al Juzgado Federal de Campana, a cargo del juez Adrián González Charvay. Una vez que la policía envíe el sumario con el detalle de lo sucedido, la causa pasará a la Fiscalía Federal de esa jurisdicción, quién definirá si abre o no una investigación por lo sucedido. En caso de hacerlo, se podrían pedir las declaraciones como testigos de los policías del operativo, de los integrantes del SPF y el registro de cámaras (si las hay) tanto del country como de los medios que estaba allí presentes

En varias declaraciones radiales que hizo la interventora del SPF María Laura Garrigós durante el día, anticipó que ellos desde el organismo promoverían esa denuncia por el daño y hasta marcó que el Servicio tiene solamente ocho móviles y ahora quedaron siete. Intentó explicar también el mecanismo que se activa cuando hay una orden judicial de prisiones domiciliarias. Primero, una vez que se notifica al Servicio de esta situación, se debe activar desde el Ministerio de Justicia la confirmación de que el domicilio es apto y además se debe llevar adelante el trámite de tobillera/pulsera electrónica. Al mismo tiempo, se realizan los estudios médicos de rigor y se prepara la situación.

La interventora dejó en claro que bajo ningún punto de vista se puede comunicar la hora en la que se hará un traslado. En ese sentido, el artículo 71 de la ley de Ejecución Penal lo deja bien en claro: “el traslado individual o colectivo de internos se sustraerá a la curiosidad pública y estará exento de publicidad”.

La grieta de las responsabilidades alcanzó también al Ministerio de Justicia, a quien desde Tribunales critican por no haber previsto que ese domicilio no era una buena opción. Desde el oficialismo sostienen que hace dos meses que el Tribunal viene “jugando” con la domiciliaria a Lázaro Baéz y que pareció “tremendamente anunciado” el fallo que finalmente le dio al empresario la posibilidad de seguir con su detención fuera del ámbito carcelario.