La interventora de la Agencia Federal de Inteligencia presentó esta mañana una denuncia penal ante la justicia federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para que se investigue la responsabilidad de exautoridades en irregularidades vinculadas a compras y contrataciones por $3.088.944 y U$S 657.751, respectivamente.

La causa recayó en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N°9 a cargo del juez federal Luis Rodríguez. Intervendrá la Fiscalía en lo Criminal y Correccional Federal Nº12 a cargo de Alejandra Mángano.

En la denuncia, Caamaño señala que hubo “la suma exorbitante egresó de las arcas de la administración pública ilegalmente sin ningún criterio de necesidad, urgencia, razonabilidad ni transparencia” en contrataciones de bienes y servicios. Además sostiene que no se cumplió con las normas que regulan las compras del Estado. La interventora del organismo pide investigar los hechos que se ejecutaron en el marco del decreto que estableció el carácter secreto del presupuesto de la Agencia Federal de Inteligencia en 2016.

A partir de la denuncia, el foco quedará puesto en los mecanismos de contratación directa. Entre otras cosas, se investigará la adquisición de elementos técnicos de un laboratorio forense de la AFI  para un peritaje informático. El texto de la denuncia dice que nunca se encontró la documentación que acreditara el oficio ni el uso del laboratorio y que la contratación costó $2.260.000 y US$64.505. Caamaño cree que la pericia, de haberse realizado, podría haberla ejecutado cualquier fuerza de seguridad.

También, pide que se investigue la contratación directa con una firma de México para la realización de un programa de entrenamiento en poligrafía para 12 profesionales. Según la denuncia, la operación con un único oferente por la suma total de U$S 50.000 tiene la particularidad de que la solicitud de compra que da inicio a toda contratación fue emitida 18 días después de la orden de compras “inversamente a lo que sucede en el tiempo y violando manifiestamente la ley”.

La denuncia encuadra los hechos bajo análisis en los delitos de administración fraudulenta y negociaciones incompatibles, en concurso ideal con el delito de violación de los deberes de funcionario público. Además de requerir un conjunto de medidas de prueba, solicita que oportunamente se cite a prestar declaración indagatoria al ex director General Gustavo Arribas; a la ex subdirectora General Silvia Majdalani, entre otros ex integrantes de la Agencia.