El juez federal de Rawson Hugo Sastre hizo lugar al planteo del gobernador de Chubut, Ignacio Torres, en su reclamo por la quita de recursos coparticipables.

El magistrado dispuso “el cese de la retención” automática de sumas de la coparticipación de la provincia en concepto de reembolsos por préstamos del Fondo Fiduciario para el Desarrollo hasta tanto “se concrete la refinanciación de la deuda y por el periodo máximo comprendido por el ejercicio financiero en curso”. 

Además, exhortó a las partes a que “arbitren medios conducentes tendientes a la cancelación y/o refinanciación de la deuda, en condiciones razonables, que no importen el compromiso de servicios esenciales del estado provincial”.

No obstante, el juez federal no hizo lugar a la otra parte del pedido que había hecho la provincia: la devolución de la plata que ya le había sido descontada. Se trata de $10.516.610.155,08 que ya le fueron retenidos. “Rechazar la orden también pretendida en torno a la devolución de la sumas ya retenidas y a la imposición de condiciones de una eventual refinanciación”, remarcó.

El magistrado consideró que el obrar del Ejecutivo Nacional “resulta irracional” y “contrario a la finalidad de la norma que constituye el Fondo y a la que dispone la refinanciación de la deuda ahora en pugna, pues, encontrándose en una posición claramente dominante, decide ignorar las peticiones de refinanciamiento efectuadas por la Provincia, obviando el estado de emergencia que atraviesa”. 

El juez marcó que “se observa un tratamiento desigual, sin fundamento racional, y violatorio del principio de igualdad” ya que el Gobierno nacional “se ha mostrado abierto a otorgar soluciones a los altibajos financieros de la provincia del Chubut”.

En el fallo destacó que  en los años 2020, 2022 y 2023 el Estado Nacional “otorgó financiamiento, refinancio y hasta suspendió el cobro de la deuda. Sin embargo, en el año 2024, ante las peticiones de la provincia de igual naturaleza, a los fines de refinanciar la deuda, la demandada guarda silencio”.

También señaló que Nación “omite adoptar medidas paralelas que amortigüen los efectos negativos que en la economía de la accionante provoca el dejar de percibir de manera diaria los fondos coparticipables que le corresponden”.  Y consideró que “en efecto, una media de tal naturaleza repercute negativamente en las arcas provinciales, poniendo en situación de riesgo el cumplimiento de funciones esenciales”.

Indicó que dicho accionar “conduce al agravamiento de la situación especial por la que atraviesa la Provincia del Chubut” ya que  “las retenciones representan más de un tercio de lo que percibe en concepto de coparticipación” y remarcó que dicha situación “no podría prolongarse en el tiempo sin afectar servicios esenciales tales como salud, higiene, educación, etc., necesidades básicas de la población cuya satisfacción se debe garantizar”. 

Además marcó que consideró que la decisión de descontar de manera automática la suma de pesos $ 13.313.605.810,66 a cuenta del vencimiento pactado con el FFDI “ha sido inconveniente e intempestiva, provocando desequilibrio de las cuentas provinciales y un claro perjuicio a los habitantes de la provincia del Chubut”.

En este marco, recordó que la Legislatura provincial el 29 de diciembre declaró el estado de emergencia económica, financiera y administrativa del Estado Provincial, por el plazo de 18 meses.