Provincia arma un sistema de alerta temprana para evitar que la Justicia intervenga en la ocupación de tierras

Cuando un municipio detecte una ocupación ilegal, deberá informar al Ministerio de Gobierno bonaerense que conduce Teresa García. García emitirá una “alerta temprana” a la Defensoría del Pueblo y al Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, a cargo de Andrés “Cuervo” Larroque. 

La Defensoría del Pueblo y el ministerio de Larroque buscarían construir “un diálogo para acompañar a las familias en el proceso de relocalización y de tránsito en búsqueda de esa vivienda que no tienen y están buscando”.

El objetivo de este trabajo del que participan distintas áreas del Estado es que sea la política la que resuelva estas cuestiones, evitando la judicialización y los desalojos compulsivos. 

“El mecanismo de alerta temprana tiene que ver con el aprendizaje que nos deja Guernica, que la Justicia penal no puede ser la que ordene este tipo de situaciones”, le dijo a Data Clave Guido Lorenzino, defensor del pueblo de la provincia de Buenos Aires. Y agregó: “Tiene que ser la política pública en este caso a través del ministerio de Gobierno, el que asuma la responsabilidad de ordenar y conducir y construir una política vinculada a la tierra y el hábitat”.

La defensoría del pueblo, a su vez, trabajará en conjunto con el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels), el subsecretario de Derechos Humanos, el defensor de Casación, un miembro de la cámara de Diputados bonaerense y otro del Senado. “Cuando hay órdenes judiciales y desalojos compulsivos nos parece que no está bien.  Este sistema es la mayor expresión del estado en su totalidad, interactuando, buscando acompañar y dar respuestas a las personas que estaban ahí”, agregó Lorenzino.

Desde noviembre de 2019 a la fecha, se registra un número de 39 ocupaciones ilegales en la provincia de Buenos Aires que ya están judicializadas.