Rocío Belén Bonacci, la diputada podóloga que quiere barrer con leyes y derechos
Tras el reciente bochorno de la caída en el olvido de la “Ley Ómnibus”, la diputada presentó un proyecto de ley que pretende derogar la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo sancionada tres años atrás por el Congreso. Quién es la legisladora más joven de la Cámara que hizo la propuesta y quiénes la apoyan.
En los últimos años las manifestaciones y movilizaciones por el derecho al aborto legal ocuparon mucho espacio mediático. Fue la visibilización de una larga lucha que comenzó con las pioneras feministas de la llamada “segunda ola” de la década del 60 y que continuaron las mujeres que tomaron las banderas con el retorno a la democracia en el 83, cuando se creó la “Comisión por el derecho al aborto”. Allí se difundieron las experiencias de las “Mujeres autoconvocadas por el derecho a decidir” y también la “Asamblea por el derecho al aborto”.
Finalmente en este siglo se motorizó la Campaña por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, una de los movimientos que propulsó el debate en el Congreso en 2018 y la sanción de la ley de 2020.
Sin embargo, no existió consenso en la sociedad sobre este tema. Se sucedieron marchas y manifestaciones enroladas en dos tendencias: “pañuelos verdes” y “pañuelos celestes”. El primer grupo formado mayoritariamente por mujeres y géneros disidentes que reclamaba por el derecho humano de tener asistencia digna y legal en una práctica de decisión personal; y el segundo, amparado en el paraguas de valores morales y religiosos que sostiene que la vida existe desde la concepción.
El pañuelo celeste fue utilizado por una diversidad de grupos y personas que iban desde sacerdotes y varones adolescentes hasta personas como Cecilia Pando y la hoy vicepresidenta Victoria Villarruel, quienes tienen una postura de defensa airada de la dictadura que secuestró y apropió más de quinientos niños y asesinó a un buen número. Las diferentes iglesias, fundamentalmente un gran sector de la católica y la mayoría de las evangélicas, se enrolaron detrás de un enorme feto de cartapesta que pasearon por las calles. Detrás del muñeco desfilaron también muchos militantes de la derecha vernácula y de la corriente libertaria, los mismos que promueven la libre portación de armas, entre otras cuestiones.
No sabemos si la actual diputada Rocío Bonacci estuvo allí, no hay registro en sus redes sociales de su postura ante la libertad de poder abortar con el amparo de la ley. La joven podóloga de 27 años, que nunca tuvo militancia política previa a llegar a la Cámara de Diputados, no se tomó siquiera una foto con un pañuelo celeste para subir a Instagram, donde abundan imágenes de su negocio de manicuría.
“Si me preguntás si soy ‘política’, te voy a decir que no, no me interesa. Quiero sí acompañar la construcción de una alternativa que produzca un cambio profundo, que nos permita vivir mejor”, dijo Rocío, quien suele tomarse selfies con gesto de beboteo en su banca de diputada en el Congreso de la Nación y con sus compañeras de asientos contiguos, las diputadas Ponce y Lemoine, dos beldades “influencers” de redes sociales.
Rocío Bonacci tiene claro que ella no es “política”. No llegó a ocupar un escaño por donde antes pasaron otras mujeres desde que en 1952 se estableció la sanción de la ley 13.010 que estableció la igualdad entre varones y mujeres tanto para elegir como para ser elegidos . Florentina Gómez Miranda, Delia Parodi, Leonor Pineda, Irma Roy, Susana Rinaldi, Elisa Carrió, Patricia Walsh y tantas otras de diversas corrientes de pensamiento dieron discursos históricos, fundamentados y sólidos en debates parlamentarios eran claramente mujeres “políticas” que llegaron allí luego de una larga participación militante y partidaria.
La diputada más joven de la Cámara, que hasta hace quince días solo tenía interés en su negocio de manicuría de la ciudad de Funes, en Santa Fe, es diputada gracias a la alianza que hizo su padre con Javier Milei. Rocío es hija de José Bonacci, propietario del sello del Partido Unite, y de Beatriz Brouwer, diputada electa en la provincia de Santa Fe.
Rocío dice de sus padres: “Soy hija del operativo Dignidad. Mis padres se conocieron militando en el Modin de Aldo Rico, ella era cabo en comisión del Ejército Argentino como enfermera militar y él, impresor" . Por ese entonces, Brouwer era una enfermera y había participado del levantamiento de Campo de Mayo y el “Operativo Dignidad” fue el levantamiento militar de Aldo Rico.
José Bonacci es tiene una imprenta y una remisería. Supo tener un bar llamado "Pan y Salchicha", frente a la Terminal de Ómnibus de Rosario. Es fundador de Unite, un partido que presta - o vende - su personaría a quienes se quieren presentar a elecciones y no cuentan con ningún partido político para hacerlo, como Amalia Granata.
Bonacci padre, además, fue presidente y apoderado del MODIN, partido político de Aldo Rico y candidato a presidente, a gobernador, a concejal (el único puesto al que accedió) y se hizo conocido por el slogan que usó en campaña: "Esta democracia no sirve" (spot “Esta democracia no sirve”).
En septiembre de 2022 el propio Milei acusó a José Bonacci de robarle el nombre de su partido Confederación Avanza Libertad, algo que fue subsanado con el tiempo. En agosto de 2023 fue denunciado por políticos del espacio Lider.ar de Santa Fe que afirmaban que Bonacci no imprimió sus boletas, se quedó con el dinero y los dejó afuera de la contienda electoral .
A fines de diciembre de 2023 los vecinos del regordete imprentero llamaron a la policía porque escucharon tiros en la casa familiar. La policía encontró que Bonacci tenía seis armas y fue demorado. Las armas tenían registro.
Los vínculos del líder de “Unite” con el neonazismo argentino son claros: se toma fotos con el libro "Mi lucha" e hizo acuerdos electorales con Alejandro Biondini. Bonacci se considera un nacionalista.
El proyecto de ley
Rocío tomó la iniciativa de presentar un proyecto de ley que deberá ser debatido en comisiones para luego pasar a debatirse en la Cámara. Consiste en derogar la ley de Interrupción Voluntaria del embarazo (IVE). Lleva la firma de Bonacci, el presidente del bloque LLA, Oscar Zago, Lilia Lemoine, Beltrán Benedit, María Fernanda Araujo y Manuel Quintar.
La iniciativa parecía contar con el aval del gobierno nacional cuyo procurador, el ultraconservador Rodolfo Barra, había mencionado en comisiones la legitimidad de la demanda de sectores antiderechos que cuestionaron la constitucionalidad de esa ley. En conferencia de prensa, sin embargo, el vocero Adorni, haciéndose eco de la avalancha de comentarios en el único medio que usa como vector de algunas decisiones, la red social X, dijo en conferencia de prensa:
"Estamos preocupados, abocados y trabajando sin ningún tipo de descanso en otro tipo de temas que son mucho más urgentes y relevantes que este tema", precisó Adorni, quien despegó a Milei de la iniciativa y aclaró que "no es parte de la agenda del Presidente".
En sincronía, Lilia Lemoine desmintió que hubiera prestado su firma y apoyo al proyecto y dijo: "Pusieron mi nombre porque dije que iba a acompañar pero que no era el momento ahora y me metió igual. Es muy dañino".
En una suerte de conventillo virtual, Bonacci se justificó en las redes sociales: "No son firmas de puño y letra, son acompañamientos de miembros de mi bloque, con los que previamente charlamos acerca de este proyecto, algunos por WhatsApp y otros personalmente".
“El proyecto es mi iniciativa no del Ejecutivo y ha sido puesto a la consideración del cuerpo que integro. Defiendo la vida. Ni más, ni menos”, agregó por el mismo medio.
Carlos Maslatón, el infuencer liberal le escribió: "Rocío, es verdad que este proyecto lo presentaste sin la autorización de Milei?".
Ella contestó, burlona: "Los diputados pueden y deben presentar PROYECTOS. No sabía que tenia que pedir permiso para proceder…"
El proyecto murió antes de nacer y posiblemente no sea tratado en comisiones, al menos por ahora.
Un derecho que fue condenado durante más de cien años
El 24 de enero de 2021 entró en vigencia la Ley 27.610 que amplió los derechos vinculados a la interrupción del embarazo y a la atención post aborto de todas las personas con capacidad de gestar. Puede aplicarse hasta la semana catorce inclusive sin tener que explicar ni como se generó el embarazo ni el motivo de la decisión de interrumpirlo. Más allá de las 14 semanas, solo permite el acceso a la práctica si el embarazo es producto de una violación o si la vida y la salud de la embarazada corre peligro.
Que las mujeres y otras personas gestantes tengan este derecho llevó mucho tiempo de luchas, reclamos, manifestaciones y debates para revertir la doble penalización -la social y la de cárcel -que tenía la práctica que se hacía en la clandestinidad y en condiciones de enorme riesgo sanitario físico y mental.
En el primer Código Penal de 1886 se penalizaba el aborto en todas sus variantes. En 1903 se modifica y se exceptúa de cárcel a las mujeres que solamente lo intentaran. Algunas salvedades a la práctica surgen recién en 1921 con la segunda reforma del Código. En el mismo quedan sin pena “cuando se practica con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la mujer, cuando se interrumpe un embarazo fruto de una violación o de un atentado contra el pudor cometido sobre una mujer idiota o demente.”
En 1968, durante el gobierno de facto de Onganía se redujeron los motivos para no penalizar el aborto solo si el peligro para la vida o la salud de la mujer era grave; o en cualquier caso de violación, siempre que éste estuviera judicializado. Con la democracia del 73 se retomó el concepto de 1921 a través de la sanción de la Ley Nº 20.509. La dictadura de 1976 nuevamente volvió atrás y retomó la vigencia de las modificaciones de la dictadura anterior.
Recién en 1984, el gobierno democrático sanciona la Ley Nº 23.077, que retrotrae el marco legal al Código Penal de 1921 donde se restablecen los casos de no punibilidad vigentes actualmente.
En 2012, la Corte Suprema dictó el fallo “F.A.L” y dejo en claro que el aborto no es punible -no es delito- en casos por violación. Resolvió entonces que todas las mujeres que hayan sido abusadas pueden interrumpir un embarazo sin autorización judicial previa ni temor a sufrir una posterior sanción penal, eximiendo de castigo al médico que practique la intervención. Según el fallo, sólo es necesario una declaración jurada que deje constancia del delito del que fue víctima la persona que quiera interrumpir el embarazo.
En 2015 se agregaron consideraciones en cuanto al concepto de salud, incorporando los aspecto físicos, psíquicos y sociales y aclara que el peligro de la salud puede ser potencial. Por primera vez, en 2018, se trató en el congreso el proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del embarazo y tuvo aprobación en la cámara de diputados pero no en la cámara de senadores.
Finalmente, en diciembre de 2020, se aprobó la Ley 27.610 de Acceso a la interrupción voluntaria del embarazo. La misma se promulgó en enero de 2021.