Casi cinco años pasaron de la sanción de la Ley Micaela, que establece una capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías. Esto incluye al Poder Judicial de la Nación, siempre reticente a capacitaciones.

En ese marco, y tras una resolución publicada y firmada en el Boletín Oficial, el presidente de la Corte Suprema y del Consejo de la Magistratura, Horacio Rosatti, dispuso que todo el personal del Consejo deberá acreditar que cumplió con la capacitación obligatoria antes del 1° de marzo de 2024.

Si bien Rosatti sostiene que "un considerable porcentaje del personal" ya realizó los cursos obligatorios, también marcó que corresponde avanzar en medidas "tendientes a verificar que la totalidad de los agentes de este Consejo cuente con la capacitación obligatoria".

No es una amenaza vacía: en caso de no cumplir con ello, están previstas sanciones. “El incumplimiento de dicha intimación será considerado falta grave dando lugar a la sanción disciplinaria pertinente, siendo posible hacer pública la negativa a participar en la capacitación en la página web del Instituto Nacional de las Mujeres”, se explica incluso en la ley.

En ese sentido, Rosatti decidió también que a partir de la publicación de esta resolución las personas que ingresen a trabajar al Consejo deberán acreditar en un plazo máximo de 60 días hábiles desde su designación que hicieron la capacitación exigida por la Ley.