Con un total de 14 proyectos, la Cámara de Diputados comenzó el jueves pasado el proceso de Juicio Político a la Corte Suprema de Justicia. La Comisión volverá a reunirse esta semana, pero en las últimas horas ingresó otra presentación de la mano de la Asociación Civil por la Exigibilidad de los Derechos Sociales (EXIGIR) contra los jueces Carlos Rosenkrantz  y Ricardo Lorenzetti.

La acusación gira en torno a la presunta connivencia con el gobierno del entonces presidente Mauricio Macri para que la exjueza Elena Highton de Nolasco permaneciera en el máximo tribunal después de cumplir los 75 años de edad, según informó la agencia de noticias “Noticias Argentinas”.

En el caso se abrió en su momento una causa penal, pero luego fue archivada. Sin embargo, la organización invocó la causal de “mal desempeño o -en su caso y de corresponder- por delito en el ejercicio de sus funciones”. De acuerdo al texto, los jueces Lorenzetti y Rosenkrantz “se valieron de información privilegiada para beneficiar a la ex jueza Elena Highton en el trámite del expediente ‘Schiffrin’, en connivencia con el entonces ministro de justicia Germán Garavano a través del secretario de justicia Santiago Otamendi”.

Vale recordar que en el caso “Schiffrin”, la Corte restableció la vigencia de la cláusula constitucional del artículo 99 inciso 4 que impone un nuevo acuerdo en el Senado para los jueces que superen los 75 años de edad. No obstante, la decisión no alcanzó Highton, pues la magistrada presentó un recurso de amparo para seguir en el cargo, un juez de primera instancia le dio la razón y el Gobierno no apeló, con lo que la sentencia que la protege quedó firme.

“Toda esta maniobra fue necesaria ya que el gobierno nacional por aquel entonces no tenía las mayorías necesarias para nombrar un nuevo juez de la Corte si se jubilaba Elena Highton, ni para prorrogar su mandato de Highton por la vía constitucional”, detalló la ONG.

Según la denuncia, Lorenzetti y Rosenkrantz “retuvieron el expediente que obligaría a Highton a jubilarse, y congeniaron con ella que iniciara un amparo antes de tiempo, y que la sentencia obtenida en dicho amparo no fuese apelada por el Ministerio de Justicia a cargo de Garavano justo un mes antes de que la Corte dictara el fallo Schiffrin".

“Se manipularon los tiempos del máximo tribunal de la nación en una causa judicial con el solo fin de beneficiar a uno de sus miembros y al gobierno nacional de turno; prorrogando el mandato de una jueza por fuera de los mecanismos constitucionales previstos expresamente a tal fin”, subraya la presentación y añade: “Lorenzetti tenía la facultad, como presidente del tribunal en aquel momento, de convocar al acuerdo de ministros para dictar el fallo cuando él lo dispusiese, tal cual fue denunciado por el propio juez Rosenkrantz cuando se defendió en la causa penal”.