Tras los anuncios de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, sobre la implementación de un operativo “anti piquetes” para evitar la manifestación de este 20 de diciembre, las organizaciones piqueteras ratificaron la movilización. Pero para evitar detenciones y represión, ya preparan una estrategia para burlar los controles.

Según pudo saber Data Clave, Unidad Piquetera, para minimizar posibles focos de incidentes, resolvió ingresar a CABA por subterráneo y tren. Además, en las principales estaciones, como Constitución, Pompeya, Once, y las tres líneas de Retiro del ferrocarril Mitre, San Martín y Belgrano instalarán “un equipo multidisciplinario de organismos, dirigentes de Derechos Humanos y políticos; abogados laboralistas, la Gremial de Abogados y otras organizaciones de abogados”

El objetivo es “garantizar que Patricia Bullrich no pueda actuar sobre los ciudadanos comunes en las estaciones de trenes para defender el derecho de poder ingresar a la Capital”.

Este despliegue fue diseñado porque la ministra de Seguridad advirtió: “Habrá vigilancia preventiva para evitar que los grupos logren reunirse. En estaciones de trenes, aquellas personas que vayan con materiales serán incautadas: palos, caras tapadas o formas para no ser reconocidos”.

Fuentes de la organización confiaron a este medio que las columnas intentarán llegar a la ciudad desde el mediodía. Se concentrarán en los alrededores del Congreso de la Nación y de allí, a partir de las 16, bajarán por Avenida Rivadavia y Avenida de Mayo; otras dos lo harán por Diagonal Norte y Diagonal Sur para desembocar en Plaza de Mayo. Se generará un caos de tránsito vehicular en pleno horario pico de regreso a casa.

Las organizaciones de izquierda afirman que, con el fin de evitar los incidentes que suelen ocurrir en ese punto, no cortarán el Puente Pueyrredón, el principal acceso a CABA desde la zona sur del conurbano. “Si quieren poner la ‘supervalla’ ahí que lo hagan, pero nosotros no vamos a ir por ese lugar”, le aseguraron a este medio integrantes de la organización de la protesta y aclararon: “Vamos a ir en tren y en subte”.

Movimientos populares y organizaciones sociales nucleadas en el bloque de Unidad Piquetera (UP) brindarán este martes por la tarde una conferencia de prensa para explicar las características de la movilización prevista para el miércoles a Plaza de Mayo,

En tanto agrupaciones como UTEP, Libres del Sur y FOL, entre otras, convocaron a una "jornada nacional de asambleas y ollas populares" que se desarrollará este viernes "a lo largo y ancho del país", frente a "las medidas que agravan las condiciones de vida de millones de argentinos y argentinas", señalaron en un comunicado.

En ese marco, referentes de UP expondrán sobre "las características de las denuncias" que hicieron "por amenazas y el intento de recortar la libertad de expresión garantizada por la ley" contra el presidente Javier Milei; la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; su par de Capital Humano, Sandra Pettovello; y el titular de Economía, Luis Caputo, en el marco del anunciado protocolo sobre las protestas sociales.

Una causa judicial en marcha

El Movimiento Socialista de los Trabajadores inició una demanda ante la Justicia Federal Electoral en la que requirió la declaración de inconstitucionalidad de la Resolución 943/2023 del Ministerio de Seguridad de la Nación (denominado periodísticamente "Protocolo Antipiquetes") por considerar que vulnera el derecho a la protesta pacífica.

La causa fue iniciada por Celeste Fierro, legisladora de la Ciudad de Buenos Aires por el MST ante el Juzgado Federal con competencia electoral de ese distrito a cargo de la jueza María Servini.

En la demanda se planteó la inconstitucionalidad de la norma. Allí indicaron que la norma amenaza derechos políticos, restringe el desenvolvimiento partidario, criminaliza la protesta social, aspectos que colisionan con la Constitución Nacional y las normas internacionales.

Además, solicitaron como medida cautelar la suspensión del protocolo hasta tanto se resuelva el planteo principal. La jueza Servini se declaró incompetente por considerar que no se trata de un asunto de derecho electoral sino de un juicio de naturaleza contencioso administrativa. Ahora, se deberá sortear el magistrado que deberá resolver en el expediente.

Por otro lado, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) junto a otras organizaciones de derechos humanos también objetaron el protocolo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y también frente a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. 

Asimismo, la Confederación General del Trabajo de la República Argentina (CGT-RA) conjuntamente con  la Central Autónoma  de Trabajadores y Trabajadoras de la Argentina (CTA-T) y la Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma (CTA-A), solicitan la intervención con carácter de urgente del Director General de la OIT y la remisión de la denuncia por violaciones al Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación.

“La nueva reglamentación de la protesta social soslaya claramente derechos y garantías  constitucionales básicos así como también las instituciones democráticas de nuestro país”, aseguraron en el escrito. Y agregaron: “También el anunciado protocolo muestra que hay una clara y manifiesta decisión de criminalizar la protesta y de sustraerla de su ámbito jurisdiccional que es el socio laboral para trasladarla al fuero penal”.