“Le hemos pedido al Presidente de la Corte que por favor se ocupe de tratar el tema y solo recibimos silencio”. Esa frase fue emitida por el presidente Alberto Fernández. Fue en el marco de la presentación del Programa Acompañar para víctimas de violencia de género, y se refería a la aplicación de la ley Micaela. 

Horas más tarde, la Corte Suprema le contestó al presidente de la Nación, destacando que la Oficina de la Mujer del Máximo Tribunal “desarrolla la coordinación y gestión de los programas de capacitación para la incorporación de la perspectiva de género tanto en la prestación del servicio de justicia como en el ámbito de las relaciones laborales que su ejercicio involucre”.

Aseguraron, a su vez, que “desde su creación ha llevado adelante un proceso de sensibilización en Perspectiva de Género y capacitación de Violencia Doméstica, Debida Diligencia, Delitos sexuales en contextos de crímenes de Lesa Humanidad, Trata de personas con fines de explotación sexual, Factores e Indicadores de Violencia Doméstica, Lenguaje y Género, entre otras actividades".

La respuesta fue formal, moderada. Antes, Fernández había manifestado su “preocupación” con la Corte debido a que “en el Estado Federal dos de los tres poderes, el ejecutivo y el legislativo, han avanzado en implementar esa ley, respetarla, generar conciencia de la igualdad y de los derechos de la mujer. Esta demora la tenemos lamentablemente en el Poder Judicial”.

“Si no entienden la dimensión del problema y no quieren asumir la necesidad de reconstruirse que tienen algunos, entonces estamos en un problema”, aseveró Fernández, que también criticó al presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz, por su posición respecto a los traslados de los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi.