El juez porteño Roberto Andrés Gallardo acumula varias polémicas en su carrera por diferentes decisiones judiciales. Pero en los últimos días quedó en el centro de la escena tras suspender el Sistema de Reconocimiento Facial de Prófugos y ordenar allanamientos en las oficinas del Centro de Monitoreo Urbano y el Ministerio de Justicia de la Ciudad.

El magistrado fue recusado por el Gobierno porteño para apartarlo de la causa. Desde la Ciudad consideran que resolvió con "flagrante parcialidad" y un "ataque a este sistema integral de seguridad”.

Esta causa, sin embargo, ahora derivó en una denuncia penal impulsada por el ministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D'Alessandro, quien acusó a Gallardo de "excederse en sus funciones, ordenando medidas probatorias que vulneran los derechos de la comunidad, atentan contra la seguridad pública y contra la libertad de los funcionarios pertenecientes al presente ámbito ministerial".

D'Alessandro sostuvo, asimismo, que la decisión es "manifiestamente injusta y de mala fe" y que actuó en función de su "propia agenda litigiosa y política". "Se apropió del expediente, se subrogó en los derechos y facultades de los litigantes, suplió sus omisiones, ordenó medidas de prueba no requeridas, soslayó trámites esenciales", continuó.

También apuntó contra el titular del Juzgado Contencioso Administrativo y Tributario n° 2 por los allanamientos, argumentando que fueron "injustificados" y una “excursión de pesca”.

"No se trata aquí de una simple queja por un comportamiento judicial arbitrario que podría ser salvado en el trámite recursivo de la causa. Por el contrario, el proceder del magistrado encuadra de forma típica en la descripción que contienen tipos penales", concluyó el ministro en su denuncia.