Tribunales pone primera: con la mira puesta en las causas políticas y de espionaje
Como es costumbre, Comodoro Py toma la posta en los expedientes que involucran a la actual vicepresidenta Cristina Kirchner. La tensión generada por la marcha contra la Corte y la situación inestable del Consejo de la Magistratura también marcarán la agenda judicial de las próximas semanas.
Después del clásico receso veraniego de los tribunales, la actividad judicial se reanuda con varios frentes abiertos y que involucran a los principales actores de la política. Un clásico de hace varios años involucra a Cristina Kirchner y a las distintas causas donde está imputada, luego de un fin de año donde cosechó varias buenas noticias.
Del otro lado, Mauricio Macri insistirá con que la causa por espionaje donde está procesado pase a Comodoro Py, donde ya se le bajó el tono al expediente principal que investiga las distintas tramas de espionaje ilegal llevado adelante durante el gobierno de Cambiemos.
Este mismo martes, el Tribunal Oral Federal 2 reanudará el juicio “Vialidad-Obra Pública”, la única causa que la actual vicepresidenta tiene en etapa de realización del debate oral. Tras un proceso que va camino a cumplir los tres años, se vienen las declaraciones en rol de testigos de varios políticos que actualmente ocupan cargos relevantes dentro de la estructura nacional.
El presidente Alberto Fernández, en su rol de ex jefe de gabinete durante el gobierno de Néstor Kirchner, tendría que asistir el próximo 8 de febrero. Sin embargo, fuentes oficiales confirmaron a Data Clave que el mandatario retornaría al país después de su gira por Rusia, China y Barbados recién durante la madrugada del miércoles 9 de febrero. En esa línea, el propio Fernandez confirmó en un programa de televisión que se presentará en tribunales de forma presencial el próximo 15 de febrero.
Quien todavía mantiene la cita del 8 de febrero es el actual ministro de Seguridad Aníbal Fernández. Este martes deberían presentarse el ex secretario de Legal y Técnica Carlos Zaninni (y actual procurador del Tesoro) y Juan Manuel Abal Medina, también ex jefe de Gabinete. El próximo 7 de febrero están previstas las declaraciones de Sergio Massa y Jorge Capitanich. Cabe resaltar que todos los que actualmente son funcionarios podrían brindar su testimonio de manera escrita, ya que el Código Procesal Penal los autoriza debido a sus funciones.
El juicio por Vialidad tendría que comenzar la etapa de alegatos este año, con la especulación de una posible sentencia también dentro de 2022. No obstante, son otros los expedientes donde la vicepresidenta espera que se confirmen las resoluciones que la desvincularon. Se trata, por un lado, del caso “Memorándum con Irán” y la resolución en los expedientes hermanos “Hotesur-Los Sauces”. Ambos procesos están en la Sala I de la Cámara de Casación, la misma que desvinculó en Dólar Futuro a Cristina.
Dentro del mundo Comodoro Py, también se encuentra el expediente por el espionaje ilegal, que comenzó tramitándose en la justicia federal de Lomas de Zamora. Tras ser freezado durante meses, la Cámara Federal avaló la hipótesis de cuentapropismo y lo dejó reducido en cuanto a relevancia. Esa línea es la que sectores del macrismo esperan que prospere en la causa donde Macri fue procesado por el presunto espionaje a familiares de las víctimas del hundimiento del ARA San Juan. Con el expediente del falso abogado Marcelo D’Alessio ya en la órbita de la justicia federal de Retiro, la posibilidad de que arrastre los otros expedientes involucrados (ARA y el caso de las bases de la AFI instaladas en la provincia de Buenos Aires) es muy alta.
Si bien Py domina casi siempre la agenda política, durante la feria se destaparon dos temas que se mantienen por ahora lejos de esa órbita. Se trata, por un lado, de los reclamos por el pase sanitario y, por el otro, de lo sucedido con la mesa donde funcionarios del gobierno de María Eugenia Vidal, empresarios y agentes de la AFI aparecen comentando y “armando” una causa contra el sindicalista “Pata” Medina.
Por fuera de lo estrictamente penal, y tras 20 años de tramitación, la Cámara Comercial tiene para revisar la quiebra del Correo Argentino S.A., un expediente que involucra al Grupo SOCMA y donde el ex presidente Macri tiene particular interés. Hay que resaltar que una de las integrantes de la Cámara María Lilia Gómez Alonso tramita actualmente un amparo que le permita quedarse en su puesto más allá de sus 75 años. En paralelo, corre un expediente a cargo de Ariel Lijo sobre los alcances que tuvo durante el gobierno de Macri una propuesta “ruinosa” para el Estado para cerrar el proceso comercial y que no tuvo hasta ahora demasiados expedientes.
Mientras tanto, la crisis política que atraviesa el Frente de Todos se ve cristalizada en el “no rumbo” de la estrategia judicial. La marcha contra la Corte Suprema de Justicia, motorizada por un sector del kirchnerismo, caerá también bajo el manto de responsabilidad del oficialismo, a pesar de que sectores cercanos al albertismo no estén de acuerdo con la convocatoria. Esa misma crisis hará difícil el tratamiento de los proyectos que tanto el Gobierno como la oposición presentaron para el Consejo de la Magistratura, un organismo que corre riesgo de “shutdown” a partir del 16 de abril.