El juez federal Ariel Lijo envió a juicio oral y público la causa en la que se investigó a la Escuela de Yoga de Buenos Aires (EYBA), que operaba en el barrio porteño de Villa Crespo, que tiene 17 personas procesadas por los delitos de asociación ilícita, trata de personas con fines de explotación sexual y lavado de activos.

El juez dispuso la clausura parcial de la investigación tras el pedido del fiscal federal Carlos Stornelli y la fiscal federal de la unidad anti trata Alejandra Mangano, al rechazar los pedidos de sobreseimiento y las nulidades planteadas por las defensas. 

Enfrentarán el juicio el líder Juan Percowicz, como también Marcela Sorkin, María Susana Barneix, Ruth Viviana London, Susana Mendelievich, Mario Alberto Leonardo, Gustavo Aníbal Rena, Georgina Ivonne Hirschfeld, Marcela Argüello, María del Carmen Giorgi, Daniel Eloy Aguilar, Alicia Arata, Silvia Alicia Herrero, Luis Romero, Horacio Vesce, Daniel Gustavo Trepat Fryd, y Federico David Sisrro. Todos se encuentran en libertad luego de permanecer meses con prisión preventiva.

La EYBA venía siendo investigada como una organización coercitiva, formada bajo una fachada filosófica del yoga. La misma se organizaba verticalmente en jerarquías que iban del 4 al 7. En la cúspide se encontraba Percowicz, a quien denominaban “el ángel”, “maestro” o “papi”, según se desprende del expediente.

Para los fiscales se trataba de “una organización vertical compuesta por distintos niveles en cuya cúspide se encontraba él, en el marco de la cual, para obtener su reconocimiento y ascender en las jerarquías, había que seguir sus órdenes. Durante ese período, la asociación ilícita acogió y explotó sexualmente a un grupo de mujeres, las cuales eran consideradas “alumnas” de la escuela, y constituían una de las principales fuentes de ingresos de la organización”.

En el requerimiento se deja constancia de que los directivos de la EYBA "captaron y acogieron, a cuanto menos siete mujeres con el propósito de explotarlas sexualmente, también entre 2004 y el 12 de agosto de 2022, tanto en nuestro país como en el extranjero, con personas de elevado poder económico para los cuales -de acuerdo con el tipo de servicios que requerían y abonaban- las víctimas podrían convertirse en sus esclavas sexuales. Asimismo tenemos por acreditado que dichas explotaciones se han visto consumadas. Con el objeto de sostener tal explotación durante el periodo consignado utilizaron prácticas coercitivas para de ese modo, lograr el acatamiento a las órdenes del jefe y de quienes lo secundaban aún cuando se negaran, las cuestionaran, aprovechándose así de su situación de vulnerabilidad".

Para los investigadores, el sistema de jerarquías y la supuesta “evolución” para que los captados pudieran convertirse en “ángel” era la fachada para un objetivo económico de los imputados: “alcanzar mil millones de dólares” en quince años, dinero que debían recaudar también sus víctimas, según surge del expediente. Para alcanzar este objetivo, Percowicz y sus socios en el plan dispusieron una organización jerárquica con división de funciones y control de las metas propuestas.

De acuerdo a la Fiscalía Federal y la Procuraduría, la organización operaba a través de una "clínica" denominada "CMI Abasto", que funcionaba sin la debida autorización y en la que se ofrecían ilegalmente tratamientos médicos. Asimismo, contaba con una banca bautizada como "banquito" que administraba el patrimonio de los adeptos, un estudio jurídico y un área contable que llevaba adelante la administración de los bienes.

En la jerga interna de la organización, a las víctimas explotadas sexualmente les decían "las plantitas" y formaban parte de una unidad de negocios referida como el "Botánico". La investigación detectó que en 2020 había al menos 28 "plantitas" que eran explotadas en Buenos Aires, Nueva York, Chicago, Las Vegas y Londres.