El Tesoro Nacional comenzó a distribuir los $145.000 millones generados hasta este lunes por el Aporte Solidario y Extraordinario para la compra de vacunas, medicamentos, asistencia a las Pymes y los trabajadores, y subsidios a la energía, en el marco de las necesidades que impuso la pandemia del COVID-19.

El Aporte “tiene un gran valor para lidiar con los complejísimos desafíos que trae la pandemia”, dijo el ministro de Economía, Martín Guzmán,  a través de un comunicado en el que dio a conocer el destino de esos fondos.

Guzmán explicó que desde su cartera “cada paso que damos lo hacemos con el objetivo de tranquilizar la economía” como parte de “un camino en el que el Gobierno y el Congreso de la Nación trabajan de la mano”.

Tweet de Martín Guzmán

Estos primeros $ 145.000 millones, cobrados hasta el 27 de mayo a contribuyentes con patrimonios superiores a los $200 millones, se destinaron en un 25% en subsidios al sector gasífero, 20% a financiar la política sanitaria; otro 20% a subsidiar a las PYMES para sostener los puestos de trabajo; 20% en las becas Progresar, y 15% para mejorar condiciones habitacionales de los barrios populares, tal como lo estableció la Ley 27.605.

Este “Aporte” prevé recaudar 223.000 millones este año, el único en que se aplicará. Alrededor de 90 grandes contribuyentes han interpuesto distintas medidas de amparos ante la Justicia para no pagar lo que algunos nombraron como un “Impuesto a la Riqueza”. Entre los más conocidos se encuentran Carlos Tévez, Matilde Noble Mitre, Alejandro Saguier, Constancio Vigil, Artín Kalpakian y Eduardo Kalpakian, entre otros.

También realizaron presentaciones Cristiano Rattazi, Pilar Pérez Companc, Luciana Benotti, Renatro Cirelli, Jorge Luis Oubiña, Alicia Humuzia, Enrique Peláez, Carlos Sánchez Álzaga y Viviana Novelle, según la consulta pública disponible en el sistema web del Poder Judicial de la Nación.

En medio de estas presentaciones, en las que se ponen en duda la constitucionalidad de este “Aporte”, al que consideran un impuesto adicional, a fines del mes pasado, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) habilitó la posibilidad de realizar ejecuciones fiscales y solicitar medidas cautelares sobre las personas alcanzadas que no cumplieron con sus obligaciones.

A través de la resolución general 4996/2021 publicada el 26 de mayo en el Boletín Oficial, el organismo dispuso asimismo que, aquellos contribuyentes con patrimonios superiores a los $ 200 millones que adeuden el pago, podrán regularizar su situación a través de planes de pagos que estarán vigentes hasta el 30 de setiembre.