Tal vez el ministro de Economía, Sergio Massa, cuando anunció que vendería los bonos en dólares que están en manos del Estado, mayormente en el Anses, y que a cambio de les entregaría un título en pesos, no previó las complicaciones de esa operación.

Esta medida, anunciada a días de que termine marzo, se adoptó porque las reservas líquidas del banco Central están exhaustas. En el primer trimestre del año vendió US$ 3.000 millones, y si cerró marzo con un saldo favorable de US$ 2.500 se debió a los US$ 5.300 millones que entraron a último momento del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Sin embargo “dentro de unos meses, se necesitan ‘otras fuentes’ para pagarle al FMI”, advirtió el economista Fernando Marrul.

Tweet de Fernando Marull

Por eso es que Economía lanzó este “canje interno” en el cual vende unos US$ 4.000 millones en bonos en dólares, tanto bajo jurisdicción local como extranjera, que tiene el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) y le da a este organismo dependiente del Anses nuevos bonos en pesos.

Con eso cumple un doble rol, por un lado presionar hacia la baja las cotizaciones del dólar en el mercado financiero atada a estos títulos, pero también se hace de “pesos” que el Estado necesita para hacer frente a la falta de ingresos por la menor exportación de cereales.

El canje, que si bien ya fue anunciado en el Boletín Oficial pero aún espera nuevas regulaciones para poder estar operativo, tuvo un efecto inmediato en el precio de los bonos. Los títulos en dólares cayeron entre el 3 y 5% y el Riesgo País superó los 2.500 puntos, en una marca que no veía desde principios de noviembre último.

Además de las críticas de la oposición, desde el IERAL advirtieron que “más allá de lo oneroso que resulta desprenderse de títulos, que rinden 45 % anual en dólares y de los interrogantes legales de la medida, hay que subrayar la escasa potencia del instrumento”.

Si se lograra reunir poco más de un billón de pesos por la venta de estos títulos, “esa cifra no se compara con vencimientos de títulos en manos del sector privado estimados en 6,2 billones para abril-septiembre”.

La casa de estudios de la Fundación Mediterránea apuntó a que “todo indica que seguirá siendo necesaria la participación del Banco Central en el mercado secundario de títulos en pesos, por lo cual las presiones inflacionarias y la brecha cambiaria seguirán a la orden del día”.

Pero como si esto no fuera suficiente, la decisión del Massa de poner esta medida bajo la supervisión de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, abrió un nuevo frente de conflicto.

El economista jefe de FIEL, Juan Luis Bour advirtió: “¿qué pasa si la Facultad le dice que ’no’. No hacen el canje? Y si le da la aprobación, porque es favorable para los intereses del Anses ¿que pasará con los otros tenedores de esos bonos si quieren entrar al canje? Porque si les dicen que no, eso puede abrir el camino a nuevos juicios, y complicar aún más el manejo de la deuda”.

Las palabras de Bour se conocieron 24 horas antes de que una jueza de los Estados Unidos fallara en contra del Estado argentino porque no le hizo a unos tenedores de acciones de YPF la misma oferta que le brindó a Repsol a la hora de expropiarle la compañía petrolera.