El Gobierno se apresta a publicar en las próximas horas un Decreto de Necesidad y Urgencia que marca las metas macroeconómicas acordadas con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para no pasar ante el Congreso y enfrentarse al eventual rechazo de aliados y opositores.

Esta norma, que forma parte de los compromisos asumidos por el Gobierno con el FMI, incluye una baja del déficit fiscal al 2,5% del PBI para este año (3% fue en el 2021) una asistencia de solo 1% del PBI del Banco Central al Tesoro, un aumento de tarifas de los servicios públicos, para bajar los subsidios, y menor asistencia a las provincias.

El ministro de Economía, Martín Guzmán, presentará de esta manera una modificación a la Ley de Administración Financiera, que de por si, le permite prorrogar las partidas del año pasado, pero con ciertos límites que no son los acordados con el Fondo.

Lo cierto es que Guzmán no está seguro de que el kirchnerismo, que ya le rechazó el acuerdo con el FMI el mes pasado, le vaya ahora a votar las nuevas metas, entre ellas, una suba del 44% en promedio de las tarifas eléctricas, en especial para la Capital Federal y el Gran Buenos Aires, o una restricción a de las transferencias a la provincias.

Tampoco quiere abrir la discusión al resto de la oposición, en especial a Juntos por el Cambio, de las metas  acoradas, como una inflación máxima de 45%, cuando todos los analistas privados la estiman en 59%, o un aumento de las reservas del Banco Central, ya que en el primer trimestre del año, las exportadoras liquidaron US$ 7.900 millones más que en enero-diciembre del año pasado, pero la entidad monetaria no pudo hacerse de fondos.

En el medio de este fárrago, la justicia federal de Córdoba tiene todavía que decidir si el cobro de retenciones es constitucional, ya que el Congreso rechazó el proyecto de Ley de Presupuesto presentado el 15 de septiembre del año pasado, pero que recién se trató a inicios de marzo.

Por su parte el diputado del PRO, Luciano Laspina consideró que: “Sería un escándalo que el gobierno apruebe un nuevo Presupuesto 2022 por DNU estando el Congreso en funciones”. 

Tweet de Luciano Laspina

“Si no logra aprobar la ley, como en diciembre, cuenta con las autorizaciones de prórroga que le otorga la Ley de Administración Financiera”, recordó Laspina a través de su cuenta de Twitter.

Laspina recordó que, según la Constitución Nacional “el Congreso aprueba el Presupuesto. Si no lo hace, la Ley de Administración Financiera sabiamente (SIC) le otorga facultades al PEN para seguir “usando” el último Presupuesto. Incluso podría subir techos presupuestarios (polémico) por DNU”.

“¡Lo que nunca se ha hecho en la historia es una Ley de Presupuesto por DNU ! Con obras, programas, etc. fijados a espaldas del pueblo (Diputados) y de las provincias (el Senado). ¡Más si el Congreso está en funcionamiento!”, advirtió el legislador.