La aceleración inflacionaria de los primeros meses de 2022 amenaza con contraer el consumo y el nivel de actividad. En el gobierno analizan entregar bonos para AUH y jubilados y actualizar la tarjeta alimentaria. Subir salarios por decreto, la discusión que más enfrenta al equipo económico. 

Desde el sector del secretario de Comercio, Roberto Feletti, señalan que de no frenarse en breve el alza relativa de los precios frente a los ingresos, se puede pasar de un problema distributivo a uno productivo. La realidad es que el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, se enfrenta cada vez más con el titular del palacio de hacienda, Martin Guzmán, al que señala como el qué menos preocupado está por el aumento sostenido de precios.

La preocupación que recorre la Casa Rosada es que si se reducen los niveles de consumo se 
pone en riesgo el propio proceso de recuperación de la actividad económica, en un contexto en que las consecuencias de los nuevos precios internacionales producto de la guerra entre Ucrania y Rusia ya empezaron a materializarse.

De acuerdo a los datos del centro estudios económicos y sociales Scalabrini Ortiz (CESO), en marzo se registró una variación semanal del 2,2% entre el 7 y 14 de este mes, y la 
variación mensual de Alimentos Secos (7,7%) y Alimentos Frescos (6,3%). Números alarmantes que si se traducen en una escalada de precios que se come los ingresos de la población, el crecimiento del consumo de los últimos meses se interrumpirá y también la mejora en los indicadores sociales como la pobreza y el desempleo, que es lo que más teme el gobierno. 

Y por eso que otra vez ya en el gobierno surgió la posibilidad de que antes de mediados de año se lancen nuevos bonos AUH, para  jubilados y una actualización de la tarjeta alimentaria. También se analiza una suba por decreto en el salario mínimo vital y móvil al que se ajustan otros programas sociales.

Lo cierto es que uno de los escollos más importantes que hoy atraviesa el área económica del gobierno para aumentar por decreto los salarios estaría en el despacho del ministro de trabajo, Claudio Moroni, quién cree que es inviable pedirle a los empresarios que suban salarios por decreto. Tampoco Martín Guzmán ve con buenos ojos esa medida, ya que es una de las que más rechazan los técnicos del FMI que llegarán en mayo a la Argentina. Una pelea que parece todavía está en el primer round en un país en donde los salarios están al borde del nocaut.