En las últimas tres semanas los femicidios volvieron a ocupar la primera plana de los medios de comunicación. No es que no existiesen anteriormente o hayan disminuido, sino que hacía tiempo que habían dejado de tomar notoriedad masiva.

El caso de Úrsula Bahillo, asesinada de 15 puñaladas por su exnovio, Matías Martínez, el 8 de febrero en Rojas, volvió a poner el tema en la agenda mediática y política. El femicida de 25 años se desempeñaba como policía en la provincia de Buenos Aires. A pesar de que la joven de 18 años había realizado varias denuncias en su contra, estas fueron desoídas. Y el desenlace fue fatal.

Días después el presidente, Alberto Fernández, anunció la creación del Consejo Federal para el Abordaje de Femicidios, Travesticidios y Transfemicidios.

“Para poner fin a estos hechos aberrantes necesitamos llevar adelante estrategias coordinadas entre el Gobierno nacional, las provincias y los municipios de la Argentina, que ayuden a prevenir e identificar situaciones de riesgo y garantizar un Estado que responda con celeridad”, indicó el primer mandatorio en Twitter.

 

Alberto Fernández on Twitter

 

Al ser consultada por Data Clave sobre este nuevo organismo del Gobierno Nacional, Silvia Ferreyra, coordinadora del Observatorio Mujeres de la Matria Latinoamericana (MuMaLa), dijo: “Siempre vamos a saludar cualquier avance institucional que se realice en pos de mejorar las políticas actuales”. Recordó que el año pasado ya se habían reunido representantes del ministerio de Seguridad, del ministerio de las Mujeres, del ministerio de Justicia y el secretario de la Presidencia al inicio de la pandemia para pensar en una articulación, porque ya se sabía que la cuarentena iba a impactar en mayores situaciones de violencia.

Sin embargo, Ferreyra advirtió que el Consejo “debiera ser política cotidiana” y que la principal falencia tiene que ver con “llevar” las propuestas “a la práctica”, con los recursos económicos, con los materiales y recursos humanos suficientes “para no quedar en las buenas intenciones, sino fundamentalmente para poder revertir la realidad que tenemos desde hace años”.

“Falla la bajada a Tierra de todo lo que ya está escrito. Nosotros tenemos normas y leyes que son vanguardia en Latinoamérica en materia de violencia machista. Tenemos protocolos también al interior de las fuerzas de seguridad que nadie los aplicas. Tenemos herramientas que podrían servir para brindar rápidamente respuesta y, sin embargo, estamos con una situación tan similar a la del 3 de junio del 2015”, cuestionó Ferreyra.

En relación a esto, resaltó que hay avances que no se aplican en el día a día. “En definitiva, en cada una de las localidades donde sucede la vida cotidiana de quienes atraviesan esta situación, a lo sumo hay una o dos personas en el área de género municipal encargadas de decirte en dónde tenés que hacer la denuncia y punto. Puede haber una psicóloga que atiende una vez a la semana, una abogada, pero está muy por detrás de la demanda que requiere este tipo de atención”, explicó la activista.

Según datos del Observatorio MuMaLa “Mujeres, Disidencias, Derechos”, en lo que va del 2021 se registraron 69 muertes violentas de mujeres, travestis y trans, mientras que hay un femicidio cada 30 horas aproximadamente. Además, también hubo 64 intentos de femicidios.

 

 

Otro de los casos que tuvo gran repercusión fue el de Guadalupe Curual quien fue asesinada en Villa La Angostura por su expareja Bautista Quintriqueo. El hombre contaba con una orden de restricción de acercamiento, tras tener tres denuncias en un año y medio. El femicida intentó suicidarse y murió este martes.

Ferreyra consideró que lo que está fallando para poder reducir los femicidios puede dividirse entres fallas en la urgencia y fallas en la prevención. Señaló que en el caso de Ursula “confluyeron todas las fallas del Estado” para poder dar respuesta a las situaciones de violencia machista.

“En primera instancia, está la atención en la urgencia, cuando ya hay una situación límite, cuando está en riesgo de vida o la salud de las personas que denuncian. En este caso, sabemos que cuando hay situaciones límite una llama al 911, a la fuerza de seguridad y trata de instrumentar las medidas en la Justicia, en avanzar con una denuncia. Lamentablemente no es lo que se da en la gran mayoría de los casos”, dijo Ferreyra.

Según el relevamiento del observatorio MuMaLa, solo el 20% de las víctimas de femicidios acudieron al Estado a buscar ayuda o a denunciar. Un 80% de las víctimas de femicidios no lo hicieron por falta de confianza, por falta de seguridad de que con esa denuncia vaya a cambiar algo en su situación de vida. “Es esa falla del Estado la que da cuenta de lo mucho que nos falta. Falla en el término de la emergencia. Falla cuando las fuerzas de seguridad que son quienes deberían cuidarnos son parte del problema”, insistió Ferreyra.

Otro dato importante es que en lo que va del 2021, “el 17% de las víctimas de femicidios han sido asesinadas por agentes de las fuerzas de seguridad”, ya sea en actividad o retirados. Esto aumentó un 5% desde el mes de enero que era el 12%. El porcentaje da cerca de dos de cada 10. “No es poco. Acá en la policía bonaerense se difundió esta información de que hay casi 6000 efectivos que tienen denuncias de violencia machista y, sin embargo, el 80% de ellos continúan en su actividad”, advirtió la activista.

 

 

Al hablar de fallas en lo urgente, Ferreyra también menciona a la Justicia, “una parte importante de lo que hay que transformar junto con las fuerzas de seguridad”. “Ahí hay una connivencia muy fuerte entre los sectores de poder y la Justicia. Lo vemos con un montón de otras causas que tienen que ver con violencia institucional, con derechos humanos. En el caso de la policía bonaerense es bien claro que la justicia miraba a otro lado cuando había serias evidencias de por dónde estaba la responsabilidad de esta fuerza de seguridad”, indicó.

En cuanto a las herramientas para la prevención de los femicidios, Ferreyra mencionó a “la Ley Micaela y la Educación Sexual Integral” como “las dos espadas que tenemos”, pero “no están bien aplicadas”.

“La Ley Micaela va más allá de realizar talleres para poder garantizar esa mirada. Hay prácticas que están fuertemente enraizadas que no se van a resolver con un taller o una charla”, destacó la activista y agregó que la normativa debe ampliarse para que los funcionarios “entiendan de qué se trata cuando hablamos de perspectiva de género”. También propuso que se haga extensivo a todas las instituciones de la sociedad, como las deportivas, las de cultura y los medios de comunicación.

Adicionalmente, Ferreryra sostuvo que la Ley de ESI, que no se aplica en todas las provincias, es importante porque “permite ir más allá de la sexualidad y problematizar estos estereotipos culturales sobre los que anida la violencia”. Destacó la importancia de “poder forjar nuevas masculinidades que vayan más allá de la dominación, de la opresión, de la necesidad de forjarla a través de la violencia o de la fuerza”.

El informe de MuMaLa también reveló que más del 70% de los femicidios se cometen en los hogares de la víctima o en un hogar compartido. “Las personas que atraviesan esta situación conviven con su agresor, con la persona que tiene serias posibilidades de terminar con su vida. Esa situación es ajena al funcionamiento administrativo del Estado. Nosotras estamos siempre ahí, sosteniendo cuando el Estado está ausente”, enfatizó Ferreyra.

 

 

Proyecto de Ley “Emergencia Ni una menos”

MuMaLá envió un proyecto de Ley para declarar la emergencia nacional en violencia de género en el 2019, el cual perdió estado parlamentario. Junto al movimiento Mujeres Socialistas, volvieron a mandarlo al Parlamento, a través del diputado del Bloque Socialista, Enrique Estévez. Este miércoles lo presentarán a las 15.30 frente al Congreso Nacional (Entre Ríos y Rivadavia) y habrá puntos de concentracidón en todo el país. 

La iniciativa contempla 14 medidas concretas que “podrían modificar la situación vigente en materia de violencia machista y en particular de los femicidios”. Los puntos principales son que haya una mayor asignación presupuestaria para varios aspectos: fortalecer los equipos que están a cargo de la asistencia en cada una de las localidades; poder conseguir más dispositivos electrónicos duales (muñequeras y tobilleras) para poder garantizar las medidas de protección que libra la Justicia; garantizar el seguimiento de estos dispositivos electrónicos y el monitoreo para ver si efectivamente se violan las perimetrales; y asignar una asistencia económica a las víctimas que lo soliciten.

“Hasta ahora tenemos el programa Potenciar Trabajo que designa un ingreso mínimo a las víctimas de violencia, pero su entrada es muy burocrática. Se tardan meses  hasta sortear todos los requisitos para garantizar este ingreso a quienes lo solicitan”, aclaró Ferreyra.

Adicionalmente proponen más asistencia psicológica y aumentar el patrocinio jurídico gratuito, una política clara de desarme a las fuerzas de seguridad, mayor inversión por parte del Estado en todas las organizaciones que conforman las redes de asistencia a las personas que atraviesan situaciones de violencia, y que exista un registro único de las denuncias de los agresores. “Tenemos varias denuncias en distintos fueros respecto a un mismo agresor y tiene que haber una sincronicidad, una estrategia en común, porque estamos poniendo en cabeza de una sola persona varias denuncias y eso no necesariamente se puede analizar en su integridad, tal como está establecido hoy el sistema administrativo de la Justicia y las fuerzas de seguridad”, cuestionó Ferreyra.