Luego de un año de congelamiento de los alquileres, una decisión tomada en el marco de la emergencia por el avance de la pandemia, a partir del 1 de abril los contratos podrán actualizarse y las familias que hayan acumulado deuda deberán acordar planes de pago de hasta 12 cuotas contemplados en la normativa o enfrentar juicios de desalojo.

Con un ruidazo, Inquilinos Agrupados, realizó un reclamo para la extensión por el plazo de un año más para la suspensión de los desalojos. “Además de tranquilizar la economía hay que tranquilizar la vida de los más golpeados por la pandemia. Miles de familias van a quedar en la calle a partir de mañana”, dijo su líder, Gervasio Muñoz.

A principios de marzo, el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, había anticipado que no se extenderá la extensión del decreto y afirmó que a partir de abril "no habrá posibilidad de desalojos sin mediación", una instancia que se creó en la nueva Ley de Alquileres.

Protocolo de desalojos

El Gobierno asistirá a las familias que se encuentren en situación de desalojo, ante el inminente vencimiento, este miércoles 31, de la vigencia del decreto que prorrogaba automáticamente los contratos de los alquileres y prohibía desalojos.

A través de la Resolución 88/2021 publicada en el Boletín Oficial, el Ministerio de Desarrollo Territorial instruyó a la Secretaría de Desarrollo Territorial a elaborar y aprobar el “Protocolo Nacional de Alerta Temprana de Desalojos de Vivienda Única y Familiar en Regímenes de Alquileres Formales”.

Para esto, se convocó al Ministerio de Justicia y a otros organismos nacionales, y se invitó a aquellos organismos provinciales pertinentes a la suscripción de convenios de cooperación, con el fin de recabar información sobre solicitudes de procesos de mediación y sobre existencia de sentencias judiciales de desalojo, en los casos comprendidos en contratos de locación alcanzados por el Decreto 320/20 y sus sucesivas prórrogas y modificaciones, que congelaron los valores de los alquileres y prohibieron los desalojos.

Asimismo, el Ministerio instruyó a la Secretaría a arbitrar los medios necesarios para coordinar acciones de colaboración y cooperación con los entes ejecutores provinciales y locales de los proyectos de viviendas construidas con aportes del Estado Nacional, con el fin de abordar soluciones habitacionales para aquellos hogares que requieran asistencia pública.