En la provincia de Santa Fe, los delitos de sangre son generalmente de manufactura plebeya, pero, casi siempre, tienen conexión directa con las estructuras de poder de impronta mafiosa que controlan -o, mejor, que forman parte de- los poderes públicos. 

La criminalidad organizada se vale de la protección estatal como condición de existencia, de perduración y de expansión, pero no hay ningún caso en el país en el que el vínculo entre una y otra sea tan inmediato y explícito como en la provincia litoraleña. 

Los cuatro casos más pomposos de las últimas crónicas policiales santafecinas dan cuenta de ello. Son hechos patentes cuyo abordaje institucional -la investigación fiscal- significó una anomalía intempestiva que puso al descubierto lo que la mayoría de la política y la sociedad lugareña intenta ocultar con la laboriosa colaboración de la patraña mediática y mediante el sistemático apoyo electoral que la población aldeana le brinda a ese bloque histórico de poder que gobierna el terruño desde hace una década y media.

Los casos

El asesinato de Lucio Maldonado: los ojos puestos en la entente progresista-peronista.

En noviembre de 2018, el prestamista Lucio Maldonado fue secuestrado en la puerta de su domicilio en el barrio rosarino de La Tablada. Dos días después fue hallado sin vida con las manos atadas y tres tiros en el cuerpo. Uno de los hombres que integró el grupo a cargo de la operación escoltó el vehículo que trasladaba a Maldonado con el propio auto de la víctima. Por ese hecho, los fiscales que condujeron la pesquisa pudieron dar con el domicilio donde había estado detenido el automóvil de Maldonado: una quinta en la zona de Piñero, a 15 kilómetros de Rosario. Al buscar los datos del inmueble en los registros propietarios, surgió que el usufructuario era Esteban Lindor Alvarado. El allanamiento de este lugar y otros que le siguieron permitió dar con documentos que vinculaban a Alvarado con actividades económicas y maniobras financieras espurias.

Alvarado fue imputado como instigador de la muerte de Maldonado en febrero de 2019. En junio de ese año, y en base a la evidencia recolectada en la investigación por el crimen del prestamista, se le atribuyó el liderazgo de una asociación ilícita que funcionó desde septiembre de 2018 hasta finales de abril de 2019. Esta imputación fue ampliada en noviembre de 2019. Los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery explicaron el funcionamiento de la banda y dieron cuenta de que la misma contaba con tres estamentos. El primero, vinculado a las operaciones y la logística de la banda; el segundo, relacionado con la economía criminal y las finanzas de la organización; y, el tercero y último, conexo a la protección policial.

A mediados de 2022, Alvarado recibió la pena de cadena perpetua por liderar desde -por lo menos- 2013 una asociación ilícita destinada a una amplia gama de negocios ilícitos, con algunas empresas legales que fungieron como pantallas y con la eventual utilización de la violencia extrema. Por cierto, previo a la condena de Alvarado, otros integrantes de la organización recibieron penas menores en procesos abreviados.

La protección policial con la que contaba Alvarado era excepcional. Los policías Pablo Báncora, Luis Quevertoque, Marcelo David Rey, Martin Rey, Cristian Di Franco y Javier Makhat fueron condenados en procesos abreviados, en tanto que los efectivos Gustavo Spoletti y Gonzalo “Chino” Paz no fueron condenados, pero sí mencionados en distintos tramos de la investigación.

Ahora bien, Spoletti cumplió un papel preponderante para comprender la componenda política detrás de la protección policial de Alvarado. En el juicio oral, los fiscales exhibieron pruebas que vincularon a esta organización con Armando Traferri, senador provincial de Santa Fe por el departamento de San Lorenzo con Spoletti como intermediario. Al respecto, el fiscal Matías Edery fue enfático: 

[…] La organización de Alvarado nació, creció y subsistió con un gran componente estatal-policial. […] Estos policías están desde el inicio de esa organización, con vínculos claros como el caso del comisario Cristian “Chamuyo” Di Franco, Gustavo Spoletti y Gonzalo “Chino” Paz, además de otros policías que fueron condenados en esta asociación ilícita. […] Ese mismo grupo de policías, que después se fue todo a la Unidad Regional XVII de San Lorenzo, son los mismos policías que tienen vínculos con el senador Traferri, a los cuales él mismo les dice “yo debo preservarlos” […].

Finalmente, en el marco del juicio oral contra Alvarado, los fiscales exhibieron pruebas que vinculaban a Spoletti con Traferri a través de Enrique “Perro” Andriozzi, un oficial retirado de la policía provincial. Eran mensajes en los cuales Spoletti le pedía a Andriozzi su intermediación para obtener, por un lado, un ascenso y, por otro, el archivo de una causa por enriquecimiento ilícito contra él que databa de 2014. Andriozzi le allanó el camino para obtener ambas cosas. El archivo se concretó de la mano de la entonces jueza y actual vicegobernadora de la provincia de Santa Fe, Alejandra Rodenas. El ascenso, en tanto, fue otorgado por el ex ministro de Seguridad y actual diputado provincial, Maximiliano Pullaro, en tándem con el ex jefe de Drogas Peligrosas, Alejandro Druetta, de estrechísima confianza de Pullaro y, actualmente, condenado por integrar una banda narco. Desde luego, toda la maniobra contó con la participación estelar de Traferri.

Finalmente, en junio de 2022, Esteban Lindor Alvarado fue condenado como jefe de la organización criminal de referencia y sentenciado a prisión perpetua por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 2 de Rosario.

El asesinato en el City Center: las travesuras de un fiscal regional y un senador.

En enero de 2020, Enrique Encino se encontraba en el sector fumadores del Casino City Center, en la ciudad de Rosario. De pronto, dos hombres en moto pasaron por el lugar y realizaron varios disparos contra el predio. Uno de ellos dio en la cabeza de Encino, quien, como consecuencia del hecho, falleció al día siguiente. Posteriormente, la investigación demostró que el plan criminal había sido orquestado desde la cárcel por “Guille” Cantero, y ejecutado por Maximiliano “Cachete” Díaz, por lo que éste fue detenido.  Díaz era un hombre de confianza de Cantero. Se dedicaba a las actividades de extorsión, recaudación, movimiento de dinero, investigación, “aprietes”, reclutamiento de “soldaditos” y sicarios, y organización de ataques. Parte del dinero que la banda de Cantero obtenía mediante las extorsiones se invertía en salas de juego clandestino ubicadas en distintos puntos de Rosario. El punto de contacto con este universo era Leonardo Peiti, un histórico capitalista del juego ilegal. 

Tiempo después, una persona acercó a la Agencia de Criminalidad Organizada de la Fiscalía de Rosario un teléfono celular, argumentando haberlo encontrado cerca del lugar donde se produjo la detención de Díaz. El dispositivo era, efectivamente, del ladero de Cantero. El peritaje del dispositivo permitió acceder a información sobre la trama criminal dedicada a las extorsiones y los casinos clandestinos y, a su vez, evidenció que la misma contaba con la complicidad de altos funcionarios del Ministerio Público de la Acusación de Rosario. 

En el marco de la causa, Peiti aseguro haberle pagado “ciomas” al Fiscal Regional de Rosario, Patricio Serjal, y al fiscal rosarino Gustavo Ponce Asahad. Serjal presentó su renuncia el día 3 de agosto de 2020. Un día después, Ponce Asahad fue imputado por brindar información de investigaciones a una organización vinculada a Cantero a cambio de retribuciones mensuales. Serjal, en tanto, también fue imputado el día 11 de agosto de ese año, acusado de recibir dinero de Peiti con el compromiso de transmitir información reservada, no investigar hechos que podrían constituir delitos, interferir en investigaciones vigentes, o demorar u omitir  dictámenes propios.

El escándalo del juego clandestino escaló hasta la cúpula de la Policía de Santa Fe y el entonces jefe de la institución, Víctor Sarnaglia, fue desplazado de su cargo por el ministro de Seguridad. Dentro del material secuestrado a Leonardo Peiti se hallaron anotaciones sobre los pagos mensuales que éste realizaba. Uno de ellos se destinaba a un individuo denominado “Sarna”, con lo cual la sospecha de la Fiscalía fue que “Sarna” era el jefe de la Policía o gente de su entorno. Sarnaglia solicitó licencia para ponerse a disposición de la justicia y desde el ministerio de Seguridad de Santa Fe pusieron en claro que no se aceptaría su regreso.

En diciembre de 2020, Ponce Asahad vinculó al senador departamental por San Lorenzo, Armando Traferri, con la red de juego clandestino:

Hay una pata política fortísima en esta investigación. Y no viene de ahora. La vinculación de Peiti con el Ministerio Público de la Acusación se produce a través del senador Traferri con el doctor Serjal en una reunión que mantuvieron […]. Estaba el senador en reunión con Serjal. Me entero porque entré a la planta baja y descendió el senador Traferri. Me dijo: ‘¿Vos sos Ponce Asahad? Pasame tu número que estoy en una reunión con Serjal’. Le di mi teléfono. Me dice ‘te hago una llamada perdida y agendame’. El senador hace la llamada a mi teléfono. Las antenas deberían darnos en el mismo lugar. […]. No tenía su teléfono. Me hace la llamada perdida y yo lo registré como senador Traferri. Así tienen que haberlo visto los fiscales en mi teléfono al haberlo secuestrado. Deduzco que es el teléfono oficial del senador. En alguna oportunidad me dijo si tenía otro teléfono para comunicarme. Él tiene que tener otro teléfono, evidentemente. A mí me llamó el senador y me preguntó si podía recibir a Peiti. Fue en el bar Batatas & Poemas de la avenida Pellegrini. Esto fue cuando Serjal ya era el regional. ‘Andá, atendelo, escuchalo y después me comentás’. Me dijo Peiti que había pensado que iba a ir Serjal porque ‘así habían quedado con el Pipi’. Ese es el apodo del senador Traferri.

Los fueros con los que contaba Traferri impidieron avanzar contra él en la investigación. Luego de un marcado conflicto institucional entre los tres poderes del Estado, los fiscales a cargo de la investigación, encabezados por Schiappa Pietra, no obtuvieron el desafuero de Traferri y, finalmente, no pudo ser imputado. Actualmente, sigue ejerciendo desde su banca en el Senado provincial. Los fiscales, en tanto, mantienen vigente la disputa legal solicitando la inconstitucionalidad de los fueros del legislador provincial. La última actualización data de marzo de 2023, cuando la Procuración General de la Nación invalidó el fallo a favor de la inmunidad del senador de San Lorenzo. Ahora está en manos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

El asesinato de Hugo Oldani: el tembleque del “círculo rojo” santafesino.

En febrero de 2020, se produjo el homicidio de uno de los más importantes empresarios turísticos de la ciudad de Santa Fe, Hugo Oldani. El hecho fue consumado por tres criminales en su local ubicado en pleno centro de la ciudad. Oldani recibió un disparo en el abdomen y perdió la vida esa misma noche. Inicialmente, la investigación estuvo a cargo de la fiscal de homicidios, Cristina Ferraro, quien con premura caratuló a la misma como un homicidio en ocasión de robo. 

Los peritos a cargo de las labores forenses de la causa advirtieron que, al día siguiente del hecho, faltaban algunas cajas con dinero que estaban presentes el día del crimen. Pues bien, la noche del homicidio, Ferraro autorizó a los familiares de Oldani a retirar de la oficina más de un millón de dólares y más de tres millones de pesos. El entonces ministro de Seguridad de Santa Fe denunció penalmente a Ferraro por levantamiento indebido de la custodia de la escena del crimen, alteración de la misma y extracción de una suma millonaria de la agencia de turismo. La sospecha de Sain era que en la agencia de turismo funcionaba una cueva financiera o una mesa de dinero, motivo por el cual el entonces funcionario provincial también presentó una denuncia por presunto lavado de activos contra dicha empresa.

Ferraro era una funcionaria de estrecha confianza del Fiscal Regional de Santa Fe, Carlos Arietti, de estrecha relación con el mandamás histórico de la justicia lugareña, el cortesano Rafael Gutiérrez. Sin embargo, un informe presentado ante Arietti por la fiscal provincial Mariela Jiménez obligó al fiscal regional santafecino a apartar a Ferraro de la causa Oldani. En el mismo, Jiménez ratificaba los hechos previamente denunciados por el entonces ministro de Seguridad.

En paralelo, y a raíz de la denuncia del ministro, la justicia federal inició una investigación por intermediación financiera no autorizada, en la cual fueron procesadas diez personas. En el marco de estos procesamientos, el fiscal federal a cargo de la investigación, Walter Rodríguez, estableció que Oldani manejaba un negocio paralelo dividido en cuatro “modalidades no autorizadas”:

La obtención de dinero otorgado por terceros a favor de Hugo Oldani por tiempo determinado a cambio de una tasa de interés y con la posibilidad de renovación; la búsqueda de tenedores de cheques con intención de cederlos a cambio de dinero líquido que se entregaba a plazo y condicionado a acreditación bancaria, a quienes Oldani les descontaba un porcentaje; la colocación de los recursos financieros obtenidos en préstamos inmediatos como “rueda de auxilio” a favor de terceros en operaciones propias de aquellos y con escaso plazo de devolución,  préstamos de dinero con aplicación de intereses garantizado con la entrega de cheques propios del tomador y con opción de recupero en caso de devolución del efectivo con antelación a la fecha de vencimiento, y préstamos de dólares estadounidenses cuya devolución se pactaba en cuotas mensuales, con opción de pagarlas en moneda nacional, considerando la cotización de la divisa en el mercado informal al día de su cumplimiento; [y la] utilización del mecanismo en virtud del cual particulares ingresan divisas al país o las transfieren al exterior, a cambio de una comisión de servicio calculado sobre el monto de la operación.

La denuncia contra Ferraro fue objeto de un conflicto de competencias entre la justicia ordinaria y la justicia federal santafecinas. La defensa de la fiscal solicitó que la investigación quedara en manos de la justicia provincial, a través del Ministerio Público de la Acusación. Sin embargo, el planteo esgrimido por el fiscal federal Walter Rodríguez obtuvo la derecha debido a que la desaparición de pruebas agravada por el rol de funcionaria pública constituye un delito federal.

Finalmente, en junio de 2022, el juez Carlos Villafuerte Ruzzo, en subrogancia en el Juzgado Federal Nº 2 de Santa Fe, imputó a Ferraro como presunta autora de los delitos de “encubrimiento por favorecimiento real, agravado por la condición de funcionaria pública y abuso de autoridad”:

[…] Siendo Cristina Ferraro una Fiscal del Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe, resulta poco racional el hecho de no haber dispuesto el secuestro de tal cantidad de dinero hallado en el lugar o por lo menos su contabilización, toda vez que el mismo podría resultar el móvil del homicidio que se hallaba investigando o como en el caso que nos ocupa podría encontrarse relacionado con la comisión de otro delito. […] A partir del hecho de sangre que fuera víctima Hugo Ernesto César Oldani, fueron desplegadas acciones por parte de la Fiscal Ferraro, valiéndose de su condición de representante del Ministerio Público de la Acusación de la provincia de Santa Fe […] con el propósito ocultar su accionar y/o desviar cualquier averiguación relacionada con el dinero entregado de forma irregular a familiares de Oldani.

En noviembre de 2022, en tanto, Ferraro fue suspendida por su actuación en el denominado “caso Oldani”, por decisión de la Legislatura de la Provincia de Santa Fe -institución que detenta facultades disciplinarias sobre los fiscales del poder judicial provincial. En marzo de 2023, en tanto, la Cámara Federal de Rosario confirmó el procesamiento de Ferraro y, por este motivo, la legislatura santafecina reabrió su caso para considerar una eventual destitución. 

De esta forma, el homicidio de Oldani adquirió ribetes singulares y distintos actores del “círculo rojo” santafecino se abroquelaron para intentar sin éxito ocultar el irregular funcionamiento de un sector de la justicia provincial.

Todo hizo pensar al ministro de Seguridad provincial que el dinero rápidamente retirado de esa “cueva” tenía dueños muy poderosos de la ciudad asentada en un pantano.

El asesinato de Coto Medrano: las diabluras del nene.

El 11 de septiembre de 2020, Marcelo “Coto” Medrano fue asesinado en la ciudad de Granadero Baigorria, ubicada en el Gran Rosario. Medrano estaba vinculado al narcotráfico en el norte de Rosario y, años atrás, ocupó la jefatura de la barra brava del club Newell’s Old Boys.

En el marco de las labores investigativas por la muerte de Medrano, se peritó su teléfono. Allí se encontraron registros de operaciones financieras realizadas por “Coto” un día antes de su asesinato. Había comprado 17.500 dólares la financiera rosarina Cofyrco del centro de Rosario. Días después del crimen, uno de los fiscales a cargo de la investigación, Matías Edery, realizó contundentes declaraciones sobre dicha financiera: 

La responsabilidad de quienes manejan dinero ilícito es la misma del delincuente que dispara. En esa financiera, donde Marcelo “Coto” Medrano compraba dólares con regularidad, encontramos 175 documentos nacionales de identidad, esto significa que existía una operatoria para la compra ilegal de dólares. Con ese dinero hacían préstamos, cambiaban cheques, generaban una renta ilícita, es plata manchada de sangre. […] Todas estas personas que incorporan al mercado lícito dinero proveniente de actividades ilícitas colaboran con la violencia y con el clima actual que hay en la ciudad. No nos podemos desentender y pensar que solamente la violencia es culpa de los gatilleros. Las personas que le permiten a las grandes organizaciones lavar dinero, colocarlo y darle la apariencia de lícito, tienen casi la misma responsabilidad que las personas que disparan.

En marzo de 2021, Fernando Vercesi y Patricio Carey, junto con Guido Garay, Teodoro Fracassi y Sergio Zapata, financistas vinculados con Cofyrco, fueron imputados por los delitos de lavado de activos y tenencia ilegítima de documentos de identidad. En aquella ocasión, el fiscal provincial Sebastián Narvaja indicó que la financiera no contaba con autorización para realizar operaciones de compraventa de divisas ni hacer intermediación financiera. Narvaja realizó una síntesis demoledora sobre la relación entre el mundo criminal rosarino y los sectores financieros encargados de lavar el dinero narco:

Hay que comprender que la mayoría de la actividad criminal, que hace vivir a la gente con sensación de inseguridad o de delitos en las calles, responde genéricamente a lógicas de mercados. Hay quien roba celulares porque hay un mercado de teléfonos robados. Lo mismo con los vehículos. Hay un mercado de autopartes o vehículos robados. Hay quien vende cereal en negro porque hay una estructura de apoyo de entidades que favorecen la canalización de esos fondos. Las personas que se dedican a hacer operaciones de lavado de activos son las células del sistema criminal que permiten que quienes ejercen esas actividades ilegales disfruten del provecho económico de esos delitos.

En abril de 2022, en tanto, la imputación contra Patricio Carey fue ampliada y se le achacó haber utilizado documentos sustraídos o extraviados para comprar dólares en el mercado oficial, venderlos en el mercado paralelo y quedarse con la diferencia de la cotización. Recientemente, la defensa de Carey solicitó el archivo de la causa. Sin embargo, la jueza María Melania Carrara rechazó este planteo y, actualmente, la causa sigue su curso.

En definitiva, la muerte de “Coto” Medrano evidenció las promiscuas relaciones entre el crimen organizado y algunas financieras que operan al interior de los bulevares rosarinos.

El problema es la política, no el crimen.

Como se aprecia en estos casos, en Santa Fe, la protección estatal al crimen de sangre va más allá del amparo policial: compromete de forma inmediata a funcionarios políticos, legisladores, fiscales y empresarios, según los casos. Además, la policía provincial es tan deficiente e indigente en el cumplimiento de sus funciones legales que, a diferencias de otras provincias, no constituye un dispositivo competente para regular efectivamente al crimen y para “controlar la calle”, sosegando la violencia y encubriéndola para que no sea escandalosa mediática y socialmente. Además, perdió el monopolio y el predominio de la violencia “ilegal” sobre las bandas criminales y numerosos sectores policiales se han subordinado a los grupos narcos.

Debido a ello, las últimas experiencias locales de delegación del poder a esa policía por parte de las autoridades gubernamentales han fracaso de forma elocuente. La gestión gubernamental liderada por Miguel Lifschitz y Maximiliano Pullaro, así como la posterior administración gerenciada por Omar Perotti de la mano de Jorge Lagna, Rubén Grimoldi y Claudio Brilloni son una manifestación dramática del desatino policialista santafecino.

Ahora bien, lo que despunta detrás de esta trama político-criminal es un bloque de poder amasado históricamente para gobernar y hacer negocios económicos misturando acciones legales e ilegales y capturando los retazos de una institucionalidad estatal que se parece más a un espantapájaros que a un Estado con capacidades regulatorias mínimas.

El bloque histórico de poder santafecino es una camarilla política (partidaria, legislativa y funcionarial), judicial, empresarial y mediática que se apropió del sistema político-institucional provincial y, desde allí, garantiza la consolidación y expansión de ciertos negocios económicos propios del capitalismo prebendario -fundamentalmente, aquellos vinculados a las finanzas, el sector inmobiliario, la construcción, la obra pública y la salud-, a cambio de una porción de la rentabilidad generada por los socios empresariales así como del aseguramiento de su reproducción -permanencia- como clase política y como casta judicial.

Este bloque de poder se financia de la apropiación parasitaria de una porción del capital que no generaron y que está allí circulando en la informalidad -mayormente es dinero negro que fue evadido al fisco- y disponible para ser invertido en la economía de servicios de alta rentabilidad, con una “protección” estatal que asegura que nunca se indagará o investigará el origen o el destino de aquel capital “opaco”. Todo esto se da, además, en un contexto caracterizado en una cultura de la ilegalidad ampliamente aceptada y reproducida por el cosmos económico y social santafecino. Ese dinero negro también se ha mezclado con el dinero sucio generado por una de las actividades económicas más rentable de la provincia: el narcotráfico.

Por su parte, esta entente de poder ha sido históricamente impune por una condición fundamental: la manipulación política del poder judicial, en particular, del Ministerio Público de la Acusación. Éste fue colonizado en su origen por los partidos políticos del bloque histórico de poder y por funcionarios mediocres (es decir, ávidos de salarios altos y del trabajo cansino y a media máquina) y sin miras institucionales. Por ello, salvo algunas singulares excepciones, no se investigan las tramas criminales de poder que se escabullen detrás de los delitos de sangre plebeyos. En Santa Fe, como en Argentina, el poder no se investiga a sí mismo: el sistema penal está para los minusválidos sociales. Pero esta evidencia, en Santa Fe, adquiere ribetes escandalosos.

En Rosario, detrás de la mayoría de los homicidios hay organizaciones criminales con vínculos directos o indirectos con las estructuras de poder. Pero, en general, la mayoría de los fiscales y las fiscalas no investigan más que a los autores materiales de los asesinatos, mostrando una indisposición casi genética a indagar acerca de las redes criminales y de poder que despuntan detrás de los hechos de sangre.

La investigaciones exitosas emprendidas por fiscales provinciales como Luis Schiappa Pietra y Matías Eedery o como fiscales federales como Walter Rodríguez son las excepciones han confirmado aquella siniestra regla.

En Santa Fe, la política no quiere saber la verdad o, más bien, no quiere que se vea. Tanto los referentes partidarios como los funcionarios públicos (ejecutivos, legislativos y judiciales) practican una ignorancia activa acerca de las estructuras de poder camanduleras que los gobiernan desde hace décadas. Los personeros y hacedores de esas camarillas lo hacen para preservarse en las posiciones de poder que detentan y para reproducir las condiciones por las cuales tienen garantizado un halo de impunidad inquebrantable. Y los que no forman parte directamente de esa gavilla y no participan directamente de la cofradía de poder son pocos y pocas y no poseen capacidad de reversión de estas perversiones institucionales. Algunos pocos, los marginales, plantan bandera y lo hacen públicamente, pero desde la fila 48 de la tercera grada de la tribuna general de visitantes. Otros y otras, en cambio, son espectadores especulativos que refunfuñan en voz bajita contra el bloque histórico de poder solo por WhatsApp, ya que en pocos meses tendrán que acordar con los “viejos lobos de mar” sus incorporaciones en las listas electorales para seguir siendo parte del electo de espectadores, pero ocupando cargos políticos y legislativos.

Los grandes beneficiarios de esta entente político-institucional son los denominados “círculos rojos” santafecino y rosarino: los sectores empresariales emergentes en este siglo, especuladores, improductivos y parasitarios que han desarrollado una magnífica capacidad para depredar el dinero generado en la actividad económica informal y en la ilegalidad, incluido, el narcotráfico teñido de sangre. En ambas capitales, el bien más preciado y apetecido es la “plata”, sin importar su origen. Y siguieron una estrategia de acumulación económica y consolidación de sus posiciones de poder asentada en dos acciones fundamentales. Primero, mediante la cooptación por “asociación” de los gobernantes, legisladores y jefones judiciales, haciéndolos partícipes de una acotada cuota del capital que gerencian, es decir, “abriéndoles” algunos negocios. Segundo, recibiendo el beneplácito de los medios de comunicación (escritos, televisivos y digitales) más importantes de la provincia, a cuyos jefones les encanta sentirse los gobernantes en las sombras.